Estados Unidos exigió este martes al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que libere «inmediatamente» al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida por delitos considerados de traición a la patria.
«Una vez más, hacemos un llamado al Gobierno nicaragüense para que libere inmediatamente y sin condiciones al obispo Rolando Álvarez», dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.
El pronunciamiento de EE.UU. llega cuando el obispo lleva más de 500 días encarcelado y justo un día después de que el papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus del año, expresara su «preocupación» por la detención de sacerdotes católicos en Nicaragua.
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En su comunicado, Estados Unidos cuestionó las condiciones de detención de Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y quien se encuentra recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocida como cárcel La Modelo, en las afueras de Managua.
En concreto, el Departamento de Estado criticó que se haya mantenido al religioso en aislamiento, el bloqueo de cualquier verificación independiente de su estado de salud y que se hayan difundido desde el Gobierno videos y fotografías que solo «aumentan las preocupaciones sobre su bienestar».
En diciembre, después de que el Ministerio de Gobernación nicaragüense difundiera unas fotografías, el activista Juan Carlos Arce, uno de los abogados defensores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, consideró que el obispo era «víctima de torturas».
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La condena contra el alto jerarca fue dictada en febrero de 2023, un día después de que rechazase subirse a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la indignación de Ortega, quien en cadena nacional lo calificó de «soberbio», «desquiciado» y «energúmeno».
Álvarez es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el gobierno de Nicaragua de 1985 a 1990.
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Las relaciones del gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas con el Vaticano.
