La Procuraduría General de la República (PGR), tiene la misión de «ejercer la representación legal y defensa de los intereses del Estado, rescatando una cultura de honestidad, legalidad, justicia, equidad social, creando un ambiente óptimo para el desarrollo socio económico de la nación«, según destaca su sitio web, sin embargo tras la reciente confiscación de la sede diplomática de Taiwán su rol de instrumento político del régimen de Daniel Ortega queda en evidencia, comentaron analistas independientes a LA PRENSA.
El reciente 26 de diciembre, LA PRENSA informó que el Gobierno de Taiwán donó a la Arquidiócesis de Managua la sede diplomática donde operaba en el país, sin embargo, pocas horas después el gobierno de Ortega ordenó que esta propiedad pasaba a disposición de China Popular, utilizando a la PGR para legalizar sus acciones.
“El reconocimiento de parte de un Estado, de la realidad de Una sola China, como ocurrió en el caso de Nicaragua el 9 de diciembre del 2021, implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios, a favor del Estado reconocido; la República Popular China, con absoluta e irrestricta Propiedad y Dominio”, se lee en la nota de Prensa de la PGR, que finaliza con una amenazando con cárcel a los que intenten reclamar estos bienes.
En tanto, en su sitio web la PGR presenta como su visión «Consolidarse como institución líder en la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, en la seguridad jurídica del derecho de la propiedad, y la promoción del control social a la gestión pública sirviendo permanentemente a la población, con eficiencia y eficacia para generar una actitud de confianza y respeto a la Ley».
Sin embargo, este no es el primer caso que el régimen utiliza a la Procuraduría para lo que algunos consideran pasadas de cuenta políticas y se ha vuelto el brazo complementario para diversas acciones represivas, incluso antes del inicio de la crisis sociopolítica en 2018. “A través de la Procuraduría se ha legalizado el aparataje represivo, no es legítima ni constitucional, pero se ha vuelto legal”, como afirma una politóloga que prefiere no ser citada con su nombre debido a las represalias. Sin embargo, el exdiputado Eliseo Núñez, asevera que la instrumentalización va más allá de la PGR, sino es un tema de instrumentalización de todo el Estado.
Desde 2018
Tras el retorno de Ortega al poder, varios medios de comunicación han recogido denuncias de ciudadanos contra la PGR, principalmente en situaciones que involucran terrenos y propiedades, es el caso de la finca Miraflores en Mateare.
De igual manera se han efectuado acciones en contra de las organizaciones, fundaciones y medios de comunicación luego del inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018, confiscando propiedades a través de la PGR.
El edificio de Confidencial, el Canal 100% Noticias, Fundación Popol Nah, Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Instituto de Liderazgo de las Segovia fueron confiscados a finales de 2018.
“Ocupan a la Procuraduría porque es en términos sencillos el abogado del Estado. Todo juicio, todo trámite legal y todo lo que el Estado necesite lo tiene que hacer la Procuraduría. Entonces, ponen a la PGR para que haga esas acciones, sin embargo, la instrumentalización no es simple porque se necesita que la Policía actúe en razón de eso, a que el Ejercito actué en razón de eso y al final es un asunto de fuerzas para apropiarse de bienes de quienes políticamente no coinciden con el pensar de Ortega”, afirmó Núñez.
“Ortega no llegó de un solo al poder, fue poco a poco, es una cuestión de que antes de llegar al poder Ejecutivo, llega al Legislativo, luego mete gente en la Procuraduría General de la República y luego en otras instituciones. Entonces, de manera que se queda con el poder de manera centralizada por lo que puede seguir expropiando como parte de la pasada de cuenta, porqué son personas abiertamente opositoras al régimen”, comenta una politóloga que decidió omitir su nombre por seguridad.
“La PGR no tiene ningún tipo de atribución, ni legal y mucho menos constitucional para decir y para determinar de que los bienes de una persona jurídica de derecho privado pasan a otra persona jurídica, ya que su única función legal es representar los intereses del Estado en las diferentes instancias, administrativas, jurisdiccionales y de relaciones jurídicas entre las personas, visto el Estado como un sujeto de derecho privado”, indicó un abogado que solicitó el anonimato.
Repercusiones
La politóloga afirmó que las repercusiones de la politización de la Procuraduría representa un declive para democracia por la normalización de la corrupción. Además, que esto se debe a la perdida de confianza y de legitimidad hace que para las personas y las entidades internacionales estas instituciones no son legítimas.
“Las repercusiones en efecto son la perdida de legitimidad de la institución, lo que es grave porque hace que el tejido social no crea en las leyes y no vea como válidas las acciones de la Procuraduría. Entonces, en este tiempo si la PGR ha realizado resoluciones que realmente son legítimas y se han regido bajo la ley, la gente las va a tomar como ilegitimas porque la institución como tal no tiene legitimidad y eso pone en juego muchas cosas. Genera mayores problemas sociales porque se puede estar en cierta anarquía; al ver un comunicado y de inmediato reaccionan diciendo esto no es cierto, no es válido, etc”, afirmó.
La PGR, como afirma el abogado ha estado sumida a la figura de Ortega, no visto jurídicamente, porque no se ha visto la beligerancia de la PGR ante los presuntos hechos de corrupción y de delito en perjuicio del Estado. “La Procuraduría debido haber llevado una investigación, ante la Procuraduría Especial Penal y ejercer las acciones penales respectivas ante una serie de delitos que se cometen, porque son evidentes de que se están cometiendo. No sabemos cuál es la función de la Procuraduría en defensa de los intereses del Estado y el patrimonio estatal atacado por los delitos de corrupción”, comentó el abogado.
Qué es la PGR
La Procuraduría General de Justicia, fue creada por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante Decreto No. 36, (Publicado en La Gaceta No. 5, del 31 de Agosto de 1979), la cual estaba adscrita al Poder Ejecutivo de la República, tenía la representación legal del Estado en lo que concierne a los intereses y a las materias que la Ley determinaba, se encontraba a cargo del Procurador General de Justicia y del Sub-Procurador General de Justicia.
Mediante la Ley 346 en octubre del año 2000 se crea la Ley Orgánica del Ministerio Público como una institución independiente, con autonomía orgánica, funcional y administrativa, que tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la Sociedad y de la Víctima del delito en el proceso penal. En esta ley se incluyen atribuciones al Procurador General de Justicia y se derogan de la Ley promulgada mediante el Decreto No. 36 «las disposiciones que le otorgan a este organismo atribuciones en materia penal».
«En cualquier otra ley en materia penal en donde se diga Procuraduría General de Justicia deberá entenderse Ministerio Público, salvo en los casos que la Procuraduría General de Justicia ejerza la representación penal en representación del Estado», indica esta Ley.
Un año después, en diciembre del 2001, mediante la Ley No. 411 se crea la “Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, en la que deja de llamarse Procuraduría de Justicia y se separa del Ministerio Público, teniendo ambas independencia funcional.
Esta tiene a su cargo la representación legal del Estado de la República de Nicaragua, en lo que concierne a los intereses y a las materias que la Ley determine, con funciones específicas de asesoría y consulta de los Órganos y entidades estatales, sus dictámenes serán de obligatorio cumplimiento dentro de los órganos del Poder Ejecutivo.
Tiene como atribuciones Representar al Estado en los negocios de cualquier naturaleza además entre sus acciones está ser supervisor del Estado de Derecho.
La Ley 411 fue reformada en marzo de 2011.
