Juventudes migrantes nicaragüenses en Costa Rica afirman que su nacionalidad se ha convertido en un obstáculo para incidir en los espacios de toma de decisión sobre leyes y acuerdos que se relacionen con los jóvenes.
La juventud en 2018 se tomó las calles del país para demandar justicia, liberación y la salida inmediata del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Debido a la represión por parte de aparatos estatales y simpatizantes del Frente Sandinista, los jóvenes han tenido que huir de Nicaragua en busca de protección.
Más de 100 jóvenes desplazados de manera forzada se unieron para «enviar un mensaje a la sociedad costarricense y la comunidad internacional». Esto fue realizado a través de un panel compuesto por los activistas juveniles Diana Carballo, Marjurie Duarte, Jhoswll Martínez y Efraín Ordóñez.
Carballo mencionó que parte de los desafíos que enfrentan las generaciones jóvenes ticos y los exiliados en Costa Rica es la falta de información sobre procesos y la oportunidad de participar en espacios de toma de decisión. Los beneficios de poder integrarse a espacios políticos sería la fácil inserción de los exiliados a la sociedad tica.
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Violencia y migración
La activista juvenil Duarte indicó que los sectores mayormente vulnerables son los jóvenes de origen campesino y las mujeres jóvenes en zonas fronterizas. Estos grupos son expuestos a violencia sexual, violencia doméstica y violencia institucional. «Se evidencia la falta de información, no solo en Nicaragua sino también aquí, en Costa Rica», refiriéndose ante los mecanismos de denuncia que facilita el acceso a la justicia.
Además, en el panel también indicaron que los exiliados son amenazados si pretenden defender sus derechos. «Ante ese discurso institucionalizado es que incrementa la xenofobia y la discriminación. Cuántos de nosotros tenemos que quedarnos callados ante las instituciones estatales para no ser apresados, porque se nos dicen que si discutimos con un funcionario podemos ir detenido y ser deportados a nuestro país», afirmó.
La situación de las juventudes tiene un impacto directo en las generaciones mayores, creando una crisis. Los panelistas indicaron que 35 mil nicaragüenses no han podido realizar sus trámites de refugio, que impiden que puedan desarrollarse.
Otra de las violencias que expusieron fue el difícil acceso al permiso laboral por parte de las autoridades costarricenses. Demandaron que este debería de ser gratis a como los mecanismos nacionales e internacionales lo establecen, pero tiene un costo de 60 dólares, más 120 dólares con los papeles que le solicitan al migrante.
«La constante es la falta de información para acceder a trámites, a mecanismos para acceder a tu proceso migratorio, a la salud, educación. La burocracia también viola derechos, es acá donde tenemos el reto de identificar propuestas que puedan incidir ante las autoridades costarricenses que puedan incidir en los derechos humanos», finalizó el panelista Ordóñez.
