El abogado José Manuel Urbina Lara cumple 1,030 días detenido de manera arbitraria en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. El régimen de Daniel Ortega lo condenó por el supuesto homicidio imprudente en perjuicio de José Antonio Rizo.
El caso contra este abogado ha estado plagado de diversas irregularidades, según han denunciado su abogados y organismos de derechos humanos. Sin embargo, cuando se trata de presos políticos, estas acciones son regulares. Su defensor alegó contradicciones «abismales» en el proceso, pero las autoridades al servicio del régimen no dudaron en encontrarlo culpable.
«Esto ya lo veíamos venir por todas las irregularidades que se han presentado en el proceso», indicó su abogado. Lo condenaron a 4 años de cárcel por el delito de homicidio imprudente. No obstante, la familia del fallecido expresó públicamente su voluntad de mediar con el abogado, pero el régimen no le dio importancia.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) también aportó a vulnerar los derechos humanos de este crítico del régimen sandinista, suspendiéndolo de su título de abogado y notario público. Esto se dio a conocer a través de una circular enviada a jueces, registradores y oficinas del poder judicial el 23 de mayo de 2023.
La CSJ anuló más de 25 títulos a abogados opositores, entre ellos activistas de derechos humanos, exdiplomáticos, exdiputados y desertores del sandinismo. Los primeros 15 juristas suspendidos forman parte del grupo de los 222 presos políticos desterrados a EE. UU. en febrero de 2023.
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Destierro
El régimen de Daniel Ortega propuso un trato de «liberación» que incluía la expulsión de Nicaragua. Los 222 exreos políticos fueron enviados en un avión hacia Washington DC, Estados Unidos. Posteriormente fueron despojados de su nacionalidad como nicaragüenses.
La Asamblea Nacional al servicio de la dictadura modificó las leyes para que la desnacionalización sea legal para las personas que sean consideradas como traidores a la patria. También han sido despojados de su nacionalidad casi cien opositores, defensores de derechos humanos, entre otros.
El abogado Lara es parte de los 35 reos políticos que permanecen en prisión luego del destierro en febrero.
