El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa confiscando propiedades privadas a lo largo de Nicaragua. El pasado 29 de enero se apropió del condominio Farallón de Sotavento, compuesto por cuatro apartamentos y una casa de servicio, construido por la familia Chamorro Barrio en San Juan del Sur, Rivas.
Una fuente vinculada a la familia Chamorro Barrios dijo a LA PRENSA que agentes de la Policía llegaron al condominio de apartamentos, desalojaron al personal de servicio que se encontraba en ese momento y “ocuparon la propiedad de forma permanente”.
“Los policías alegaron de forma verbal que estaban ejecutando órdenes de la Procuraduría General de la República, pero no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento o documento de confiscación”, indicó la fuente.
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Terreno adquirido por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal
El condominio Farallón de Sotavento está construido en un terreno que fue adquirido por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (q.e.p.d.) a finales de los años 60, donde construyó una casa veraniega familiar. Sin embargo, en 2007 la casa familiar se demolió y en ese terreno se construyó por voluntad de doña Violeta Barrios de Chamorro un condominio de cuatro apartamentos y una casa de servicio.
Los propietarios fundadores de la sociedad Farallón de Sotavento fueron Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos Pedro Joaquín, Claudia Lucía, Cristiana y Carlos Fernando. Posteriormente, doña Violeta distribuyó sus acciones entre sus cuatro hijos de forma proporcional.
En 2017, Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro vendieron su porcentaje de la sociedad a otros dueños.
Acciones de persecución
El lunes 29 de enero la dictadura también ordenó confiscar el Hotel Casa Blanca, propiedad de Rafaela Cerda, madre del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís Cerda, quien se encuentra en el exilio desde 2019, luego de haber renunciado a su cargo.
Una fuerte cercana a la familia confirmó que esta confiscación también se dio sin presentar ninguna notificación, y solo afirmaron que eran órdenes de la Procuraduría General de la República.
La señora Rafaela, de 93 años, era propietaria del hotel desde hace 24 años, y según la fuente “ella nunca se metió en política”.
El artículo 44 de la Constitución de la República prohíbe de forma taxativa la confiscación de bienes, pero esta ha sido una práctica recurrente de la dictadura en Nicaragua como una forma más de represión. Ha confiscado propiedades de presos políticos, de desnacionalizados, universidades privadas, empresas, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación —entre ellos LA PRENSA—, y muchos otros.
Todas estas acciones de persecución y venganza política contra ciudadanos son ilegales y representan un robo al patrimonio familiar de las víctimas.