Casi tres meses después de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos, el abogado que representa a Mercon Coffee Group en el tribunal, le confirmó al juez que es “casi imposible que el Gobierno de Nicaragua” coopere con la restructuración. Entonces, para pagar sus deudas se enfocarán en vender los activos que tienen en Vietnam y el negocio de cafés especiales. Esto implica que los cuatro bancos de Nicaragua, con los que el Grupo tiene deudas, quedarán fuera del plan de pago que avalará el juez, además, perdieron sus garantías porque el Estado se quedó con ellas al embargar la empresa.
Esto deja abierta una puerta para que en el futuro el banco holandés Rabobank, principal acreedor de Mercon y poseedor en calidad de garantía de los activos de las doce empresas que conforman el Grupo, demande al Estado de Nicaragua en tribunales internacionales.
El accionista mayoritario de Mercon Coffee Group es Sunloved Java Holding LLC (SJH), que en junio de 2023 adquirió el 70 por ciento de las acciones. En diciembre, después que el Grupo se declaró en quiebra y se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos, la Dirección General de Ingresos (DGI), alegando una supuesta deuda de 30 millones de dólares en impuestos, embargó todos los bienes y activos de Cisa Exportadora y Mercapital, ambas filiales de Mercon en Nicaragua.
DGI le cobra a Mercon US$30 millones
Además, un juez nicaragüense avaló la intervención de las oficinas y toda la infraestructura utilizada por Cisa para acopiar, procesar, almacenar y exportar, cada año, alrededor de la mitad del total de la cosecha de café que se produce en Nicaragua, y que en los últimos años ha rondado los tres millones de quintales por ciclo productivo. Desde entonces las oficinas, acopios y beneficios de Cisa están tomados por agentes de la Policía, sin que hasta ahora el Estado de Nicaragua expliqué qué hará con esas propiedades.
Mercon opera con 12 empresas en nueve países: Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Brasil, Vietnam, Holanda, Estados Unidos y España; y solo las dos de Nicaragua permanecen paralizadas. En el resto de países los acreedores y las autoridades respetaron el beneficio de seguir operando con normalidad y suspender la vigencia de las garantías otorgadas por los créditos que concede el Capítulo 11, mientras con el aval del juez se buscan nuevos inversionistas o se venden activos para luego establecer un mecanismo de pago de las deudas de acuerdo con las prioridades establecidas en la ley.
Según el sitio web, Law360 con sede en Nueva York, que se especializa en noticias legales, en la audiencia que se celebró en la corte en la última semana de febrero, el abogado Paul Keenan, socio del bufete Baker McKenzie, que lleva el proceso de acogida al Capítulo 11, le dijo al juez de quiebras Michael E. Wiles “que el Gobierno de Nicaragua ha señalado que no cooperará con el esfuerzo de Mercon para vender su filial allí (en Nicaragua)”, y que ellos temen quedarse sin efectivo para financiar el caso, por lo que decidieron centrar sus esfuerzos en vender otros activos, incluidos los de Vietnam y el negocio de café especial.
Embargo saca a Nicaragua del proceso
La decisión del Gobierno de Nicaragua de negarse a levantar el embargo para que Mercon se restructure y cumpla con sus compromisos deja en el limbo a los cuatro bancos, BAC Nicaragua, Lafise, BDF y el estatal Produzcamos, a los que el Grupo les debe en total 30.43 millones de dólares. Pero también quedan desprotegidos, entre cuatro mil y seis mil productores, que mantenían una relación con Cisa. La empresa les otorgaba financiamiento para el manejo de sus plantaciones, y ellos pagaban con sus cosechas; otros solo contrataban el servicio de beneficiado y exportación para las entregas pactadas en contratos a futuro.
Aunque inicialmente el Grupo negó la deuda de 30 millones de dólares que la DGI les cobraba en concepto de impuestos no pagados, luego hizo muchos esfuerzos para conseguir un arreglo de pago que le permitiera levantar el embargo, para que las dos empresas que tienen en Nicaragua, Cisa y Mercapital, participaran en el proceso de restructuración que se sigue. Sin embargo, las gestiones ante las autoridades nicaragüenses fueron infructuosas.
Según el reporte de Law360, el abogado Keenan le explicó al juez Wiles que hicieron muchos esfuerzos para “persuadir al interventor” para que cooperara con el proceso de venta bajo el Capítulo 11. Inicialmente el Gobierno de Nicaragua no respondía a los llamados de los interlocutores y luego dio algunos indicios de que no cooperará con el proceso.
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Nicaragua expuesta a demandas internacionales
Por tanto, decidieron no seguir esperando el apoyo de las autoridades fiscales nicaragüenses para concretar la venta de la operación en Nicaragua, que tienen varios posibles compradores. Ahora enfocarán sus esfuerzos en vender los activos que tienen en otros países, para concretar la reestructuración. Aunque si ven alguna posibilidad “realista” de cooperación de parte de las autoridades nicaragüenses, la aprovecharán.
A principios de enero y ante el embargo e intervención ejecutados por el Gobierno de Nicaragua, los socios del bufete Baker McKenzie le explicaron a LA PRENSA que existía la posibilidad de que Nicaragua quedara fuera del proceso de restructuración, ya que al estar intervenidas las empresas era indispensable la cooperación oficial.
También advirtieron que esto dejaba abierta la posibilidad para que el banco holandés Rabobank utilice tribunales internacionales para recuperar los activos de Cisa Exportadora y Mercapital que tiene en garantía por los créditos que le otorgó al Grupo. Según los abogados, estas demandas pueden presentarse dentro de uno, diez o cincuenta años, ya que sin importar el tiempo que pase el banco seguirá siendo el dueño de esos activos que recibió en garantía.
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Volatilidad del precio impidió pagar deudas
Mercon se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos por no poder pagar una deuda acumulada de unos 340 millones de dólares distribuida entre 34 acreedores de 12 países. Gran parte de esa deuda es con el holandés Rabobank al que le adeudan más de 200 millones de dólares. Pero este banco también es el que tiene en su poder gran parte de los 240 millones de dólares que el Grupo entregó en garantía a cambio de ese financiamiento.
Según la empresa, diversos obstáculos les impidieron cumplir con sus obligaciones financieras, principalmente los problemas de suministro que provocó el cierre de puertos y paralización del transporte acuático durante la pandemia, la volatilidad del precio internacional del café en el mercado internacional y los efectos del cambio climático en las plantaciones.
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