La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, aprobada por Estados Unidos en 2018, mejor conocida como Nica Act, venció el plazo de su aplicación el 31 de diciembre de 2023, sin embargo, desde el año pasado hay gestiones en marcha para renovarla hasta 2028.
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A finales de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Nica Act para ordenar a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación de Nicaragua por la represión de la dictadura a las protestas. La Nica Act también permitía al Gobierno de Estados Unidos la imposición de sanciones a altos funcionarios nicaragüenses y otros implicados en violaciones de derechos humanos dentro del régimen dictatorial de Daniel Ortega y condiciona los préstamos de organismos internacionales a Nicaragua.
Nica Act casi no se ha usado
El opositor y exdiputado nicaragüense, Eliseo Núñez Morales, señaló que la mayoría de las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios y familiares de Ortega, no se han sido usando ni la Nica Act ni la Ley Renacer —otra ley para castigar las acciones represivas de Ortega—. Estados Unidos ha aplicado sanciones al régimen orteguista por medio de la orden ejecutiva firmada primero por el entonces presidente Donald Trump y luego por el presidente Joe Biden.
Aún así, Núñez reconoció que existe un esfuerzo de los congresistas republicanos y demócratas para extender la vigencia de la Nica Act y adicionar nuevos establecimientos que presionen a la dictadura nicaragüense a regresar al camino de la democracia.
Estados Unidos ha sancionado a familiares de Ortega y funcionarios del régimen, entre ellos su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, sus hijos, al presidente de la Asamblea Nacional, al jefe de la Policía, al jefe del Ejército, ministros, entre otros. El Gobierno estadounidense también sancionó a instituciones, como la Policía Nacional y el Ministerio Público, instituciones usadas para reprimir las protestas y fabricar los casos penales contra los presos políticos.
Iniciativa para ampliar vigencia de la Nica Act hasta 2028
El 8 de junio del 2023 se conoció la iniciativa para extender la vigencia y efectos de la Nica Act. La propuesta consiste en extender la autoridad del Gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones en contra del régimen de Nicaragua hasta el 31 de diciembre del 2028.
La opositora en el exilio y defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo, dijo que esta iniciativa mantiene la ventaja de estar respaldada de forma bipartidista por el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine.
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Castillo también proyecta que, teniendo en cuenta la ola represiva del régimen contra las iglesias, esta vez contemplará ampliar las sanciones para “incluir a los funcionarios nicaragüenses responsables de violaciones a los derechos humanos de los creyentes religiosos”.
Sin embargo, la opositora valoró que la Nica Act fue subutilizada en el 2023, porque considera que la aplicación de las sanciones no ha tenido el efecto esperado, por falta de una estrategia más amplia y consensuada con la oposición. Añadió que esto plantea un gran desafío a la oposición.
«Ninguna sanción sacará a Nicaragua de la crisis por sí sola. Se requiere de una abordaje más integral que incluya acciones concretas que limiten el acceso a recursos al régimen y ahondar en temas de corrupción con los vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y de personas, y corrupción como lavado de dinero. Así darle curso a medidas de presión en el orden más amplio (económicas y comerciales). Es inaudito por ejemplo el informe reciente del FMI (Fondo Monetario Internacional), la cantidad de recursos venidos de préstamos internacionales, las violaciones a las cláusulas de derechos laborales y desarrollo sostenible en el Cafta (Tratado de Libre Comercio) y en el Acuerdo de Asociación con la UE», manifestó Castillo.
Urge un bloque unido de la oposición
La opositora urgió «avanzar sin dilación en poner en común otras propuestas que existen y conformar al menos un solo bloque de oposición que lleve estas propuestas en mano, para articular las acciones de la comunidad internacional con las iniciativas venidas de los nicaragüenses con conciencia y visión patriótica y de nación, no de apartamentos estancados o centrados en el presidencialismo».
«Esto hará que las iniciativas y medidas de presión no caigan en un vacío sino que cuenten con un marco estratégico que dé guía y camino hacia la salida de la dictadura y hacia la transición. De forma que los actores que quieran trabajar en unidad en la diversidad potencien sus capacidades en diferentes ámbitos para hacer suficiente presión que debilite al régimen pero que al mismo tiempo dé rumbo de otra alternativa para la transformación democrática y la gobernanza en Nicaragua», manifestó Castillo.
