El Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) inauguró este viernes la Nueva Escuela Hotel Nicarao en las propiedades confiscadas a la familia Chamorro Barrios y a Rafaela Cerda, mamá del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, en San Juan del Sur, según anunció la institución en sus cuentas en redes sociales.
“Esta nueva escuela, dedicada a la formación de profesionales del sector turístico y hotelero, atenderá a más de 600 protagonistas en dos instalaciones físicas, completamente equipadas con todas las herramientas para el desarrollo de una amplia oferta formativa”, señala una publicación en la página de Facebook del Inatec.
Según medios de comunicación de la dictadura, la “rehabilitación” de las propiedades confiscadas tuvo una inversión de 10 millones de córdobas.
El pasado 29 de enero, la dictadura se apropió del condominio Farallón de Sotavento, compuesto por cuatro apartamentos y una casa de servicio. En esa misma jornada, el régimen también ordenó confiscar el Hotel Casa Blanca, propiedad de Rafaela Cerda.
Una fuente cercana a la familia de la mamá del exmagistrado, quien se encuentra en el exilio, confirmó en esa ocasión que la confiscación se dio sin presentar ninguna notificación, y solo afirmaron que eran órdenes de la Procuraduría General de la República.
La señora Rafaela, de 93 años, era propietaria del hotel desde hace 24 años, y según la fuente “ella nunca se metió en política”.
Sobre la confiscación del condominio de apartamentos a la familia Chamorro Barrios, una fuente vinculada a la familia dijo a LA PRENSA que agentes de la Policía llegaron al condominio de apartamentos, desalojaron al personal de servicio que se encontraba en ese momento y “ocuparon la propiedad de forma permanente”.
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“Los policías alegaron de forma verbal que estaban ejecutando órdenes de la Procuraduría General de la República, pero no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento o documento de confiscación”, indicó la fuente.
Propiedad confiscada fue adquirida por PJChC
La escuela de hotelería será inaugurada este viernes en la propiedad “Farallón de Sotavento”, que fue adquirida por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas y ex director de LA PRENSA.
“Es impactante la manera en la que lo han convertido en una escuela de hotelería. Lo han pintado de colores estrafalarios”, dijo a LA PRENSA este viernes Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien asegura que él, junto a su hermano Carlos Fernando habían vendido su participación accionaria en el condominio.
“Me da la impresión que Ortega es una persona congelada en el pasado y quiere emular sus errores. No aprende de los errores de los años 80, y se afana en emularlos, como la entrega de Nicaragua a potencias extranjeras”, agregó Chamorro.
Los propietarios fundadores de la sociedad Farallón de Sotavento fueron Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos Pedro Joaquín, Claudia Lucía, Cristiana y Carlos Fernando. Posteriormente, doña Violeta distribuyó sus acciones entre sus cuatro hijos de forma proporcional.
La propiedad de la familia Chamorro Barrios fue remodelada en 2007 como un condominio familiar en el que se continuó la tradición familiar de ser punto de encuentro en Semana Santa y durante las fiestas de diciembre.
“Uno de los condominios estaba ocupado por un norteamericano. No estaban ocupados permanentemente porque fueron lugares de recreación y veraneo. Era un punto de encuentro familiar”, señaló Chamorro.
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“Era de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro y de los cuatro hijos. En diciembre de 2017, Carlos Fernando y yo vendimos nuestra participación a dos personas, pero la propiedad siguió siendo familiar”, agregó.
Confiscaciones, la vieja estrategia de Ortega
A raíz del estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018, el régimen orteguista desempolvó una de las viejas prácticas del sandinismo: la confiscación. Primero contra organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación, pero a partir de 2023 se extendió a personas naturales a las que desnacionalizó y desterró.
En ese lapso, el régimen ha desarrollado una serie de inversiones en las propiedades confiscadas que han pasado a manos del Estado.
El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la confiscación y establece que quienes infrinjan esta disposición deberán responder con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos.