El 19 de diciembre, Fanor Alejandro Ramos cumple cuatro años de estar en las celdas de Daniel Ortega por negarse a reprimir al pueblo de Nicaragua. Ramos fue uno de los 35 presos políticos que el régimen mantuvo en las celdas luego del destierro y desnacionalización del grupo de 222 presos políticos.
Es exoficial de brigada especial y exjefe de la tercera sección del departamento de tácticas y armas policiales de instrucción de rescate de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía DOEP y fue acusado por el almacenamiento de droga, junto a Sergio Meléndez Aguilar.
La Policía al servicio del régimen informó que les fueron incautados 368 kilos de cocaína en una casa propiedad de Meléndez. El Ministerio Público en 2022 aseguró que la Policía antinarcóticos venía dando seguimiento a una agrupación llamada Los Cedros, que se dedicaba al narcotráfico, liderada por mexicanos y colombianos. Aunque identificaron a los encargados de realizar un operativo, no los acusaron; siendo este un vacío en la acusación contra el preso político indicó su abogado.
Fue condenado a 8 años de prisión y a pagar una multa de 34,000 córdobas. Este preso político goza de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Se negó a ser paramilitar
La Policía al servicio del régimen intentó reclutar a Ramos en el contexto de las protestas de 2018, para que formara parte de los grupos parapoliciales con el objetivo de amedrentar a la ciudadanía que demandaban la salida de la dictadura. Este se negó rotundamente.
El ahora preso político estuvo 25 años al servicio policial de Nicaragua, pero en 2010 le dieron de «baja por falta de idoneidad». Las represalias contra este ciudadano iniciaron desde ese mismo año porque afirmó ser apolítico dentro de la institución. «En febrero 2010 querían hacer pasar a Fanor Ramos como narco, pero obviamente era otro el trasfondo. Desde ese entonces la casa fue asediada y vigilada por gente afín al Gobierno», explicó un familiar del preso político al medio de comunicación 100% Noticias.
A finales de febrero, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) lanzó un SOS para conocer la situación de Ramos porque se sospechaba que podría estar siendo torturado en la prisión. En ocasiones anteriores, organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones carcelarias a las que han sometido a este preso político.
