Pese a la negativa del régimen orteguista de permitir el ingreso a organismos de derechos humanos a Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que continuará documentando la situación en Nicaragua, aunque el camino «no sea fácil».
El comisionado Arif Bulkan, relator para Nicaragua de la CIDH, dijo en entrevista a LA PRENSA que mantiene la facultad de dar trámite a casos y peticiones, supervisar las recomendaciones emitidas en los informes de fondo y otorgar medidas cautelares para contribuir con proteger a las personas que están en grave riesgo.
Bulkan refirió que la CIDH continuará el monitoreo a la situación en Nicaragua, aunque reconoció que se ha vuelto más difícil debido a la imposibilidad de ingresar al país.
Además, Bulkan se refirió a la eliminación del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua creado el agosto de 2018 y el surgimiento del Grupo de trabajo «voluntario» para Nicaragua. «La Comisión tiene seguridad que se desempeñará con el más alto nivel y en completo apego a los estándares interamericanos», señaló Bulkan en entrevista.
El 3 de abril, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación la resolución “Seguimiento sobre la Situación Sociopolítica en Nicaragua”, en la que crea un grupo de voluntarios para darle seguimiento a la situación de Nicaragua y disuelve el Grupo de Trabajo que se conformó el 2 de agosto de 2018.
La resolución llegó cuatro meses después que se oficializara la salida de Nicaragua del organismo el 18 de noviembre de 2023, al cumplirse los dos años desde que el país centroamericano denunció la Carta de la organización.
En 2021, Nicaragua denunció la Carta de la OEA y en 2023 su salida fue oficial, ¿qué representa para un país aislarse de esta manera?
Una acción de esta naturaleza indica que existe una ruptura crítica entre los gobiernos nacionales y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y democracia. En el caso de Nicaragua, su salida es síntoma de un Estado donde se ha quebrado la democracia, con violaciones graves y continuas a los derechos humanos y con persistente impunidad.
En ese sentido, la Comisión lamentó la denuncia de la Carta de la OEA por Nicaragua el 19 de noviembre de 2021. No obstante, ha continuado su trabajo respecto al país y lo seguirá haciendo de acuerdo con su mandato institucional de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas.
Desde que se anunció la salida del país de la OEA, ¿cómo ha venido trabajando la CIDH el tema de Nicaragua, considerando que el régimen se ha negado a permitirles el ingreso?
El trabajo con Nicaragua es parte del mandato institucional de la CIDH y desde la salida del sistema, el principal modo ha sido el que se realiza a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
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Este Meseni se instaló en 2018 y sigue realizando su labor, pese a no encontrarse en terreno. A través de él, la Comisión monitorea la situación de derechos humanos en el país y está en contacto con organizaciones de la sociedad civil, con personas que fueron desplazadas, exiliadas o expatriadas, como con las víctimas y con familiares, incluso mediante visitas a los países donde se encuentran personas nicaragüenses forzadas a huir de su país.
La Comisión también mantiene el seguimiento de la situación de derechos humanos en Nicaragua mediante sus diversos mecanismos. Por sexto año consecutivo, Nicaragua está en el capítulo cuarto del informe anual de la CIDH debido a las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país y el quebrantamiento de la democracia y del Estado de derecho.
Asimismo, la CIDH sigue teniendo la facultad de dar trámite a casos y peticiones, supervisar las recomendaciones emitidas en los informes de fondo y otorgar medidas cautelares para contribuir con proteger a las personas que están en grave riesgo. Todas estas acciones se siguen implementando en consonancia con el mandato institucional y lo seguiremos haciendo.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en la que da por concluido el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua y crea un «grupo voluntario». ¿Sumará esfuerzos con la CIDH? ¿Habrá algún mecanismo de trabajo entre la CIDH y este grupo voluntario?
