LA PRENSA ha informado que la abogada nicaragüense Anexa Alfred Cunningham fue nombrada vicepresidenta del Mecanismo de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Ella pertenece al pueblo indígena Misquito de Nicaragua, es graduada en Derecho de la confiscada universidad nicaragüense UCA y cuenta con maestría y posgrados en derechos humanos y derechos indígenas en universidades de Estados Unidos, España e Italia.
En su experiencia profesional ha sido asesora del gobierno autónomo regional del Caribe Norte y desempeñó cargos relevantes en el Estado central, relacionados con su especialidad como defensora de los derechos humanos en general y los derechos de los pueblos indígenas en particular.
En el ámbito internacional, la doctora Cunningham fue la primera abogada indígena y nicaragüense en trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en 2017 comenzó a trabajar en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el departamento correspondiente a los pueblos indígenas, destacándose por su capacidad y responsabilidad profesional. Todo esto le ha valido ser incluída en la lista de las 100 mujeres poderosas de Centroamérica de la revista Forbes.
A comienzos de 2022, el régimen no le permitió entrar a Nicaragua después de que participó en una actividad relacionada con la defensa de los pueblos indígenas en la sede de la ONU de Ginebra. De esa manera fue convertida en otra más de las miles de personas nicaragüenses que han sido obligadas por el régimen a vivir exiliadas en otros países.
La compatriota nicaragüense ha sido nombrada al alto cargo que ahora desempeña en el sistema de Naciones Unidas por sus méritos académicos y su amplia experiencia profesional en los asuntos de los pueblos indígenas. De eso no puede caber la menor duda. Pero además, tal nombramiento debe entenderse como una demostración del interés que despierta en la comunidad internacional representada por las Naciones Unidas, la mala situación de las minorías étnicas de Nicaragua, sobre todo la exclusión y represión que sufre la población misquita.
Al respecto cabe mencionar que el único diputado indígena misquito que había en la Asamblea Nacional, Brooklin Rivera, fue encarcelado en septiembre del año pasado después de que participó en una reunión internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. Y el mismo infortunio sufre la diputada misquita suplente de Brooklin Rivera, la señora Nancy Elízabeth Henríquez, desconociéndose hasta ahora dónde y cómo se encuentran ambos.
Este mismo jueves 11 de julio, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) varias organizaciones representantes de los pueblos indígenas nicaragüenses reiteraron y ampliaron las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos y étnicos en el país. En esa audiencia la hija del diputado Rivera, Trininiska Rivera, denunció que en los primeros seis meses del 2024 se registraron en más de 52 comunidades indígenas 643 casos de violación a los derechos de los indígenas, incluyendo quema de viviendas, amenazas, torturas y asesinatos.
Antes, La Voz de América había informado que “la Oficina de las Naciones Unidas se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la persecución contra las comunidades indígenas que han sido desplazadas debido a la persecución en sus tierras”.
En la denuncia de esos abusos contra la población indígena, y el reclamo al Estado para que respete sus derechos y propiedades ancestrales, se ha destacado la doctora Anexa Alfred Cunningham. Ahora, desde el alto cargo para el cual ha sido nombrada en el sistema de las Naciones Unidas, ella podrá visibilizar mejor ante el mundo la situación de su pueblo misquito y demás pueblos indígenas nicaragüenses que siguen siendo discriminados y maltratados en la propia tierra de donde son originarias.
