La represión contra las protestas populares masivas y cívicas del pueblo venezolano por el colosal fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro el domingo 28 de julio, ha asesinado ya a muchas personas.
Dominado por el furor represivo, el régimen madurista ha encarcelado a muchas personas y ordenado la captura del presidente de Venezuela legítimamente electo, Edmundo González, y de la valerosa líder democrática María Corina Machado. Maduro está cumpliendo su amenaza de bañar en sangre el país antes que entregar el poder usurpado por la fuerza.
Por ahora nadie puede predecir hasta dónde llegará el estado de terror impuesto por la dictadura, ni cómo terminará. Pero según el liderazgo de la oposición, pero sobre todo la gente que espontáneamente se fue a las calles, las protestas seguirán hasta que Nicolás Maduro reconozca su derrota electoral, o las aplaste por la fuerza de las armas.
Dicen algunos analistas, que de acuerdo con la racionalidad política a Maduro y su camarilla les hubiera resultado mejor reconocer la derrota electoral el domingo 28 de julio. Y durante el período de transición al nuevo gobierno negociar y conseguir las condiciones necesarias para asegurarse su futuro. Igual que lo hicieron los comandantes sandinistas de Nicaragua en 1990, que reconocieron la victoria electoral de la UNO y doña Violeta a cambio de grandes concesiones políticas y económicas, entre ellas y sobre todo una generosa amnistía general, la retención de posiciones importantes de poder y gran parte de la riqueza que se apropiaron durante su dictadura.
Consideran esos analistas que con una negociación para entregar el poder, no por generosidad sino por pragmatismo político y para contribuir a una transición pacífica, la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos y la Corte Penal Internacional, hubieran hecho a un lado y engavetado las acusaciones criminales que pesan contra Maduro y su círculo de allegados. Y hubieran podido irse tranquilos a disfrutar un exilio dorado en algunos de los países con regímenes autoritarios, como Cuba y Nicaragua, por ejemplo.
Pero es obvio que Maduro y los suyos temen que de cualquier manera se les aplicará la justicia. O se aferran a la doctrina ortodoxa del Che Guevara, de que los verdaderos revolucionarios no deben entregar por ninguna razón el poder que han conquistado, que es preferible morir con las botas puestas.
Ahora bien, es obvio que el pueblo venezolano ya no puede hacer más de lo que ha hecho hasta ahora, por la recuperación de la libertad y la democracia en ese rico país arruinado por la revolución y el aventurerismo. De allí que LA PRENSA se ha preguntado y consultado a los expertos, qué podría o debería hacer la comunidad internacional por ese pueblo que se desangra en una lucha heroica y desigual.
Cuando el fraude electoral anterior del régimen de Maduro, en 2018, más de 60 países o gobiernos de la comunidad internacional lo declararon ilegítimo y reconocieron al gobierno provisional encabezado por Juan Guaidó. Lo único que faltó fue que la OEA invocara el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para sacar a Maduro del poder por la fuerza, porque el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos no se atrevió a dar aquel paso.
Pero eso es historia. Ahora deberían ser más de sesenta los países o gobiernos que repudien al espurio régimen de Maduro y reconozcan a Edmundo González Urrutia, como el presidente de Venezuela legítimamente electo el 28 de julio recién pasado. Si no pueden o se atreven a hacer otra cosa, por lo menos deberían convertir al régimen de Maduro en un paria internacional. Que se quede solo con el reconocimiento de los regímenes izquierdistas autoritarios, que son sus amigos y cómplices.