La activista feminista Joseling Mayela Campos, de 27 años, cumple 85 días detenida de manera arbitraria en las celdas del Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza, ubicado en Tipitapa. Esta universitaria fue encontrada culpable del supuesto delito de “tráfico de drogas”.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anteriormente había acusado a Campos por los delitos de “propagación de noticias falsas” y “menoscabo a la integridad nacional”, junto con las activistas presas políticas Adela Espinoza Tercero y Gabriela Morales. Estos supuestos crímenes solo son achacados a opositores críticos a la administración orteguista.
Posteriormente las presas políticas fueron incriminadas por el delito común de tráfico de drogas, por supuesta posesión de marihuana.
Joseling Campos fue detenida junto con su pareja, en el contexto de la confiscación arbitraria de la Universidad Centroamericana (UCA). El lunes 21 de agosto llegaron a buscarla a su casa personas de civil, quienes se hicieron pasar por trabajadores de una microfinanciera para ingresar a la vivienda, con el objetivo de comprobar si la joven residía ahí, para luego proceder con la detención arbitraria, porque como es habitual no presentan orden de captura.
Violaciones constantes a presos políticos
La degradación de las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad por motivos políticos es constante. En los últimos meses se han intensificado las violaciones al derecho de la defensa; los presos políticos ni siquiera son llevados a sus audiencias judiciales, solamente son enlazados a los juicios por videollamadas.
Otro de los patrones es la “desaparición forzada”. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, esto significa que no se conocía el paradero de los opositores, incluso hasta por meses. “Durante este periodo, los derechos de estas personas son vulnerados y su salud se resiente debido a la falta de acceso a alimentos y medicamentos, incluso en situaciones de enfermedades crónicas y entre la población de edad avanzada”, indicó el Mecanismo en su informe de agosto.
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Las violaciones a los derechos humanos se extienden a la familia de los privados de libertad. Acoso, hostigamiento, terror psicológico y negar información sobre la situación de sus seres queridos es la política del régimen contra las familias. El régimen ha aseverado que cualquier persona que sea considera opositora tendrá consecuencias.
