El Consejo Nacional de Universidades (CNU), administrado por la orteguista Ramona Rodríguez, prohibió a cualquier centro de formación profesional, sea técnico o universitario, impartir cursos de actualización y especialización, como diplomados, sin autorización del ente regulador, que se ha caracterizado por ser instrumento represor de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
«Ninguna institución que no esté debidamente autorizada y aprobada (…) puede ofrecer cursos de actualización y capacitación, tales como diplomados y otros que por su naturaleza pertenezcan al área de educación superior», dispuso el CNU a través de un comunicado alojado en su página web y redes sociales.
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El CNU dispone de la medida amparándose del numeral 4 del artículo 58 de la Ley N. 1176, Ley de Reformas y Adición a la Ley N. 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y de Reformas a la Ley N. 582, Ley General de Educación.
Enseguida asevera que la respectiva autorización y aprobación por parte del CNU «debe colocarse de manera visible, así como hacerse pública en su sitio web».
El CNU delegó al director ejecutivo del CNU, Jaime López Lowery, para que ejecute la disposición.

CNU con el control total de las universidades
El 30 de noviembre del 2023, la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de la dictadura Ortega-Murillo, reformó la Ley de autonomía de las instituciones de educación superior (Ley 89) y la Ley General de Educación (Ley 582), con la que otorgó al CNU el control total sobre las decisiones que se tomen en las entidades de educación superior, incluyendo elección de autoridades académicas, decisiones administrativas y suscribir contratos.
La Ley 89, aprobada por los 91 diputados, aplica para las universidades estatales, universidades comunitarias e interculturales; universidades privadas; centros de educación técnica superior, y los centros e institutos de estudios e investigación creados por ley y facultados para emitir títulos y grados académicos.
En los últimos años, la dictadura de Ortega ha cancelado y confiscado al menos 28 universidades privadas. Tras robar y saquear las instalaciones de la mayoría, les ha cambiado el nombre y las ha puesto bajo su control. El caso más emblemático fue la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), una institución con prestigio internacional, fundada en los años sesenta por la orden religiosa Compañía de Jesús.
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También LA PRENSA conoció por parte de docentes de universidades privadas existentes, que tanto el CNU como el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) buscan como ahogar económicamente a los centros de estudios que aún no están bajo su control absoluto.
El proceso, de acuerdo con maestros de las casas de estudio, se ha tornado engorroso por los requisitos que les solicitan.