En efecto, en la Resolución CP/RES. 1252 (2492/24) del Consejo Permanente de la OEA se resolvió dar por concluido el mandato que creó el Grupo de Trabajo para Nicaragua. No obstante, el Consejo Permanente seguirá dando seguimiento a la situación en Nicaragua, incluso con la creación del grupo voluntario que mencionas.
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Respecto a la Comisión, queda expreso en la misma resolución que seguiremos proporcionando informes periódicos sobre la situación en Nicaragua al Consejo Permanente. Además, a través del Meseni y todos los mecanismos que nos facultan, continuamos dando seguimiento a la situación país y permanecemos a disposición para colaborar en lo que sea necesario.
A su consideración, si el grupo de trabajo no pudo desempeñarse por la negativa del régimen, ¿podrá hacerlo ahora un grupo voluntario?
El rol de la CIDH radica en la observancia y la defensa de los derechos humanos y en servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. En ese sentido, la Comisión seguirá desempeñando su mandato institucional y permanece a disposición del Consejo Permanente para cualquier requerimiento.
Respecto al grupo voluntario, la Comisión tiene seguridad que se desempeñará con el más alto nivel y en completo apego a los estándares interamericanos. Su labor será fundamental para mantener la atención de los Estados de la región en la situación de Nicaragua y para promover el pronto retorno de la democracia.
¿Es posible seguir de cerca la situación de Nicaragua, pese a que el régimen niega el ingreso?
Sí. El monitoreo se ha vuelto más difícil debido a la imposibilidad de ingresar al país, la Comisión se ha mantenido cerca de Nicaragua y su gente a lo largo de los años y, como ya he mencionado, tanto con las personas dentro del país como quienes fueron desplazadas por la fuerza. Este contacto permanente con la gente, con la sociedad civil, es lo que le ha permitido a la CIDH supervisar la situación en tiempo real.
Como resultado de nuestro estrecho seguimiento y observación, desde 2018 el país se encuentra en el Capítulo IVB del informe anual, el cual describe la represión y consolidación de la concentración del poder en el Ejecutivo, el cierre de espacios cívicos y democráticos y otras formas de violaciones a los derechos humanos en el país.
Nuestro continuo trabajo de monitoreo y seguimiento también ha resultado en la publicación del informe “Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua” en 2023, el informe “Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho” en 2021, entre otros informes que se pueden encontrar en la página del Meseni.
En ese mismo sitio se encuentra el registro de las 3,390 organizaciones de la sociedad civil canceladas y las 2,090 personas detenidas y/o deportadas desde 2018, entre otros datos. Este registro realizado por el Meseni tiene por objetivo contribuir a la memoria, verdad y justicia, como seguir visibilizando la gravedad de los hechos en Nicaragua.
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A través del Meseni, la CIDH mantiene actualizada a la comunidad internacional sobre la evolución de la crisis de derechos humanos en el país. Recientemente, advertimos sobre la agudización de la represión en contra de personas indígenas y afrodescendientes críticos al gobierno, así como la celebración de elecciones regionales en la Costa Caribe en un grave contexto de ataques armados contra estas comunidades, asedio policial, militarización y detenciones de líderes indígenas.
Asimismo, destaca el otorgamiento de medidas cautelares para personas privadas de la libertad en grave riesgo, entre las cuales se encuentran personas indígenas, opositoras al gobierno e integrantes de la Iglesia evangélica.
¿Considera que el régimen ha puesto en entredicho la eficacia del sistema interamericano? ¿Se ha salido con las suyas el régimen de Nicaragua?
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es el mecanismo regional más importante para los derechos humanos en la Américas. La denuncia de la Carta de la OEA por parte de Nicaragua no es una acción que le reste peso al SIDH, el cual opera bajo una serie de acuerdos y tratados internacionales del más alto nivel, que ha servido y lo seguirá haciendo para promover el acceso a la justicia interamericana.
