La sanción que impuso Estados Unidos a la procuradora general de la República de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, representa un «fuerte golpe» para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por tratarse de la persona que representa legalmente al Estado, a quien EE. UU. identificó como «cómplice» de la represión y confiscaciones que ha ejecutado el régimen.
El exfuncionario del Poder Judicial y experto en Administración de Justicia, Yader Morazán, dijo a este Diario que más allá de los efectos de la sanción, se debe poner atención en el cargo que ostenta Morales. «Ella es la representante legal del Estado en todas las actuaciones donde el Estado figura como persona jurídica», afirmó. «Es ella la que representa el Estado».
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Morales fue designada para el cargo de Procuradora General de la República de Nicaragua el 10 de mayo de 2019 por Ortega. La funcionaria orteguista, el 19 de julio de 2023, fue incluida en la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, llamada también Lista de Actores Corruptos y Anti-Democráticos, y conocida como «Lista Engel».
¿Qué implica ser la «abogada» del Estado?
El abogado y experto en derechos humanos, Uriel Pineda, explicó a LA PRENSA que la Procuraduría General de la República (PGR) es, en términos sencillos, el «abogado del Estado» debido a que todo juicio, todo trámite legal y todo lo que el Estado necesite lo tiene que hacer.
Aunque aclaró que «la figura de Morales como ‘abogada’ es más de cara a los temas internos. Cualquier acción que involucre el tema internacional requiere de la colaboración de Cancillería y el propio Poder Judicial».
La ley 411 o Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento indica en el artículo 7 que el Procurador General de la República es «el funcionario ejecutivo superior de la Procuraduría General de la República, con rango de Ministro de Estado, tiene a su cargo su Representación Legal, judicial y extrajudicial, así como la administración de la Institución».
El Departamento de Estado de los EE.UU. recordó que «Morales fue nombrada Procuradora General en 2019 en violación de la ley nicaragüense, ya que no había ejercido la abogacía durante los 10 años requeridos antes de su nombramiento».
Cómo afecta las funciones de la procuradora
Morazán detalló las atribuciones que tiene la PGR, que en total según el artículo 2 de la Ley 411, son 17, todas centradas como representación legal del Estado. En la misma ley se especifican las nueve funciones de la procuradora, en este caso Morales.
La PGR tiene a su cargo la representación legal del Estado de la República de Nicaragua, en lo que concierne a los intereses y a las materias que la Ley determine, con funciones específicas de asesoría y consulta de los órganos y entidades estatales, sus dictámenes serán de obligatorio cumplimiento dentro de los órganos del Poder Ejecutivo. Tiene como atribuciones «representar al Estado en los negocios de cualquier naturaleza que se ventilen o deban ventilarse en los Tribunales de Justicia».
Entre las otras atribuciones que destacan están «representar al Estado» en todos los actos y contratos que deban formalizarse en escritura pública, asimismo como persona privada en causas penales, civiles, laborales, contencioso administrativo, constitucional, agrarias, ambientales, de finanzas, en asuntos sobre propiedad ya sea como demandante o demandado.
A su vez, «emitir dictamen previo sobre los contratos o convenios internacionales que el Poder Ejecutivo proyecte celebrar, cuando la Constitución Política requiera la aprobación del Poder Legislativo».
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La activista y defensora de derechos humanos, Haydée Castillo, explicó a LA PRENSA que a su criterio cualquier medida hacia una funcionaria como la procuradora tiene «una repercusión institucional».
Pineda por su lado sostuvo que el alcance de la sanción, más allá de inadmisibilidad de entrar a EE.UU. y la afectación de los bienes en suelo norteamericano, «el aspecto más relevante es la prohibición de realizar cualquier operación con ciudadanos o instituciones norteamericanas», remarcó.
La defensora de derechos humanos, Castillo, consideró que cuando son sanciones el impacto es más moral y ético puesto que «es un desprestigio a nivel mundial, es un impacto sobre todo moral porque queda como una persona que usa su cargo para proteger a una familia del crimen organizado».
Sanción visibiliza la afectación patrimonial de los nicaragüenses
El experto Pineda afirmó a este Diario que la sanción visibiliza la afectación patrimonial que han sufrido nicaragüenses a los que la dictadura ha perseguido, desterrado y obligado al exilio.
«Tiene una explicación importante porque visibiliza cómo el activismo por la libertad y democracia en Nicaragua han sido castigadas y buscan silenciarlas, comprometiendo sus medios de subsistencia», señaló Pineda.
En esa misma línea, recalcó que de alguna manera Estados Unidos «trata de generar empatía a lo interno de su país y la clase política porque de los derechos más sagrados de la cultura nicaragüense tiene que ver con la propiedad, de manera tal que busca a lo interno visibilizar la gravedad del problema. Es un reconocimiento de la extensión y el nivel de afectación a los derechos humanos que ha emprendido el régimen contra las voces disidentes».
También dijo que lo que pretende el Departamento de Estado con la sanción impuesta a la procuradora general «es mantener visible las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y lo ha hecho atendiendo una grave violación al derecho a la propiedad que hasta el momento ha sido invisibilizada y desantendida».
