Axel Javier Balladares Merlo, de 31 años, lleva en prisión 1,130 días. Fue detenido cuando realizaba trámites legales cotidianos. Las autoridades del Sistema Penitenciario de Granada, donde se encuentra, se niegan a reconocer la existencia de prisioneros políticos, argumentando que todos son considerados «delincuentes».
Según una fuente cercana a Balladares Merlo, este fue detenido en la Policía de Masaya mientras gestionaba el permiso de su moto. A pesar de haber completado los trámites y recibir los documentos necesarios, fue arrestado después de subirse a su moto. Lo retuvieron en la comisaría de Masaya.
Balladares Merlo es padre de dos menores, un niño de 12 años y una niña de 7 años. Ha sido descrito como un trabajador incansable, es mecánico automotriz de profesión, aunque se ganaba la vida vendiendo ropa y zapatos usados en el mercado de Masaya.
Su detención ocurrió el 16 de diciembre de 2020, y posteriormente fue condenado a 9 años y 200 días de prisión por presuntos cargos de robo con intimidación, tenencia ilegal de armas y causar daños psicológicos.
“Fue denunciado por una antimotín. Ella vive cerca de donde levantaron un tranque y él fue parte activa de las manifestaciones de 2018”, comentó la fuente. La ciudadana simpatizante del sandinismo que denunció a Balladares Merlo había acusado a los manifestantes de meterse a robar a su vivienda.
Aunque niegan que es un preso político, desde que se encuentra en las cárceles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las autoridades lo tratan diferente a los demás presos políticos. Su detención ilegal y su condena arbitraria cumplen con el patrón represivo de parte del sistema orteguista.
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Además, durante el juicio algunos de los testigos del caso fueron agentes de la Policía. La fuente denunció que no existió orden de captura y el caso no se encuentra en el Sistema Nicarao. “Las audiencias, la sentencia, no existe. Ni en los juzgados ni en el sistema”, agrega.
Persisten «objetivo blanco»
Un grupo de 40 opositores en Nicaragua se enfrenta a la obligación de firmar cada tres días o una vez por semana en la estación policial correspondiente, bajo la amenaza de ser llevados a prisión en caso de incumplimiento. La Policía al servicio del régimen los ha marcado como «objetivo blanco», según la documentación recopilada por este Diario.
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La defensora de derechos humanos, Ivania Álvarez, afirmó que entre los meses de julio y diciembre recibieron más de 40 denuncias en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Chontales, Estelí, Masaya y Managua. Agregó que esta situación podría estar pasando en otros departamentos del país, pero las personas tienen miedo de denunciar debido al terror que el régimen ha establecido como política represiva.
