El asesinato del matagalpino Eddy Montes Praslin, siendo un preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cumplió 5 años en impunidad. Fue el 16 de mayo del 2019, cuando Montes se encontraba en una celda del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo, en Tipitapa, cuando fue ejecutado por un custodio que le propinó un disparo.
A pesar de que funcionarios orteguistas, entre ellos Valdrack Jaentschke, aseguraron a nivel nacional e internacional que había una «investigación abierta» desde el mismo día del asesinato, a la fecha no han esclarecido el caso y ni siquiera hay un solo acusado por dicho crimen.
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La bala que recibió Montes le impactó en la cavidad abdominal, lo que provocó un sangrado excesivo que lo llevó a un shock hipovolémico, causándole la muerte. Montes dejó cuatro hijos en la orfandad, tenía 56 años y una carrera de abogado.

Montes fue detenido arbitrariamente en octubre de 2018, por haber participado en las protestas antigubernamentales, tras el estallido de la crisis sociopolítica que mantiene sumergida a la nación; llegó a La Modelo el 28 de noviembre de ese año, sin imaginar que sería el lugar donde iba a ser asesinado.
La promesa en saco roto del régimen en la OEA
Cinco días después de los hechos, el exvicecanciller de Ortega, Valdrack Jaentschke, se atrevió a mencionar el caso en una sesión ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aseverando que Montes en un amotinamiento intentó quitarle el arma de reglamento a un centinela.
Primero dijo que la dictadura «lamentaba los sucesos del 16 de mayo recién pasado en el Sistema Penitenciario Nacional donde como resultado de un amotinamiento falleció el preso Eddy Montes Praslin, cuando intentaba arrebatarle el arma de reglamento a un funcionario del Sistema Penitenciario».
Y también afirmó que «un equipo técnico de investigadores policiales y peritos de Criminalística se hizo presente el mismo día a las 6:20 de la tarde, donde se mantiene realizando las investigaciones en el establecimiento penitenciario».
Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna conclusión pública sobre esa investigación y de hecho Nicaragua, por decisión de la dictadura, renunció a la carta de la OEA y se salió del organismo.
El 19 de noviembre de 2021, el canciller del régimen orteguista, Denis Moncada, presentó la renuncia oficial de Nicaragua ante la OEA, en respuesta al rechazo internacional de las votaciones del pasado 7 de noviembre de ese año, donde Ortega y Murillo volvieron a reelegirse como presidente y vicepresidente.
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El 24 de abril de 2022, el régimen orteguista retiró a sus representantes en la OEA y cerró la sede del organismo en Managua, Nicaragua; y desde ese momento oficiales de la Policía mantuvieron asediado el lugar, hasta el punto que asaltaron la sede.
Jaentschke, operador político del régimen en Costa Rica
Jaentschke, quien tiene un largo historial de fidelidad a Daniel Ortega, pero sobre todo a Murillo y a su padrino político Lumberto Campbell, actual magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), se encuentra en Costa Rica donde está cumpliendo misión diplomática.
El nombre del funcionario orteguista apareció en la lista de la terna de candidatos propuesta por el régimen para sustituir a Werner Vargas en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cargo que Vargas dejó vacante tras conocerse su renuncia el pasado 15 de noviembre de 2022.

Desde julio de 2022, Jaentschke se encuentra en Costa Rica como encargado de negocios y ministro consejero del régimen de Ortega. Algunos especialistas han indicado que él es considerado como el principal negociador del régimen en cuanto a temas diplomáticos.
A Jaentschke se le conoce como un tipo hábil para negociar, inteligente, con buen perfil académico, pero también peligroso, conspirador, sobre todo por su experiencia en la Seguridad del Estado, en la que trabajó en los años ochenta durante el primer periodo de la dictadura sandinista.
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«Es una persona que hace lo que sea necesario para conseguir su propósito», indicó una fuente a la Revista Domingo. La presencia del funcionario orteguista causa temor e inseguridad entre la gran comunidad de nicaragüenses exiliados en Costa Rica.