Este lunes comienza una semana crucial para Venezuela. Es la semana de la cuenta regresiva antes de la elección presidencial del 28 de julio.
En realidad, más que elegir un presidente se va a decidir el futuro de Venezuela. Es decir, si el país continúa dominado por una dictadura brutal, desastrosa y empobrecedora o camina hacia una transición democrática que conduzca a la recuperación de la república, a la libertad, la reconciliación y la reconstrucción nacional.
El chavismo en el poder amenaza con el caos, un baño de sangre, la guerra civil, si la oposición ganara la elección. Es una intimidación a los ciudadanos para que no voten por el candidato de la oposición, para que se abstengan o dispersen el voto y le den el triunfo al dictador Nicolás Maduro.
También es una amenaza del régimen de suspender la elección con cualquier pretexto. O puede ser el preanuncio de un fraude electoral gigantesco, o de que si pierde la elección no reconocerá el resultado.
“Después de mí el diluvio”, aseguran los historiadores que dijo el despótico rey de Francia Luis XV, dando a entender que vendría el caos si entregaba el poder. Es lo mismo que ahora dice Maduro: se le deja seguir en el poder o Venezuela se hundirá en el caos, habrá un baño de sangre o un golpe de Estado.
En realidad, los dictadores socialistas antidemocráticos como Nicolás Maduro no entregan el poder por las buenas, respetan el resultado de una elección si les favorece, pero no cuando les es adverso. Y además porque temen que se les lleve a rendir cuentas ante la justicia que para ellos es ajuste de cuentas.
Ante esa realidad, la oposición de Venezuela, que tiene una enorme posibilidad de ganar la elección siempre y cuando no haya fraude, debe ofrecer las garantías apropiadas para facilitar una eventual transición de la dictadura a la democracia.
En este sentido, el candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, reiteró el sábado recién pasado que si gana la elección hará un gobierno de reconciliación y brazos abiertos para todos los venezolanos. Pero, ¿será eso suficiente?
Con más experiencia y sentido de realismo político, el exsubsecretario de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) para América Latina en la administración del presidente Ronald Reagan, Elliott Abrams, advierte en un artículo publicado en el portal del influyente Council of Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores), que la única posibilidad para una transición pacífica en Venezuela es que haya una negociación que le otorgue garantías a Nicolás Maduro.
El periódico venezolano El Nacional reportó el sábado 20 de julio que Abrams asegura en ese escrito que “si existe alguna posibilidad de que Maduro permita y luego acepte el resultado de unas elecciones libres, sería como parte de una negociación que le otorgue algún tipo de amnistía”.
El experto estadounidense reconoce que una amnistía es o “puede llegar a ser injusta con las víctimas”. Sin embargo, razona que “en muchos casos las amnistías siempre son parte de las transiciones negociadas y tendrían que serlo también en Venezuela. Es un ingrediente necesario para poner fin a la dictadura y hacer la transición a la democracia y tendría que serlo también en Venezuela”.
Abrams reconoce que “Maduro probablemente preferirá arriesgarse (a seguir) en el poder que confiar en promesas de tratamiento futuro cuando esté fuera del poder. Pero vale la pena intentarlo —sostiene— y eso significa que la propuesta debería ser presentada a Maduro ahora mismo por Estados Unidos”.
Desde los tiempos de la antigua Grecia la amnistía fue una herramienta aceptable y eficaz para poner fin a graves conflictos políticos y restablecer la convivencia social y nacional. Pero ahora es una mala palabra, se ha desacreditado porque deja en la impunidad a individuos que cometieron graves crímenes políticos.
Seguramente por eso es que el candidato opositor venezolano ofrece gobernar para todos y no perseguir a nadie, pero no menciona amnistía. Pero la verdad es que Abrams tiene razón en cuanto a que Maduro y su pandilla no van a entregar el poder sabiendo que les van a pasar la cuenta, que eso es lo que significa para ellos lo que ahora políticos y juristas democráticos llaman “justicia transicional”.
