LA PRENSA informó ayer de un estudio auspiciado por Hagamos Democracia sobre la percepción de la realidad política, social y económica de Nicaragua, que fue presentado la semana pasada en San José, capital del vecino país del sur. En la nota se aborda, entre otros temas, la coyuntura migratoria de muchos nicaragüenses en el exterior y se atribuye a uno de los expositores ciertas aseveraciones y hasta conclusiones que son, cuando menos, llamativas.
Anuncia, por ejemplo, decisiones administrativas a futuro que las agencias gubernamentales encargadas hasta ahora no han terminado de valorar. También asume características de grupo y análisis jurídico cuyas bases no son claras, a la vez que propone estrategias legales que pueden más bien ser contraproducentes.
La crisis sociopolítica de Nicaragua a partir del 2018 ha sido bien documentada y ampliamente debatida y analizada, dentro y fuera del país. Prevalece desde entonces, entre ciertos actores políticos nicaragüenses, incluyendo probablemente el expositor, la convicción de que el principal móvil migratorio de cientos de miles de ciudadanos tiene esa crisis como origen único o al menos primordial. Y al referirse a un par de países de destino en particular, son los propios ciudadanos, uno a uno, los que en su mayoría aclaran a los oficiales de migración que les entrevistan en la frontera, que, si bien la crisis sociopolítica ha sido un factor a considerar, se van del país también y quizás, sobre todo, como tantos seres humanos en todo el mundo a lo largo de la historia, en busca de oportunidades y mejor vida para ellos y los suyos.
El mismo informe hace énfasis en la precariedad laboral, el alto costo de la canasta básica, y otras variables económicas que fomentan el deseo de emigrar. Se desprende del propio estudio que una buena mayoría emprende el viaje en busca del sueño americano, ese concepto antiguo y fundacional de los Estados Unidos que contempla la libertad y la prosperidad, en una tierra de abundancia donde es posible con esfuerzo propio valerse de la excepcionalidad acuñada por Alexis de Tocqueville, y avanzar socialmente en igualdad de condiciones.
El principal obstáculo que encuentran es que el sueño americano también conlleva una serie de obligaciones innegociables e ineludibles, entre ellas la de cumplir la ley a cabalidad. Esa condición precedente es lo que distingue al sueño americano de la tierra prometida, concepto bíblico al que todo creyente puede aspirar por intercesión divina. Y en la actual crisis mundial con volúmenes inéditos de movilidad migratoria, los nicaragüenses que deciden emigrar, a pesar de la coyuntura sociopolítica, no están exentos ni tienen vía libre o particularmente privilegiada.
En el derecho internacional, insatisfacción con el rumbo político del país es insuficiente para recibir asilo político y/o protección internacional. Quienes solicitan dicho asilo careciendo de pruebas de persecución diferenciada, no solo se arriesgan a consecuencias adversas como la deportación y prohibición de retorno futuro, sino que también perjudican a quienes sí tienen casos meritorios con pruebas fehacientes y requieren protección, puesto que saturan los limitados recursos administrativos y ocasionan un enorme rezago de expedientes a adjudicar.
El programa de parole humanitario en vigor para Nicaragua y otros tres países desde enero de 2022, permite emigrar legalmente de forma temporal en busca de oportunidades, sin exponerse a viajes inseguros y peligrosos, y sin tener que recurrir a subterfugios deshonestos, ni violentar la ley. Nada hace pensar que su continuidad está condicionada por la actual campaña electoral, ni que se vaya a anunciar su clausura en noviembre, aunque es previsible que eso pueda cambiar en función de quién gobierne el próximo año o de la resolución de un caso judicial en curso, cuando esa llegue.
Ahora bien, lanzarse a insinuar que quienes tengan parole deben solicitar asilo político como forma de prolongar permisos de estancia y de trabajo, es un despropósito en todo sentido. Ni el programa de parole está diseñado como trampolín hacia el asilo o residencia permanente, ni quienes lo sugieren están facultados para indicarlo como paso a seguir, menos de forma general y con notable levedad. Esas son en todo caso decisiones que cada individuo debe valorar según sus circunstancias y con la orientación de profesionales especializados y debidamente autorizados, i.e., abogados formados académicamente y/o colegiados en Estados Unidos que conozcan a profundidad el derecho migratorio y procesal de ese país, así como asesores designados oficialmente para tal fin por las agencias correspondientes.
La sociedad civil nicaragüense, incluyendo miembros reconocidos de la oposición dentro y fuera del país, pueden desempeñar un papel fundamental en lograr una migración ordenada y segura. Las autoridades gubernamentales de países afectados seguramente tomarán nota, sobre todo mientras se consigue que Nicaragua se adhiera a la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección de 2022, como Estado que coopera en el control de flujos migratorios en el hemisferio occidental. Quienes incursionen en estos temas deben tener en cuenta las repercusiones que toda información errada o confusa pueda tener en grupos sumamente vulnerables por la incertidumbre de su estatus migratorio. En todo caso, en cumplimiento de las normas humanitarias más elementales, nadie debe nunca instrumentalizar la migración con ímpetu o fines políticos o de otra índole, ni en Nicaragua ni en ningún lugar del mundo.
El autor es presidente fundador del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund, NALDEF, organización en formación que vela por los derechos ciudadanos de los nicaragüenses en los Estados Unidos, por ahora a partir de las políticas públicas del país y la incidencia gubernamental.
