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CONTENIDO EXCLUSIVO.A pocos días de aprobarse el ajuste al salario mínimo que regirá a partir del 1 de marzo para diez sectores de la economía nacional, la recién creada Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), que asumió en la mesa de negociación el rol del desaparecido Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), propone un incremento de hasta 15 por ciento para los trabajadores del sector privado. Pero avala que los del Gobierno central y las municipalidades reciban solo el 5 y 7 por ciento, respectivamente.
A criterio de dirigentes del sector empresarial, la propuesta de Aprodesni es absurda, contraviene lo establecido en la ley y atenta contra la estabilidad laboral en los sectores que garantizan el crecimiento económico. El ajuste regirá a partir del 1 de marzo de 2024 y estará vigente hasta el 28 de febrero de 2025.
La propuesta que presentó Aprodesni a la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que se instaló el jueves 18 de enero, detalla que entre 2019 y 2023 el precio de los 53 productos que integran la canasta básica subió en promedio 8.31 por ciento en estos cinco años. Por tanto, consideran que este porcentaje sería el «incremento básico primordial» para garantizar la alimentación de los trabajadores.
Además de este «incremento básico primordial», la organización empresarial afín al régimen sandinista considera que el ajuste debe tomar en cuenta la sumatoria del porcentaje promedio que registró el Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2017 y 2019 y la inflación acumulada en el mismo periodo.
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12.99 % para seis de los diez sectores
«La sumatoria de estos dos últimos porcentajes nos da como resultado un incremento salarial de un 12.99 por ciento. Exceptuando el sector de Zona Franca que ya se encuentra definido con anterioridad con el 8 por ciento. Asimismo el sector del Gobierno central y municipal que ya tienen aprobado el 5 y 7 por ciento respectivamente», dice la propuesta presentada por Aprodesni.
La organización empresarial quiere que el ajuste del 12.99 por ciento se aplique a seis de los diez sectores que se rigen por la Ley 625, Ley del Salario Mínimo, estos sectores son:
1. Construcción, establecimientos financieros y seguros.
2. Electricidad, gas, agua, comercio, restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicación.
3. Minas y canteras.
4. Pesca.
5. Servicios comunales, sociales y personales.
6. Industrias manufactureras.
El séptimo sector sería el agropecuario y Aprodesni considera que la mano de obra que garantiza la producción de alimentos para el consumo nacional y la exportación merecen un ajuste del 15 por ciento. La propuesta de los empresarios es menor al 17 por ciento que en la primera semana de febrero propuso la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) para el sector agropecuario y 15 por ciento para el resto de sectores. En la misma fecha, la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN) pidió un ajuste general del 12 por ciento.
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No toman en cuenta resultados
Aprodesni pide un ajuste del 15 por ciento, pese a que al sector exportador el año pasado no le fue tan bien, especialmente con el envío de volúmenes e ingresos. Según datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), en el 2023 los ingresos por exportaciones —sin incluir zona franca— totalizaron 4,003.3 millones de dólares, apenas 4.2 por ciento más comparado con el 2022.
Solo el sector de zona franca, que pactó quinquenal el ajuste del salario mínimo, registró una pérdida de casi 20,000 plazas laborales. Las exportaciones de este sector sumaron el año pasado 3,375.2 millones de dólares, 4 por ciento menos que el año anterior. Aún así, las empresas debieron asumir un ajuste de 7 por ciento en enero de este año en el salario mínimo, lo que aumenta el riesgo de mayor destrucción de empleos este año, mientras el panorama en Estados Unidos con los compradores no mejora.
En el caso del octavo sector, que serían las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), Aprodesni propone un ajuste del 8.31 por ciento. Este aunque no alcanza los dos dígitos también está por encima del 7 por ciento de ajuste que propone la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Industria y Artesanía (Conapi), afín al sandinismo. También del ajuste que ya se aprobó para los otros sectores que no incluyen, que son Gobierno central y municipal, con 5 y 7 por ciento respectivamente, y la industria sujeta al régimen de zona franca que desde el 1 de enero aplicó el 8 por ciento establecido en un acuerdo multianual.
Aprodesni justifica propuesta
Según la organización presidida por el empresario Leonardo Zacarías Corea Torres, el interés de los empresarios aglutinados en Aprodesni es mantener un empleo con calidad, que estimule a los trabajadores, evite la migración y que permita retener la mano de obra calificada.
