Más de 20 sacerdotes han sido detenidos durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país. En la reciente actualización de la situación de la libertad religiosa el Colectivo Nicaragua Nunca Más documentó que durante las detenciones y traslados los líderes religiosos fueron violentados.
«Durante los traslados, los llevaban con la cabeza hacia abajo y las manos atadas, impidiéndoles dar la bendición. Además, señalaron que se les prohibía conversar con su compañero de celda, quien siempre fue otro sacerdote. Estos testimonios evidencian las condiciones inhumanas y restrictivas a las que fueron sometidos los sacerdotes durante su detención», documentó el informe.
También aseveró que este tipo de medidas ejercidas por las autoridades carcelarias al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo solo plantean preocupaciones sobre el respeto a los derechos fundamentales de religiosos. Además, la autonomía de la iglesia porque se evidencia «la naturaleza indiscriminada y desproporcionada» de las acciones tomadas por las autoridades en contra de líderes religiosos, indicó el informe.
«Este preocupante patrón de detenciones a líderes religiosos por el hecho de no poder hablar libremente en sus homilías sugiere una serie de acciones coercitivas por parte del gobierno, generando inquietud sobre el respeto a la libertad religiosa y los derechos humanos en el contexto político de Nicaragua», plateó el colectivo de derechos humanos.
Lea además: ONU expresa preocupación por la privación de nacionalidad de diversos opositores nicaragüenses
Único sacerdote dentro de las cárceles del régimen
Monseñor Rolando Álvarez es el único sacerdote que permanece detenido dentro de las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega. Se ha conocido que en tres ocasiones el régimen ha trato de desterrar a este reconocido defensor de las libertades, pero este se ha negado a abandonar el país bajo las condiciones violatorias que establece la dictadura.
Fue condenado a 26 años de prisión luego que se negara por primera vez a ser destarrado junto al grupo de 222 presos políticos el pasado 9 de febrero. En dos ocasiones las autoridades ha presentado a este opositor luego de varios meses sin una prueba de vida, en condiciones de revictimización lo que también vulnera sus derechos humanos.
«La utilización de un acto estigmatizante para presentar a monseñor Rolando Álvarez implica una estrategia que va más allá de la simple revelación de su paradero, convirtiéndose en un intento de desacreditar y someter al líder religioso a una situación incómoda y potencialmente humillante. Este tipo de acciones no solo violan su dignidad personal, sino que también generan preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el trato dentro del Sistema Penitenciario en el contexto de la persecución religiosa en Nicaragua», puntualizó el Colectivo.
