Un total de nueve congresistas estadounidenses dirigieron una carta al secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, a quien le instan a que la Administración de Joe Biden “utilice por completo todas las autoridades legislativas y herramientas diplomáticas disponibles a su disposición para movilizar una respuesta internacional sólida y coordinada o avanzar en una solución diplomática para restaurar la democracia en Nicaragua”, como la aplicación de la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, mejor conocida como Ley Renacer.
En la misiva los funcionarios norteamericanos afirman que apoyan todos los esfuerzos de la Administración Biden que ha realizado hasta ahora, para garantizar la liberación de los presos políticos y responsabilizar al régimen Ortega-Murillo, incluso a través de sanciones específicas a los funcionarios y entidades del régimen acusadas de manera creíble de corrupción y de socavar la democracia y los derechos humanos.
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Sin embargo, apuntan que hay que hacer más debido a que “está claro que tales esfuerzos por sí solos han sido insuficientes para disuadir a un patrón continuo y sistémico de represión estatal que ataca a todos los actores de la oposición en el país. En medio de otros conflictos que empeoran en todo el mundo, es imperativo que los Estados Unidos continúen exponiendo las atrocidades cometidas por el régimen de Ortega-Murillo y garanticen que no se olvide la difícil situación del pueblo nicaragüense”, señalan.
Los congresistas firmantes son: Benjamin L. Cardin, Marco Rubio, Richard J. Durbin, Bill Cassidy M.D., Tim Kaine, Eric S. Schmitt, Jeffrey A. Merkley, Ted Cruz y Peter Welch.
Aplicar la Ley Renacer
Los congresistas firmantes expresan su grave preocupación por la creciente consolidación de un estado totalitario en nuestro propio hemisferio bajo la dictadura orteguista.
Por lo anterior, instan a la Administración del presidente Joe Biden a que mientras el Congreso de EE. UU. trabaja para volver a autorizar la Ley de Condicionalidad de la Inversión de Nicaragua de 2018 (Ley Nica Act), que expiró en diciembre, a “implementar plenamente la Ley Renacer bipartidista de 2021 y a continuar utilizando las autoridades proporcionadas por la orden ejecutiva 14088 de una manera consistente con la Ley Nica Act”.
Afirman que las medidas legislativas describen varias acciones adicionales que la Administración Biden podría implementar para aumentar los esfuerzos para incentivar al régimen Ortega-Murillo a dar marcha atrás. Tales acciones incluyen:
- Exponer las violaciones de Nicaragua en virtud del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (conocido como DR-Cafta por sus siglas en inglés) y reevaluar los beneficios de Nicaragua en el marco del acuerdo comercial.
- Ampliar la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, incluidos los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en ausencia de la implementación de reformas de buena gobernanza por parte del BCIE.
- Proporcionar apoyo y asistencia continuos para la programación de derechos humanos y democracia, incluso a la sociedad civil exiliada y a los líderes de la oposición.
- Considerar la imposición y aplicación más sólidas de restricciones adicionales de visados y medidas económicas destinadas a limitar el enriquecimiento corrupto de funcionarios clave y familiares del régimen Ortega-Murillo, incluida la relación con el sector del oro.
“No hay indicios” de una salida pacífica y democrática
Asimismo, apuntaron que “no hay indicios de que el régimen de Ortega-Murillo esté actualmente dispuesto a buscar un camino pacífico y democrático para resolver la crisis de Nicaragua, a pesar de la condena generalizada por parte de la comunidad internacional, el uso de sanciones específicas por parte de los Estados Unidos”.
Los congresistas describieron las últimas acciones represivas de la dictadura orteguista, como la excarcelación de 19 clérigos, incluido el obispo Rolando Álvarez; el destierro y la represión a la libertad religiosa continúa sin cesar.
También recordaron el retiro oficial del régimen de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la persecución política a la directora de la franquicia local de Miss Universo, Karen Celebertti y a su familia después de la victoria de Sheynnis Palacios. Todo esto demuestra, según los funcionarios, que la dictadura “cree que puede seguir actuando con total impunidad. El pueblo nicaragüense no puede permitirse que esta represión continúe”.
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En ese sentido, subrayaron que el régimen “ha asesinado, encarcelado o exiliado a la mayoría de la oposición del país, incluido el exilio de 222 presos políticos a los Estados Unidos el año pasado. El régimen de Ortega-Murillo los hizo entonces, así como a otros 94 líderes de la sociedad civil exiliados, apátridas al revocar arbitrariamente su ciudadanía nicaragüense”.
También la persecución y cancelación de más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil, incluida la incautación de los activos de la Universidad Centroamericana (UCA) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), el cierre de la Cruz Roja de Nicaragua y ha expulsado varias misiones y organizaciones benéficas católicas. Cabe destacar que los funcionarios mencionan que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) sobre Nicaragua (GHREN), indicó que las acciones del régimen Ortega-Murillo “constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Por todo lo mencionado aseveran que es “imperativo” que estas autoridades existentes se aprovechen para responsabilizar al régimen de Ortega-Murillo y presionarlo para que aplique iniciativas diplomáticas que aseguren la liberación de todos los presos políticos, la restauración de los espacios cívicos para la libertad de expresión y la libertad religiosa, y poner fin a la represión sistémica y a los abusos de los derechos humanos.
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“Lo más importante es que debemos hacerlo en estrecha consulta y coordinación con nuestros socios en América Latina, la Unión Europea y el Vaticano, ya sea a través de la formación de un Grupo de Contacto Internacional sobre Nicaragua u otros medios. Estamos listos para trabajar con usted para desarrollar e implementar tales esfuerzos en defensa de la democracia y los derechos humanos de Nicaragua”, concluyen.