Gobernantes de todo el mundo y otras personalidades internacionales condenaron al unísono el atentado frustrado contra la vida del expresidente de Estados Unidos y candidato a la reelección presidencial, Donald Trump, ocurrido el pasado sábado 13 de julio durante un mitin al aire libre de su campaña electoral.
Según las informaciones, Trump afortunadamente solo sufrió una herida en la oreja derecha. Pero uno de sus partidarios asistentes al evento murió por el atentado, lo mismo que el asesino que fue liquidado por disparos de francotiradores de las fuerzas de seguridad estadounidenses.
Sin duda que muchos de los pronunciamientos de condena al atentado contra Trump han sido sinceros. Nos referimos a los de gobernantes y personalidades democráticas para las que la violencia en cualquier forma debe ser ajena a la política en general y a las campañas electorales en particular. Se trata de gente buena que, además, por sus convicciones morales y religiosas rechazan y condenan categóricamente que se agreda a las personas y se atente contra sus vidas, por el motivo o razón que sea.
Pero hay otros gobernantes que condenaron el atentado contra Trump solo por formalidad diplomática o hipocresía política, porque para ellos es políticamente correcto y “se ve muy bien” condenar hechos como ese.
Los gobernantes de Nicaragua también condenaron el intento de asesinato de Trump. En una nota oficial publicada el mismo sábado 13 de julio dijeron: “… expresamos como siempre, nuestro más enérgico rechazo y condena frente a todas las formas de terror. Los Pueblos del Mundo merecemos vivir en Paz, seguros y tranquilos, desde nuestros Derechos a congregarnos, expresarnos, y ser parte de una Democracia que tod@s debemos poder ejercer”.
Parece increíble pero es cierto. Y no solo ellos. Otros gobernantes que se han rasgado las vestiduras por el atentado contra la vida de Trump, con toda tranquilidad han mandado a matar no a una sino que a muchas personas solo porque demandaban de manera cívica y pacífica vivir en libertad y que hubiera cambios democráticos en su país.
Sin embargo, también hay personas de línea democrática para quienes el asesinato político es o puede ser válido cuando se trata de un dictador o tirano y creen que al quitarle la vida se libera al pueblo oprimido. Ya en el siglo XIII de nuestra época, el teólogo italiano Tomás de Aquino —ahora santo de la Iglesia católica— consideró que el regicidio podía ser justificable cuando el rey era un usurpador o un tirano contra su propio pueblo.
En la actualidad hay doctrinarios políticos para quienes es o puede ser legítimo el magnicidio, o sea la “muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder”, si se trata de alguien dañino para su pueblo y la humanidad, como es el caso de un dictador, un tirano o alguien que pretende serlo.
Al respecto el enciclopedista político ecuatoriano de ideología democrática, Rodrigo Borja, dice en la entrada correspondiente de su Enciclopedia de la Política que en diversas épocas y lugares “para abatir un gobierno, para producir un cambio del orden social, para desmantelar un partido político, para impedir el triunfo de una idea se ha acudido a la eliminación violenta de sus cabezas más representativas. En unos casos esas acciones violentas han estado rodeadas de legitimidad, pues eran la única forma de liberar a los pueblos de sus verdugos. En otros, han sido acciones condenables que se han consumado en nombre del fanatismo político o religioso”.
Nosotros no compartimos esa tesis. A nuestro juicio, el asesinato político, magnicidio, ajusticiamiento o como se le quiera llamar, en inaceptable y condenable en el caso que sea. Cabe recordar al respecto que cuando ocurrió el asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza García, en 1956, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue inculpado por el régimen que lo encarceló y sometió a un consejo de guerra. El director mártir de LA PRENSA alegó entonces que él no podía haber participado en aquel magnicidio, porque su ética política humanista y su moral cristiana no le permitían hacer tal cosa.
Ya antes, en 1954, el doctor Chamorro Cardenal había participado en la planificación original de la conspiración del 4 de abril para derrocar a Somoza García. Pero cuando se cambió el plan y se decidió que se debía asesinar al dictador, el doctor Chamorro Cardenal se retiró de la conjura por la misma razón de que él creía que la vida humana es un don de Dios y por lo tanto sagrada, de la persona que sea.
Ese pensamiento y convicción del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fundados en el humanismo político laico y la moral cristiana, es lo que orienta sin ambigüedades de ninguna clase la posición de LA PRENSA ante hechos como el magnicidio en general y en particular el frustrado atentado contra la vida del expresidente Trump.