La situación de derechos humanos en Nicaragua continuará siendo motivo de preocupación para la CIDH y, como mencioné anteriormente, esta institución seguirá empleando todos sus mecanismos para la promoción y defensa de derechos humanos en el país.
¿Cuáles son los principales hallazgos del informe sobre cierre de espacios cívicos, la impunidad de lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad?
El informe sobre el cierre del Espacio Cívico en Nicaragua profundiza en lo que ha venido diciendo la Comisión respecto a la existencia de una estrategia estatal represiva, que suspende de facto derechos y libertades fundamentales con el objetivo de consolidar un régimen de concentración del poder en el Ejecutivo.
En el informe, la Comisión constata la cancelación de la personería jurídica de miles de organizaciones de la sociedad civil como una de las formas más severas de restricción a la libertad de asociación como estrategia para evitar la participación ciudadana y cerrar completamente los espacios cívicos.
Como parte de la estrategia de represión, la CIDH identificó la implementación paulatina y sostenida de patrones como la criminalización de personas consideradas opositoras al Gobierno, la privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de protestas y manifestaciones sociales, medidas para la desarticulación de movimientos sociales y medios de comunicación, y la persecución selectiva de toda persona que cuestione al gobierno, incluso de integrantes de la Iglesia católica.
En esa misma línea la CIDH ha venido señalando la falta de independencia del poder judicial y cómo esta resulta en la impunidad de los hechos documentados desde las protestas de 2018 a la situación actual.
En efecto, las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otros mecanismos de Naciones Unidas indican que, en el contexto de la represión estatal de 2018, Nicaragua llevó a cabo conductas que pueden configurar crímenes de lesa humanidad, como asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.
Actualmente el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua constituye uno de los más graves en la región.
El 18 de abril, la CIDH publicó un comunicado sobre los seis años de la crisis sociopolítica en Nicaragua, en el que reitera la obligación de Nicaragua a cumplir los derechos humanos y le instan a sancionar a violadores de derechos humanos, pero el régimen ha hecho caso omiso a este tipo de pronunciamientos. ¿Qué podría destacar de ese comunicado?
Efectivamente, el pasado 18 de abril se cumplieron seis años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua. Movimiento iniciado por personas mayores y apoyado por jóvenes y estudiantes de universidades en respuesta a las propuestas de reforma de la Ley de Seguridad Social, y que visibilizaron el descontento social ante procesos institucionales que fueron restringiendo la expresión ciudadana, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en el Ejecutivo.
Por su parte, el Estado de Nicaragua respondió de manera represiva y violenta, lo que resultó en la muerte de al menos 355 personas, más de 2 mil heridas y otras 2 mil personas detenidas arbitrariamente.
Desde entonces, las voces disidentes continúan enfrentando diferentes formas de represión y se desencadenó una crisis política, social y de derechos humanos, caracterizada por la impunidad ante las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión a las protestas sociales y el cierre del espacio cívico y democrático.
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En este contexto es relevante recordar que, en virtud de las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros instrumentos internacionales, el Estado de Nicaragua continúa obligado a investigar y sancionar toda violación a derechos humanos. Por lo que desde la CIDH continuaremos desplegando todos nuestros mecanismos y haciendo un llamado al Estado a restablecer la democracia, poner fin a la represión en el país y a combatir la impunidad.
Del mismo modo, la CIDH seguirá alentando a los Estados de la región a realizar esfuerzos para evitar la impunidad de los crímenes internacionales conforme al derecho internacional y como firme sustento de solidaridad interamericana.
Es importante mencionar que la Comisión Interamericana está comprometida con Nicaragua. Seguiremos honrando a las víctimas y trabajando siempre porque cada persona en Nicaragua vuelva a vivir libre y con derechos.
Vamos a seguir levantando la voz de la Comisión porque Nicaragua debe seguir siendo visible y dentro del compromiso de la comunidad internacional con la democracia y los derechos humanos. El pueblo nicaragüense no está solo.
