Como colofón de la elecciones generales del 23J en la que como analicé en anteriores artículos referidos al tema y después de la investidura fallida del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se encargó por el rey Felipe VI, la formación del gobierno al candidato del PSOE, Pedro Sánchez Pérez-Castejón que obtuvo 121 y fue el perdedor en escaños y votos, y las Cortes Generales siguiendo el mismo ritual que en la elección del anterior candidato fallido la presidenta del Congreso de los Diputados, señaló la fecha del 16 del presente para la nueva votación plenaria esta vez para proponer al candidato Sánchez Pérez-Castejón, quien obtuvo la confianza del citado Congreso de los diputados obteniendo 179 votos lo que era una mayoría absoluta que era la mitad del Congreso 176, de los 350 que componen dicho órgano legislativo, superando en tres dicho mayoría.
El entonces candidato Sánchez Pérez-Castejón, hoy ya presidente del gobierno, para obtener su mayoría negoció con toda la izquierda española, compuesta por Sumar —un movimiento integrado por 15 micropartidos— un gobierno de coalición que obtuvieron 31 escaños donde van partidos desde el centro izquierda hasta los izquierdistas más radicales como Más Madrid, Podemos y el Partido Comunista y Compromis, Comuns, Cha y otros.
Además buscó acuerdos con los separatistas vascos y catalanes y los descendientes de los etarras, o sea, con EH/Bildu, brazo político de los etarras que asesinaron a miles de personas. Secuestró a varios ciudadanos importantes del país vasco, como Miguel Angel Blanco concejal del PP, al que asesinó, como Julio Iglesias padre, José Antonio Ortega Lara, Emiliano Revilla, Luis Suñer, Javier Rupérez y otros más; mató a decenas guardias civiles y policías nacionales, extorsionó a hombres de negocio pidiéndoles cantidades importantes para sostener su aparato político militar bajo amenazas de causar daño a los extorsionados o sus familias y llevaba en sus listas para estas elecciones sujetos acusados de crímenes de los que nunca se han arrepentido.
En el mismo País Vasco acordó con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que obtuvo cinco escaños, uno menos que los otros vascos del EH/Bildu que obtuvieron seis, partido que se presume de ser de derecha pero es un partido oportunista que negocia sus votos a cambio de más prebendas y privilegios y que en otras ocasiones ha votado por la derecha. Pero ahora ya sabe que en su mismo país tiene al enemigo en sus espaldas.
Lo más notorio de los acuerdos cerrados por el PSOE, ha sido el negociado con los separatistas catalanes en sus dos ramas. Por un lado con Esquerra Republicana de Cataluña, partido de izquierda y como su nombre indica de convicción republicana, y cuyo objetivo final es obtener la independencia de la Cataluña de España mediante referéndum y que decayó en escaños pasando de 13 en las anteriores elecciones de 2019 a 7 en estas elecciones y acordar una amnistía para los juzgados y sentenciados por hechos anteriores en los que incluso se llegó a declarar la independencia el 1 de octubre de 2017 y causó daños importantes y enfrentamientos con los Mossos (policía catalana), la guardia civil y la policía nacional. Por dichos hechos fueron condenados a penas de prisión e inhabilitación a la cúpula de ERC y JuntsxCat y que luego fueron indultados por el anterior gobierno del PSOE y que ahora incluso pidieron la condonación de la deuda catalana con España como puntos principales de acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.
Por el otro lado del secesionismo catalán está Juntos por Cataluña (JxCat) partido de derechas, liderada por el fugado de la justicia española Carles Puigdemot, quien como consecuencia de aquellos hechos citados en el anterior párrafo huyó de Cataluña —siendo a la sazón presidente de esa región— en el maletero de un coche y desde entonces reside refugiado en Bélgica en una mansión que para sí quisieran muchos y sometido a un proceso judicial con varios cargos pendientes como rebelión luego rebajado y quedando en sedición, malversación de caudales públicos entre otros.
El traidor Sánchez venía negociando con esa formación política desde el mes de marzo públicamente, pero por debajo hacía varios meses antes. El caso es que Puigdemont y su cúpula negociaban su apoyo a Sánchez, para el caso que la candidatura de Feijóo decayese como en efecto así fue. Y Sánchez era sabedor que sin esos 7 votos que sacó JxCat, no podría llegar a la mayoría absoluta, y en consecuencia se plegó a las peticiones de Puigdemont, en conceder como punto principal una amplísima amnistía para todos los involucrados en los hechos acontecidos en el tema de la separación de Cataluña, desde el año 2013, hasta la fecha. La Amnistía debía articularse mediante una ley al efecto sometido al Congreso de los diputados, la que ya fue presentada para su tramitación como proposición de ley urgente y esquivar varios filtros que de otra manera sería más costoso y presentaría dificultades.
Pues bien el mentiroso, arrogante, prepotente, vanidoso presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará sometido a una vigilancia continua de los secesionistas catalanes y a la amenaza de un referéndum de autodeterminación, si la proposición de ley de amnistía negociada en conjunto no se aprueba con los puntos y comas incluidos que le han puesto los catalanes y se verá en una legislatura muy complicada debido a los diversos intereses en juego por parte de los otros conjurados con la investidura junto con éstos.
Esta proposición de ley de amnistía pretende cobijar todos los hechos delictivos que han sido sancionados conforme el Código Penal vigente, el que ya ha visto retoques importantes que recortaron por ejemplo el delito de rebelión que gravaba los hechos derivados de la declaración de independencia y se redujo a sedición y que afectaban directamente a la constitución española.
La proposición de ley de amnistía, que ahora se tramita, para muchos expertos en derecho constitucional no tiene cabida en la Constitución de 1978 vigente, ya que es una petición que exigen a cambio de sus votos para la investidura del felón Sánchez Pérez-Castejón, a pesar de que él mismo se opuso rotundamente a una ley de ese tipo en numerosas declaraciones y de otros miembros de la cúpula de su PSOE. Sánchez, pese a decir que pretendía “hacer de la necesidad virtud”, y de la opinión en contra incluso de uno de sus barones que ganó por mayoría absoluta el gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y de otros connotados dirigentes históricos del PSOE, como Felipe González por ejemplo.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico constitucional, esta ley puede afectar y vulnerar varios artículos constitucionales ya que atenta contra el Estado de derecho con el único objetivo de mantenerse en el poder el fraudulento Sánchez y su pandilla de borregos, tratan de borrar mediante esa ley la unidad de la nación española cimentada a través de cinco siglos desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón de la mano de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, violentando los artículos 1 y 2 de la Carta Magna, en los que se fijan a “España como un Estado social y democrático de derecho, y que dice también que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles”, asimismo ataca directamente el artículo 9.3, que textualmente expresa: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y especialmente se hace referencia al artículo 14 del texto constitucional que mandata: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y fundamentalmente invade la separación de poderes cuando pretende que el Legislativo o sea, el Congreso de los Diputados tome decisiones que son competencia propia del judicial.
Por ahora y por falta de espacio no me referiré a las reacciones de los partidos políticos que están contra la misma y la ciudadanía en general que así lo ha expresado en manifestaciones contra la ley en ciernes.
El autor es abogado nicaragüense residente en España.
