Albanisa puso el ojo sobre una propiedad rica en minas de materiales de construcción y después apareció la Intendencia de la Propiedad y PGR cometiendo “averías” jurídicas para “sanear” la propiedad objeto de ambición
Martha Vásquez
T ras la visita de autoridades de Albanisa a la finca Miraflores, en enero del 2012, —donde manifestaron su interés por las minas de materiales de construcción que están en las 380 manzanas de tierra— la Procuraduría General de la República retomó el interés por esa propiedad, pero esta vez no acudió a las negociaciones tal y como lo había hecho dos años antes.
Esta vez el abogado del Estado se fue por la vía de la represión; montando juicios, acarreando tomatierras y anulando títulos de reforma agraria, según denuncian los líderes comunales El Marañonal, Canaan y Los Cachorros, en Mateare, donde libran un juicio entablado por la Procuraduría General de la República (PGR).
LA PRENSA buscó la versión de la institución a través de Relaciones Públicas, pero no hubo respuesta.
Gente de Alba de Nicaragua SA (Albanisa), empresa ligada a los negocios de la pareja presidencial, visitó la propiedad en litigio bajo el argumento de andar haciendo supuestas inspecciones para el proyecto de la tercera etapa del Puerto Salvador Allende.
Una vez en el lugar les dijeron a los dirigentes locales que les interesaba la propiedad por las minas de arena y otros materiales y les propusieron negociar, contó Juan Rodríguez, líder comunitario del asentamiento El Marañonal, quien ahora está siendo procesado junto a cuatro ciudadanos más por supuesta usurpación de funciones públicas.
“Le contamos la situación en litigio de la propiedad y nos dijeron que para qué queríamos pelear por setenta manzanas si podíamos tener las 380. Albanisa tiene interés en esas tierras y nos estuvimos reuniendo, pero me opuse por el deterioro de la cuenca del lago. Me han presionado por todas las vías pero no hay posibilidades y lo único que les queda es un juicio político, pero inmediatamente nos pondremos en huelga de hambre si nos meten presos, seremos presos políticos por intereses de los funcionarios de Estado”, dijo Rodríguez.
REVOCAN TÍTULO AGRARIO
El interés de Albanisa por la propiedad fue suficiente para que la PGR a través de la Intendencia de la Propiedad mandara en marzo del 2012 a anular el título de reforma agraria concedido a la cooperativa agropecuaria Francisco Jarquín, sobre la finca Miraflores en 1989 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 1990, para pretender adjudicársela al Estado.
El detalle es que en 1997 la cooperativa vendió la propiedad a Valores Comerciales e Industriales SA (Vacoinsa), incluyendo el permiso del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (Midinra); ahora Vacoinsa aparece en el asiento segundo de la finca en el Registro Público de la Propiedad, como único dueño.
Esta sociedad propuso en el 2009 donar al Estado setenta de las 380 manzanas de tierra para que estos a su vez titularan a las familias que ya estaban en la propiedad y a cambio pidieron que les limpiaran el resto de la propiedad, ya que hay gente explotando las minas sin permiso.
“La PGR no arregló el problema sino que lo empeoró metiendo a más gente en septiembre del 2012. Entregaron 530 certificados de cumplimiento en las tres comunidades y eran 135 familias las que estaban asentadas, causando desorden y violencia. Andan cumpliendo a desmovilizados de guerra con tierra privada por eso decimos es una confiscación solapada”, agregó Juan Rodríguez, dirigente comunal de El Marañonal.
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En la certificación de acuerdo de revocación de Título, la Intendencia alegó incumplimiento del reglamento de la Ley de Reforma Agraria por abandono de la propiedad de parte de la Cooperativa.
“La Cooperativa Créditos y Servicios Francisco Jarquín no se encuentra en posesión del inmueble titulado incumpliendo con las obligaciones establecidas en el artículo 21 del acuerdo número 22 ‘Reglamento a la Ley de Reforma de la Ley Agraria’, donde establece los deberes y derechos de los beneficiarios (…) y el incumplimiento de estas obligaciones es causa suficiente para declarar sin valor ni efecto legal el título de Reforma Agraria antes referido”, dice la certificación de acuerdo de revocación de Título.
