Ana Pilar Umaña Romero, de 23 años, fue asesinada con arma blanca la madrugada el 25 de noviembre por su expareja Gonzalo Nicolás Córdoba, en el barrio Altagracia, en Managua. El crimen ocurrió mientras transcurría el llamado «Plan de Prevención y Seguridad» con el que la Policía al servicio de la dictadura de Daniel Ortega realizó 14,500 visitas casa a casa en los 153 municipios de Nicaragua.
En medio del duelo que viven 68 familias a quienes la violencia machista les arrebató a madres, hijas, hermanas, primas o tías, de enero a noviembre de este año, la Policía orteguista presentó los resultados del plan realizado del 23 al 29 de septiembre, asegurando que capturaron a 10 agresores de mujeres, en su afán de mostrar que las políticas públicas del régimen protegen la vida y derechos de las mujeres.
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Con el femicidio de Umaña Romero el número asciende a 68 casos, alcanzando la cifra registrada durante todo el 2022, según datos del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y cuando falta un mes entero para que finalice 2023.
La representante de Católicas dijo en su momento a LA PRENSA que lamentablemente «Nicaragua se tiñe con sangre por causa del machismo, una mujer cruelmente asesinada que sería la 68… El año 2022 cerramos con 68, ya no más femicidios».
Violencia machista «no se resuelve visitando a las madres»
El comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía, indicó que durante las visitas casa a casa la Policía conoció de hechos que atentan contra la vida y dignidad de las mujeres, y que se impartieron charlas y conversatorios con madres de familia con el fin de prevenir los femicidios.
A lectura de la socióloga y feminista, María Teresa Blandón, la violencia machista «no se resuelve visitando a las madres, hermanas, hijas, abuelas, todas las mujeres pueden ser víctimas de violencia, a quienes deberían visitar y sancionar (es) a los agresores, a quienes tienen que darle charla es a los agresores, y a quienes tienen que sancionar es a los agresores conforme a la ley».
Blandón apuntó que «las mujeres tienen claro, la violencia la reconocemos, no tiene que llegar un policía a decirnos que un golpe, un insulto, un acoso, una violación, una amenaza de muerte, es violencia, lo sabemos muy bien, pero los que no saben que es delito son los agresores porque hay mucha impunidad y es ahí donde actúan a sus anchas, muchos agresores de esos casi 30 mil que han liberado en los últimos años estaban presos por violencia, entonces el propio Estado está incrementando el riesgo de las víctimas».
Vanegas detalló que «se recibieron 14 denuncias, de las cuales 8 fueron por delitos y 6 por faltas penales» y de esas denuncias capturaron a 10 de los agresores.
A su vez, mencionó que un total de 12 mujeres fueron remitidas a las autoridades para seguimiento, 5 al Ministerio de la Familia, 2 al Ministerio de la Mujer, 2 a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y 3 al Ministerio de Salud (Minsa).
Urgen políticas públicas integrales
María Teresa Blandón —quien está exiliada en Costa Rica— denunció que la dictadura no cuenta con políticas públicas integrales «que es lo que necesitamos».
«Nosotros hemos dicho que lo que urgen son políticas integrales para prevenir, sancionar, y para reparar a las víctimas, en Nicaragua el régimen no tiene un solo refugio donde una mujer que esté en riesgo pueda llegar a protegerse de sus agresores, no hay en el sistema público de educación una campaña de prevención de la violencia machista o de género», afirmó.
También reiteró que «no hay una política de atención, eso no se resuelve con unas visitas de la Policía que ni siquiera tienen formación de derechos humanos».
A su vez, aseguró que «un gobierno que está preocupado por la violencia de las mujeres apoya, respalda a las organizaciones de mujeres, porque le conviene que se reduzca la violencia, femicidios, pues en Nicaragua no es así, el régimen nos considera enemigas y nos cierra, confisca, nos obliga al exilio, es una de las peores muestras que no tienen ningún compromiso por atender la problemática».
De hecho, Blandón destacó que en los últimos cinco años se ha segado la vida de casi 350 mujeres en Nicaragua, y en esto no se incluyen los intentos de femicidios que «son como tres veces más, entonces el problema es gravísimo, pero no solo se trata de femicidios, sino que siguen aumentando las denuncias por violencia sexual contra niñas y adolescentes».
Dos comisarías inauguradas
Como parte del Plan, la Policía indicó que se inauguraron las Comisarías de la Mujer y la Niñez, la número 272 y 273, que beneficiarán a 22 mil mujeres.
La primera ubicada en la Delegación Policial de la comunidad Wapí, en El Rama, que lleva el nombre de Melania del Carmen Amador Hurtado; y la segunda en el municipio de Telpaneca, departamento de Madriz y lleva el nombre de Arlenyz de Fátima Dávila Moreno.
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La defensora de los derechos humanos de las mujeres subrayó que así como la Policía repite una y otra vez que han inaugurado 273 Comisarías de la Mujer en los últimos tres años, se deberían cuestionar cuáles son los motivos por los que las mujeres no asisten.
«La Policía se debería de preguntar ¿por qué las mujeres no llegan a denunciar? La respuesta es clara, porque las tratan mal, no conocen las leyes ni las aplican, les faltan el respeto, las ridiculizan, revictimizan, la gravedad del tema es que no confían en la Policía por eso no van a poner denuncias en esas Comisarías», reprochó Blandón.
