Este jueves 9 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, presenta un informe especial sobre el “Cierre del espacio cívico de Nicaragua”.
Un día antes, el miércoles 8 de noviembre, el Consejo Permanente de la organización hemisférica aprobó una Resolución sobre la salida del Estado de Nicaragua de la OEA, que será efectiva a partir del próximo 19 de noviembre. Según se dice en tal Resolución, “Nicaragua sigue obligada a respetar todos los derechos humanos reflejados en las normas consuetudinarias; todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos de las que Nicaragua es parte, así como los derivados de principios generales del derecho internacional que aseguran la protección universal de la dignidad humana”.
Una de las normas básicas de los derechos humanos es el espacio cívico. Por eso en la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado para los Derechos Humanos consignó en su informe sobre la situación en Nicaragua que el gobierno de este país “continúa limitando indebidamente los espacios cívico y democrático, incrementando su control sobre instituciones y espacios públicos, y restringiendo las actividades de individuos y grupos que sostienen voces disidentes y, cada vez más, también de quienes no caen bajo su esfera de influencia”.
Agrega el informe de la ONU que “con la eliminación progresiva de todas las asociaciones independientes, el control de todas las instituciones públicas y la expulsión y el exilio de los principales líderes de la oposición, el Gobierno ha reducido el espacio cívico y democrático hasta un punto que no deja lugar a la disidencia”.
Por definición el espacio cívico es “el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social… Es necesario en cualquier democracia pues proporciona el espacio para que la gente ejerza sus derechos fundamentales y la libertad para que la ciudadanía se organicen en grupos, protesten contra las amenazas a sus libertades y a la democracia, y comuniquen sus legítimas demandas”.
Es que así como no hay democracia sin elecciones libres y competitivas, sin alternabilidad en el poder y sin Estado de derecho ni libertad de prensa y respeto a los derechos humanos, tampoco puede haberla sin el necesario espacio cívico.
De allí que el alto comisionado de la ONU, a la que pertenece el Estado de Nicaragua tanto con derechos como con obligaciones, no se limita a documentar el cierre del espacio cívico en este país. En el informe también se recomienda al Gobierno de Nicaragua: “Habilitar un espacio cívico abierto y pluralista que garantice las libertades de expresión y opinión y de reunión y asociación, permitiendo a todas las personas, grupos y organizaciones ejercer sus derechos a defender los derechos humanos, y a participar en la dirección de los asuntos públicos y otros derechos políticos, también mediante el restablecimiento de la personalidad jurídica de todas las organizaciones privadas arbitrariamente de ella”.
Por lo general el régimen de Nicaragua hace caso omiso a esas recomendaciones, escudándose en el derecho a la autodeterminación nacional y la no injerencia extranjera en los asuntos internos de los países, consignado también en los documentos fundamentales de las Naciones Unidas.
Sin embargo, las instituciones internacionales encargadas de velar por los derechos humanos no los dan por perdidos para siempre en ninguna parte, ni aun en los países que tienen los Estados más antidemocráticos. Más bien perseveran en la demanda de que sean respetados, y restituidos donde han sido abolidos ya sea de hecho como de iure.
Por eso mismo es que en la sesión del Consejo Permanente de la OEA de este miércoles 8 de noviembre se dejó establecido que la organización intergubernamental de las Américas seguirá ocupándose de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, a pesar de que oficialmente ya no será uno de sus miembros.