“Nos reunimos con Bolívar Carrillo, Horacio Castillo y se le propuso a la PGR la donación y a cambio la PGR se comprometía a limpiar el resto de la propiedad, en vista que hay gente explotando las minas. Hasta ahí la PGR reconoce que la propiedad es privada”, acusó Juan Rodríguez uno de los líderes que participó en las reuniones en la PGR.
ROMPEN NEGOCIACIONES
Según los señalados, la PGR aceptó la propuesta, pero luego le solicitó a Vacoinsa cincuenta manzanas más de tierra, donde están ubicadas las minas de arena, hormigón, material selecto y molejón, que Vacoinsa vendió a Inversiones Xiloá Xolotlán, SA, por lo tanto no aceptó, contó Rodríguez.
Leonel Agurcia, representante de Vacoinsa, confirmó la negociación con la PGR, aunque no admitió la solicitud extra de cincuenta manzanas de tierra que supuestamente hizo a la Procuraduría.
“Hace cuatro años nos invadieron tomatierras en Miraflores y empezamos a negociar con un grupo de ellos en la PGR, dijimos que le donaríamos setenta manzanas en el lugar que nosotros diríamos. Fuimos a elegir área con Bolívar Carrillo y Horacio Castillo, al final la PGR nunca tuvo la voluntad de arreglar el problema y la negociación se rompió”, dijo Agurcia.
PGR OFRECE BORRAR ASIENTO
Germán Matamoros, quien se identificó como miembro de la Cooperativa Francisco Jarquín, dijo que la PGR les ofreció eliminar el asiento segundo de la propiedad en el Registro Público de la Propiedad y entregarles la propiedad; ellos a cambio le entregarían al Estado una porción de tierra, sin detallar cuántas manzanas.
“La venta que hizo la Cooperativa a Vacoinsa es nula, porque esa sociedad es fantasma. La PGR nos ofreció eliminar el asiento segundo y nosotros le daremos unas manzanas de tierra”, recalcó Matamoros.
Al respecto, Agurcia dijo que la venta cumplió con requisitos y está debidamente inscrita. Además recurrió de amparo contra Hernán Estrada y Yara Pérez (intendente de la Propiedad), actos que aún están pendientes de resolver.
“Para anular un título tiene que ser mediante un juicio, un decreto no tiene validez porque no puede inscribirlo en el Registro. Esa cooperativa ya no existe, esos lo que son es unos vándalos que explotan las minas de arena y hormigón que hay allí, sin permiso”, dijo Agurcia.
PGR MONTA JUICIO
Mientras la PGR a través de la Intendencia de la Propiedad busca cómo eliminar de raíz la titularidad de Vacoinsa sobre la finca Miraflores, ubicada en el kilómetro 16 carretera a Xiloá, a través de maniobras administrativas, para tratar de dar legalidad a la adjudicación de la propiedad privada al Estado.
La Procuraduría en el terreno acusó a los líderes comunales de cada asentamiento para debilitar la organización comunitaria y finalmente despojarlos de las tierras que tienen en posesión.
Los acusados por usurpación de funciones públicas son Ernesto García, Nelson García, Gonzalo Dávila, José Enoc Pineda y Juan Rodríguez, por asignar y entregar títulos sobre lotes en la finca Miraflores, dice la acusación.
“Este juicio es para descabezar al movimiento comunal que no es CPC, y tomar posesión la PGR y quienes están detrás de ellos, de las 380 manzanas de tierra donde hay minas y puede explotar el turismo, porque está frente al lago Xolotlán”, dijo José Enoc Pineda, uno de los coordinadores comunales procesados. Hoy se espera que continúe el juicio contra los coordinadores comunales en el Juzgado Único Local Penal de Mateare, ante el juez Pablo Avendaño.
ANTECEDENTES
No es la primera vez que la PGR intercede por intereses de Albanisa. Tal es el caso de la familia García Toruño que después de ser desalojada con lujo de violencia de su finca Monte Carmelo en León fue obligada a venderle a Albanisa y la intermediaria de la negociación fue la PGR.
En abril del 2011, Manuel García Toruño y demás familiares denunciaron que Albanisa les comunicó que “ya no tiene interés en comprarles la propiedad”, después de permanecer ilegalmente en ella desde diciembre del 2010 y extraer el material selecto.
En este caso los perjudicados fueron a todas las instancias estatales, incluyendo el Ministerio de Minas, pero fue tanta la presión de la PGR de declarar la propiedad de utilidad pública que tuvieron que vender a Albanisa.
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