La justicia social es un concepto bien sonante. Normalmente se la entiende como el deber de los gobiernos de corregir las brechas de ingresos entre los más y los menos. La proclaman como imperativo ético las Naciones Unidas, casi todos los partidos políticos, y muchos documentos eclesiales. El problema es que pocos consideran sus complicaciones éticas y sus peligros.
Veamos: en las escuelas encontramos siempre estudiantes con buenas notas junto con otros con malas. En sí la diferencia no es injusta siempre que los primeros las hayan obtenido por su esfuerzo y sin trampas. Injusto sería darles a todos las mismas notas, o bajar el puntaje de los mejores y subir el de los peores para achicar las diferencias. Trasladando este razonamiento al campo social nos encontramos que unos grupos o países son más ricos que otros. Similarmente, aquí la diferencia no es injusta si los primeros obtuvieron su mayor fortuna honradamente. Costa Rica es cinco veces más rica que su vecina Nicaragua. ¿Es injusto? ¿No se debe acaso la diferencia a que la primera ha sabido tener mejores gobiernos y mayor paz?
Un problema cuando se habla de justicia social es que suele asumirse que hay algo intrínsicamente injusto en las brechas de ingreso, sin detenerse a considerar el origen o legitimidad de estas. Se denuncia así lo injusto que es que el 10 por ciento de la población tenga (acapare) un 90 por ciento de las riquezas y el restante solo el diez. Esto sería indiscutiblemente injusto si las riquezas fueran como un maná que cae del cielo y una minoría se hubiese apoderado de ellas. Pero no es así. La mayoría de ellas han sido creadas, no encontradas. Lo que ocurre es que hay sociedades que han sido mucho más aptas a producirlas. ¿No sería entonces más apropiado hablar de lo meritorio que es que un diez por ciento de la población haya producido el 90 por ciento de las riquezas?
Las diferencias de ingresos solo son injustas cuando han sido producto de la fuerza, la imposición o manipulaciones ilícitas. Estas obviamente existen. En cuyo caso la justicia social tendría el papel de precisarlas y denunciarlas. Pero este tipo de esfuerzo rara vez se acomete. Cierto es que hay también diferencias de ingreso que son chocantes y que producen un noble deseo de reducirlas. Compadecerse del necesitado es una exigencia de la caridad y solidaridad humana. El problema es cuando se concibe al Estado como el instrumento para satisfacer estas necesidades usando su poder coercitivo para obligar a unos a financiar a otros. Lo cual nos lleva a confrontar un problema ético: si el ingreso de alguien ha sido bien habido, ¿es o no robo quitarle una parte, por altruista que sea el motivo? Distinto es el caso de los impuestos necesarios para que el Estado cumpla sus objetivos fundacionales: el respeto a los derechos individuales, la seguridad ciudadana y la administración de justicia. A este problema se suma el riesgo de que cuando el Estado asume el papel de nivelador social suele fomentar una casta de políticos o burócratas que hacen caridad a expensas de dinero ajeno; no necesariamente por amor a los pobres, como por ganar sus votos.
Otro problema de la justicia social es su propensión a la multiplicación alegre de “derechos sociales”. Aquí hay que hacer una distinción entre los derechos que defienden exigencias inalienables del hombre, de los que indican meras posibilidades. Derechos, como el de la vida, la libertad, etc., obligan a los demás, incluyendo al Estado, a protegerlos, so pena de incurrir en responsabilidades penales o civiles. Distintos son aquellos derechos entendidos como facultad de obtener o hacer algunas cosas pero que no los puedo exigir. Yo tengo derecho a tener un carro, o una casa, o a viajar a Europa. Pero ni el Estado ni nadie tienen la obligación de pagármelos.
El problema con los derechos sociales es que frecuentemente confunden los dos. Como cuando se habla del derecho a una “vivienda digna”, o a un “retiro confortable”. Puedo aspirar a tenerlos, pero no puedo obligar a que me los provean. San Pablo decía “quien no trabaje que no coma” (2 Tes. 3,10) La implicación es clara: procurarse el sustento y los bienes de la vida es responsabilidad de cada uno y hay que ganárselo “con el sudor de la frente” (Gen. 3,19). Hoy, sin embargo, y so pretexto de la justicia social, se aspira a que tengamos todo con el sudor de los contribuyentes, que es lo que ocurre cuando se exige al Estado satisfacer diversos “derechos sociales”. Lo peor es que invita a creer que si no los recibo es culpa de alguien y que yo soy víctima. Se pervierte así la democracia y se envilece a la población. (Seguiremos).
El autor es sociólogo.
