Las activistas estudiantiles Adela Tercero Espinoza y Gabriela Morales llevan detenidas 90 días de manera arbitraria. Han sido acusadas de propagación de noticias falsas, ciberdelitos y recientemente por tráfico de drogas.
Estas jóvenes se encuentran en situación de aislamiento —según han denunciado organismos de derechos humanos— junto a otras 14 mujeres privadas de libertad en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza, ubicada en Tipitapa. Las autoridades carcelarias las mantienen en nuevas celdas que cumplen con características de máxima seguridad.
“Ninguna estudiante debería de estar presa por pensar”, aseveró la organización Sé Humano, quien ha denunciado la violencia de género con que son vulneradas las presas políticas.
Tercero Espinoza es egresada de la carrera de Comunicación de la antigua Universidad Centroamericana (UCA) y Gabriela Morales estudiaba en la Universidad Juan Pablo II. Ambas fueron detenidas el 19 de agosto. Un par de días después, los agentes policiales también detuvieron a la estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, Joseling Mayela Campos, quien ya cumplió 88 días en la cárcel.
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Aumentan cifras de presas
Las mujeres presas políticas suman 17, lo que representa el 20% de las personas que permanecen en las celdas de manera arbitraria por razones políticas.
Aunque la mayoría de las personas son de diferentes partes del país, 69 presos permanecen en Managua. Las cárceles con mayores presos políticos son: La Modelo y La Esperanza.
«Es evidente que 69 personas se encuentran recluidas en el departamento de Managua, en centros penitenciarios como La Modelo y La Esperanza. Sin embargo, solamente el 39 % de estas personas (26
personas) son originarias de Managua o vivían en esta zona, mientras que el 61 % restante (43 personas) proviene de otros departamentos. Este hecho pone de manifiesto una práctica premeditada destinada a afectar directamente tanto la economía como la salud emocional de las personas detenidas y sus familias. Al ser encarceladas lejos de su hogar, las familias enfrentan significativos impactos económicos, debido al aumento de los costos de transporte y otros gastos asociados», aseveró el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
