En los últimos meses se han seguido registrando audiencias judiciales a presos políticos a través de videoconferencias “sin la posibilidad de comunicación con el abogado defensor de su elección”, señala el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
El caso más conocido de esta vulneración de los derechos de los presos políticos es del líder estudiantil Jasson Salazar.
Luego de permanecer 70 días en desaparición forzada, Salazar fue trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, La Modelo, y poco después fue condenado a través de una videollamada en esa misma cárcel.
“Se ha observado una preocupante práctica en la que se llevan a cabo los juicios con las personas presas políticas conectadas desde el Sistema Penitenciario a través de videoconferencias, mientras se desarrolla el juicio en el complejo judicial”, indicó el Mecanismo.
Desde la ola represiva en abril de 2023 se ha venido denunciando el estado de terror en que vive la ciudadanía nicaragüense, instaurado por el régimen orteguista como una de sus estrategias de control territorial.
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Sin garantías judiciales
“Es algo sin precedentes. Se violenta y lacera todo el procedimiento. Es necesario denunciar porque no había existido, todas las personas tenemos derechos, garantías, que son tener un juicio seguro, independiente e imparcial que en Nicaragua lamentablemente no sucede”, declaró Braulio Abarca, abogado e integrante del Colectivo Nicaragua Nunca +.
Asimismo hizo mención a que las garantías judiciales en Nicaragua son parte de las políticas estatales y que la acción de condenar a reos por comunicaciones a distancia no debería siquiera ser considerado como juicios orales y públicos.