A propósito que se ha celebrado el 45 aniversario de la fallida Revolución sandinista en Nicaragua, este 19 de julio, quiero hacer una reflexión por todos aquellos nicaragüenses que, tanto dentro del país como en el exilio, han sufrido en tantos años las consecuencias del inicio de la más cruel dictadura, dirigida por el tenebroso Daniel Ortega.
En 1979 el sueño de un pueblo de ponerle fin a una dictadura para saltar a la democracia, se vio traicionado por la intromisión del socialismo que 45 años después, ya todos conocemos los actuales resultados de criminalidad, pendientes de una efectiva justicia.
Hay tantas anécdotas e historias delictivas que contar, cometidas por la dictadura, como muchos son los muertos, los exiliados, los perseguidos, los confiscados, los encarcelados, los desaparecidos, en fin, diferentes experiencias que desencadenan con coherencia en las lágrimas y el dolor de conciudadanos nicaragüenses.
Pero en esta ocasión no voy a remarcar en lo conocido, sino en alguien más que también ha sufrido y es el espíritu de la justicia, aparte de la democracia y la libertad que son principios básicos para una sociedad libre. Han pasado los años, quedando pendiente la justicia por los crímenes cometidos en diferentes etapas de estos 45 años, para todos aquellos que han participado y destruido también el espíritu del país.
En el acuerdo prebendario entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en 1998, denominado Pacto, las instituciones del Estado de Nicaragua se auto destruyeron dentro de lo destruido y en vez de hacer un esfuerzo por fortalecerlas, se dividieron los poderes, incluyendo el Poder Judicial, donde lo más grave fue nombrar jueces y magistrados que no eran libres de dictar opiniones en base a su trayectoria íntegra, sino que surgían del seno de la estructura electoral que representaban por partido político, ante los diferentes consejos electorales por cada elección. Que en pocas palabras podía ser cualquiera, debido que en muchas ocasiones fueron individuos que no tuvieron éxito en la abogacía local.
A todo lo anterior los llamados magistrados, jueces y políticos nicaragüenses, no tuvieron perspectivas del derecho, más que agradecimiento con sometimiento a los caudillos de los partidos políticos, que se repartieron los poderes en Nicaragua.
En un futuro Estado de derecho para nicaragüenses, cubanos y venezolanos, tratándose de un mismo modelo, cuando exista un principio llamado democracia se debe realizar un estudio penetrante en materia de reforma jurídica, con elecciones de administradores de justicia, totalmente íntegros, independientes y con capacidades extraordinarias en el conocimiento del derecho local, internacional e histórico, porque de lo contrario la justicia se aplicará sin éxito.
Parafraseando al dramaturgo Calderón de la Barca, ¿qué tipo de justicia queremos? No es la de los ricos o los pobres, sino de no tolerar influencias políticas, ni de capitales, ni de grupos sociales, solamente nombrar administradores independientes de la ley, bajo la protección de Dios, sin miedo ni favor.
Finalizo diciendo a todos los nicaragüenses que muchos hemos salido al exilio, buscando una nueva oportunidad y en muchas ocasiones unos no quieren voltear a ver hacia atrás, para no convertirse en estatua de sal, a veces por la decepción. Pero poner un alto a la dictadura también significa seguir encontrando el camino de reencuentro del espíritu libre que llevamos todos, hasta lograr con éxito la justicia, libertad y democracia pendiente para Nicaragua y los países que conllevan la peste del socialismo.
El autor es abogado nicaragüense exiliado en Estados Unidos.
