En el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) que se conmemora cada 10 de diciembre, Nicaragua se encuentra secuestrada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en los últimos 15 años en el poder se ha dedicado a conculcar cada uno de los derechos de los nicaragüenses, denunciaron defensores de derechos humanos.
El abogado Juan Carlos Arce, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en un análisis de cada artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, resaltó que la dictadura “ha sido eficaz, mortífera en la aniquilación de los derechos humanos. Hay una violacion sin precedentes en nuestra historia de todos los artículos contenidos en la Constitución Política de Nicaragua, normativas internas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
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La activista Haydeé Castillo, quien en octubre pasado recibió el Premio por la Paz 2023, otorgado por la Asociación para las Naciones Unidas de España (ANUE), por su incansable labor como defensora de derechos humanos, en un discurso que ofreció previo al 75 aniversario de la DUDH, concuerda con Arce al señalar que “el régimen Ortega Murillo se planteó desafiar al mundo esmerándose en violar cada uno de esos 30 artículos” que componen la DUDH.
Desterrados políticos, testigos de violaciones a la DUDH
Arce analizó, partiendo de los perfiles de las más de 200 personas presas políticas desterradas y despojadas de su nacionalidad por la dictadura orteguista en febrero pasado, con lo que el régimen incumplió y violentó, y los sigue conculcando, los derechos de los nicaragüenses contenidos en los artículos 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la DUDH.
Detalló que las personas presas políticas, desterradas, despojadas de sus nacionalidades, contrario a lo que establecen dichos artículos, fueron tratadas como traidores a la patria, les cercenaron sus derechos de forma arbitraria, les violentaron su dignidad, dejándolos no solo en situación de indefensión sino en una situación de vulneración absoluta de sus derechos; fueron discriminados al ser tratados como “enemigos del Estado y en esa medida sufren una serie de represalias” y se les violentó su “libertad y seguridad” al ser encarcelados por motivos políticos.
También denunció que estos nicaragüenses y otros grupos que siguen en cárcel por motivos políticos sufren —contrario a lo que dice el artículo 5 de la DUDH— torturas, pues en Nicaragua “existe un sistema, hay un entramado incluso a nivel de Estado, que está configurado para torturar a las personas”.
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El letrado indicó que a las más de 300 personas a las que la dictadura despojó de sus nacionalidades se les ha violentado su derecho contemplado en el artículo 6, sobre “reconocimiento a su personalidad jurídica”. “El destierro y el despojo de la nacionalidad es la máxima expresión de desconocimiento de la personalidad jurídica de una persona, es una acción sumamente grave, que es constitutiva de crímenes de lesa humanidad”, resaltó el defensor.
A su vez, apuntó que el orteguismo violenta contra dichas personas sus derechos contenidos en el artículo 7 de la DUDH al tratarlos de forma desigual; el artículo 8 por no ofrecerles el “recurso efectivo”, pues en el país “ha sido destruido el sistema judicial y ninguna persona tiene la posibilidad de recurrir a un tribunal a realizar una demanda o poder rechazar por las vías legales alguna decisión de un tribunal de primera instancia”; y el artículo 9 por “detenerlos de forma arbitraria”.
“En Nicaragua existe la detención arbitraria, como una de las conductas de crimen de lesa humanidad, identificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, remarcó.
Acceso a la justicia es “ampliamente violentado”
El defensor Arce también resaltó que las personas encarceladas por motivos políticos y las ya desterradas por motivos políticos son vivo ejemplo de la conculcación que comete el orteguismo a los artículos 10, 11, 12, 15, 16, 17 pues en Nicaragua las personas no son escuchadas públicamente y tampoco tienen acceso a justicia de tribunales independientes; se les violenta el principio de presunción de inocencia; sufren injerencia sus vidas privadas, intimidad y correspondencia; se les priva “arbitrariamente de su nacionalidad y derecho a cambiar de nacionalidad”.
También se les violenta el derecho a la propiedad individual y colectiva, sobre que “nadie será privado arbitrariamente de sus propiedad”, denunció Arce, recordando que “en Nicaragua se ha establecido nuevamente un régimen de confiscaciones, contra quienes el régimen considera “enemigos o blancos para fortalecer de manera ilegal los recursos del régimen y seguirse sosteniendo en el poder”.
