No voy a entrar el definir el término inglés lawfare, debido que en un estupendo artículo editorial publicado en páginas de este mismo diario el día 30 de enero del corriente año se nos puso en conocimiento sobre la definición del término y sobre su procedencia, derivada de la unión de dos términos en inglés, law que significa ley y warfare que significa guerra, y se nos dio una definición del término en español precisada por el Colegio de Abogados de Madrid.
Añadir que se refiere al uso indebido de recursos legales con fines políticos con el objetivo de debilitar a un oponente, ya sea político, empresarial o social. Este fenómeno que ha adquirido gran relevancia en el actual laberinto político español, implica el uso estratégico y manipulador de los procedimientos legales para obtener objetivos que van más allá del ámbito judicial, a menudo con el propósito de desacreditar, deslegitimar o incluso eliminar una figura pública.
En España, en los momentos actuales del escenario político, los partidos políticos, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, compuesto por una alianza entre el PSOE y Sumar, y varios partidos de la izquierda entre otros el PNV y Bildu sucesor de ETA, vascos que votaron a favor de su investidura y que sumó los votos suficientes para renovar el mandato de Sánchez, este se alió incluso con los partidos independentistas catalanes, Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
El caso es que para mantenerse en la poltrona el presidente del Gobierno llegó a un acuerdo además de ERC con Juntos por Cataluña, liderado por el huido de la justicia Carlos Puigdemont a la sazón presidente de la Generalitat de Cataluña, que tiene cuentas pendientes con la justicia derivadas de la frustrada declaración de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017, quebrantando las normas de la Constitución Española de 1987, que proclama la indivisibilidad de España y que como consecuencia de dicha declaración fueron procesado varios políticos y grupos y asociaciones de carácter independentista, menos Puigdemont, que huyó de España y se refugió en Bélgica, donde vive como rey a costas del sacrificio de muchos en una mansión llamada Waterloo y protegido por el gobierno de aquel país que ha impedido las órdenes de extradición de la justicia española.
Pedro Sánchez, para mantener su gobierno negoció con Juntos por Cataluña, los siete votos parlamentarios que obtuvo ese partido en las elecciones generales del 23 de julio 2023, jefeado por el citado Puigdemont, a sabiendas de las cuentas pendientes con la justicia del fugado, ya que el partido citado más arriba tenía los votos que eran indispensables y necesarios para obtener la investidura y con el argumento de que ello traería el acercamiento con Cataluña y la estabilidad social.
La negociación en términos específicos llevaba entre sus acuerdos el librar a Puigdemont y los suyos de la justicia española, mediante una ley de amnistía que borraría todos los cargos pendientes encajados en el Código Penal para subsumir los hechos cometidos en la declaratoria de independencia y por consiguiente permitiría al fugado y los suyos, volver a España libres de polvo y paja.
El caso en estos momentos, se encuentra de la siguiente forma, quien tiene la sartén por el mango en estos momentos es el huido Puigdemont, sin cuyos 7 votos, Sánchez no estaría en la Moncloa y para ignominia del mismo se han inventado la posibilidad de amnistiar a todos los implicados en los sucesos de la declaración de independencia. Algunos fueron juzgados y sentenciados y luego indultado a sabiendas de lo espurio que ello significaba.
Ahora el gobierno sanchista, acusa que existe judicialización de la política (lawfare) para evitar que la ley de amnistía se haga realidad y dice que los jueces están contra la amnistía entrometiéndose en terrenos del gobierno, que son esencialmente políticos, olvidándose de la división de poderes, uno de los pilares de la Constitución española y de todas las del mundo. Incluso para sacar adelante su proyecto amnistiador Sánchez vulneraría la igualdad de los españoles ante la ley.
Los jueces que representan el poder judicial, están molestos con estas actuaciones gubernamentales y las asociaciones de magistrados de varias tendencias ya han hecho pronunciamientos contra la posible Ley de Amnistía actualmente en fase parlamentaria y hay todavía procedimientos contra los independentistas en vigor al considerar que hubo terrorismo en los hechos acontecidos con motivo del “proces” y que en ellos estaba actuando como unos de los participantes el propio Puigdemont y más grave el hecho que el proceso independentista contó con la colaboración del gobierno de Putin, para con ello sembrar la división y la estabilidad política no solo en Cataluña sino en la Unión Europea.
Pero el esperpento ha llegado a sus extremos poniendo de rodillas al gobierno por parte de Puigdemont, que el momento de votar la ley en el Congreso de los Diputados y en aras de blindar de cualquier intento de enjuiciar a su jefe Puigdemont, cuando ya todos daban como un hecho la Ley referida, sus diputados votaron en contra de su aprobación porque a su entender tal como estaba redactada la ley dejaba resquicios que podrían no proteger de cualquier actuación judicial contra el mismo, votando en contra del proyecto de ley de amnistía consensuado con los separatistas, lo que hizo decaer la propuesta.
Esto vendría a demostrar como dicen los partidos de la oposición PP y Vox, y la mayoría de la doctrina jurídica que la tantas veces citada ley no se puede encuadrar en la Constitución de 1987 y que quien manda en España, desde Bélgica, es el huido y procesado Puigdemont. Y queda también demostrado que Sánchez no goza de un gobierno estable y sostenible como vimos en la votación que pretende la amnistía.
Pero no olvidemos que Sánchez y su patulea disponen todavía de varias herramientas procesales y parlamentarias para persistir en empeño. Es posible que la Ley se apruebe, siempre y cuando los independentistas lo sigan apoyando y logren que no quede ninguna grieta por la que se pueda filtrar legalmente lograr el enjuiciamiento del fugado. Mientras, Sánchez seguirá en el gobierno bajo la vigilancia y observación de Puigdemont.
Otro tema que trataré en otro artículo es como las normativas de la UE, pueden influir de manera determinante en el desarrollo de este galimatías que envuelve el panorama crítico que es el momento actual de un gobierno que se llama progresista y se envuelve en la bandera del populismo más puro y duro.
El autor es abogado nicaragüense residente en España.