Efectivamente, tal como la propuesta señala, el incremento del precio de la canasta básica es preocupante. Según el Instituto de Información al Desarrollo (Inide), en el periodo señalado el precio de la cesta básica subió 38.5 por ciento, ya que pasó de 14,287.56 córdobas en 2019 a 19,800.85 córdobas en 2023 (unos 541 dólares al cambio oficial), por tanto, ninguna de las propuestas compensa el incremento.
Además, a Aprodesni solo le interesa garantizar que los trabajadores del sector privado se alimenten, ya que avala que los del Gobierno central reciban un ajuste del 5 por ciento y los de las municipalidades 7 por ciento.
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¿Ajuste retroactivo?
Pero mientras los empresarios de Aprodesni dicen que con su propuesta de entre el 8.33 y 15 por ciento de ajuste buscan estabilidad y frenar la migración de la mano de obra, exdirigentes empresariales aseguran que el planteamiento que presentan es absurdo.
«Tan absurdo que Zona Franca y Gobierno central y municipal están en 8, 7 y 5 por ciento. Ahí se cae su lógica, porque el Gobierno no la asume como propia porque la ley no dice eso y las condiciones no se lo permiten», dice un exdirigente del sector privado, que por temor a represalias solicita anonimato.
Además considera que la propuesta quiere hacer un «ajuste retroactivo» para compensar los insignificantes ajustes que aprobaron en los años anteriores. En 2020 el ajuste fue de 2.6 por ciento y en 2021 de 3 por ciento. También aseguran que la propuesta busca incrementar la cantidad de trabajadores que deben pagar Impuesto sobre la Renta (IR), sin importar que atenta contra los sectores que están haciendo que la economía tenga un crecimiento vegetativo, que son la industria, las minas y el agro.
No protegen a las mipymes
«Estos incrementos afectan de manera directa a las pequeñas y medianas empresas porque en el sector grande no tienen mayor impacto. Esto solo hace que, por un lado, la informalidad crezca y por el otro habrá que ver cómo coloca a los trabajadores de cara al pago del IR», advierte el dirigente empresarial.
A partir del 1 de marzo del año pasado el salario de dos sectores, de los diez que se rigen por la Ley del Salario Mínimo, —Minas y canteras, y también el de Electricidad, gas, agua, comercio, restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicación—, superó el umbral de los 100 mil córdobas anuales exentos para el pago del IR y se sumaron al de Construcción, establecimientos financieros y seguros, que a la fecha era el único que pagaba IR.
La Ley del Salario Mínimo establece que el ajuste debe incluir la suma de la inflación y del crecimiento del PIB, por tanto debe ser del 10.1 por ciento. Para el economista y exreo desterrado, Juan Sebastián Chamorro, es importante que el ajuste esté acorde al porcentaje de la inflación, para proteger el salario real.
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El ajuste según la ley
Por su parte un analista económico que también pide anonimato por temor a represalias, recuerda que si los participantes de la Comisión del Salario Mínimo se ajustan a lo que establece la Ley 625 tendrían que la suma del 5.6 por ciento de inflación más el 4.5 de crecimiento da como resultado un ajuste del 10.1 por ciento.
«Proponer más de 12 por ciento es contrario a lo que la ley dice, que combina inflación con productividad. Pero además en el caso de Nicaragua el problema es el empleo formal y no el salario, y en este sentido se está proponiendo un ajuste que va contra el empleo que debería ser la prioridad», expone el analista económico.
Además advierte que los ajustes salariales elevan los costos de producción y obligan a las empresas a hacer ajustes. «Es lo que se ha visto. El empleo formal no está levantando cabeza ante los costos de producción más altos que han estado afectando a los negocios, incluido los costos fiscales y de beneficios sociales que se han venido incrementando», sostiene el analista.
Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, Nicaragua cerró el año pasado con una tasa inflacionaria de 5.60 por ciento. En tanto, el BCN estima el crecimiento económico el año pasado entre el 4 y 4.5 por ciento. Es decir que el ajuste debería estar entre 9.6 y 10.1 por ciento.
Hasta ahora la principal organización sindical, la Confederación Sindical de Trabajadores (CST-José Benito Escobar) —que es parte del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) que preside el diputado oficialista Gustavo Porras— no ha presentado propuesta. Sin embargo, podría avalar la de Aprodesni, ya que por la afinidad de la organización con el régimen es de suponer que fue avalada por Daniel Ortega antes que la presentaran.