En el país, afirmó el letrado, incluso se violenta el derecho a la familia, contemplado en artículo 16 de la DUDH, pues a los presos políticos se les separa de sus familias, a los desterrados se les niega la reunificación familiar o se les pone trabas en documentos legales; se les cercena el derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 22 de la DUDH, al despojarlos por motivos políticos de sus pensiones de vejez; y se les conculca el derecho al trabajo al encerrarlos, desterrarlos o perseguirlos, contrario a lo que deben garantizar según el artículo 23 de DUDH.
Libertades conculcadas en Nicaragua
El defensor del Colectivo apuntó que hay otras violaciones que comete el régimen orteguista contra los derechos establecidos en la DUDH, específicamente en los artículos 13, 14, 18, 19, 20 y 21, relacionados a la libre circulación, desplazamientos forzosos, libertad de pensamiento y religión, libertad de opinión y expresión, libertad de reunión y asociación y participación igualitaria en condiciones del Gobierno de un país.
Sobre la conculcación orteguista a la libertad de opinión y expresión, denunció el abogado, “no existe en la historia un régimen como el de Ortega que haya sido tan nefasto, dañino, para la libertad de expresión, cerrando medios, persiguiendo periodistas, comunicadores. Es una práctica de Estado, y de alguna manera el grupo de expertos establece en septiembre el crimen de persecución precisamente por la persecución sistemática que hay contra periodistas, defensoras, religiosos, cualquier persona que ejerce esos derechos en Nicaragua”.
Además, recordó en relación a la libertad de asociación que “el régimen pasará a la historia como el que más cancelaciones ha hecho de organizaciones de la sociedad civil, más de 3,500 hasta ahora”.
La dictadura orteguista, aseguró Arce, asimismo violenta la participación política del pueblo en el Gobierno “no solo con la eliminación de partidos políticos, el cierre total de los espacios cívicos, sino con el robo de las alcaldías, en los procesos electorales, donde ha habido fraudes gigantescos”.
Por último, indicó que en los últimos artículos de la DUDH se aborda derechos generales sobre educación, calidad de vida, que “una dictadura evidentemente de ninguna manera son respetados, son conculcados, porque ninguna dictadura es capaz de producir un estado de bienestar que beneficie a todos, son en sí mismas un carácter totalmente excluyente, discriminatorio y violento, y, en ese contexto, es imposible pensar que derechos como educación o protección sean garantizados”.
Deudas pendientes de la comunidad internacional
La defensora Castillo, en su discurso previo al 75 aniversario de la DUDH, cuestionó, ante esta sistemática violación de derechos humanos contra los nicaragüenses, cómo los sistemas internacionales, como los de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de Estados Americanos (OEA) han sido ineficaces para poner un alto a dictaduras como la de Nicaragua.
“Hay algo que no está bien. La democracia y ese entramado de la OEA (Organización de Estados Americanos) y de la ONU (Organización de Naciones Unidas) están siendo insuficientes para ser garantes de la paz, las libertades y la dignidad humana”, indicó Castillo.
Además, instó a que “si hay algo que debemos hacer para que cuando haya que conmemorar el centenario de la DUDH no haya nuevos holocaustos es hacer una reforma profunda del sistema de las naciones unidas y del multilateralismo. A como están las cosas hoy los gritos de auxilio de los pueblos se quedan en informes porque la llave de la solución descansa en los mismos causantes de las violaciones a los derechos humanos que en muchos casos son los mismos estados nacionales”.
Arce también apuntó, recordando que la DUDH incluye un artículo sobre la responsabilidad de la comunidad internacional con la promoción de los derechos humanos, que “la vigencia de los derechos humanos no solo es responsabilidad del Estado, la comunidad, sino de la comunidad internacional y el orden internacional tiene una enorme deuda con Nicaragua, debido a que no ha actuado en correspondencia a la escalada represiva, tan violenta, implementada por el régimen de Daniel Ortega”.