Ha vuelto a ocurrir. El pasado 25 de octubre una pequeña localidad del estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos, se veía sacudida por una matanza perpetrada con un rifle de asalto. El sospechoso, un hombre blanco, instructor de tiro y con entrenamiento militar, mató a casi una veintena de personas e hirió a otras tantas en lugares públicos como un restaurante y una bolera, llenos de clientela que aspiraba a pasar un buen rato. Lo que debía ser una noche de ocio se convirtió en una pesadilla que en ese país ya es recurrente.
Al parecer el responsable del tiroteo masivo tenía antecedentes de problemas mentales, pero eso no evitó que pudiera adquirir un arma semiautomática, una potente arma letal que en los últimos años se ha usado en actos violentos que han dejado un reguero de sangre. En 2015 el país vivió la conmoción de la matanza con un AR-15 en la escuela Sandy Hook y desde entonces se han sucedido estos trágicos episodios con atacantes que, armados con este tipo de rifle de asalto, consiguen su objetivo: matar la mayor cantidad de víctimas en el menor tiempo posible.
Ante las carnicerías que se multiplican uno pensaría que los políticos en Estados Unidos se pondrían de acuerdo para, de una vez, prohibir la compra legal de estas armas de fuego ideadas para combates en conflictos bélicos. Nada más lejos de la verdad. Por medio de un acuerdo bipartidista alcanzado en 1994 se consiguió dicha prohibición y se mantuvo vigente durante diez años. Sin embargo, a partir de 2004 fue desechada, en gran parte debido a la presión que ejerce la Asociación Nacional del Rifle (sus siglas en inglés son NRA) entre la clase política, principalmente en las filas republicanas.
El negocio de la venta de armas es millonario y el lobby del NRA es muy poderoso, destinando generosos donativos a las campañas electorales de políticos que acaban por plegarse a sus intereses. Desde entonces no se ha vuelto a lograr consenso para que dejen de circular los AR-15 que periódicamente siegan tantas vidas.
La propia sociedad estadounidense vive sumida en un mar de contradicciones. En el ADN de los americanos parece esculpida en piedra la segunda enmienda, que es el derecho a portar armas. Según datos recogidos por el Pew Research Center, uno de cada cuatro estadounidenses tiene un arma en su residencia y los votantes republicanos tienen el doble de probabilidades de poseer un arma de fuego que los inscritos como demócratas. Por otra parte, seis de cada diez adultos consideran que la violencia con armas es un problema grave para el país y la mayoría, un 61 piensa, piensa que es demasiado fácil obtener legalmente un arma de fuego.
Los estadounidenses defienden vigorosamente la tenencia de armas que los fundadores de la nación establecieron en la Constitución que diseñaron hace más de doscientos años, pero son conscientes de que en esta era moderna el país se ha convertido en un verdadero arsenal de armas, muchas de las cuales están hechas para la guerra. Una guerra, por cierto, que se libra en las calles con tiroteos frecuentes. Se trata de un dilema que parece no tener solución, sobre todo porque los legisladores en Washington lo usan, nunca mejor dicho, como arma arrojadiza en sus batallas partidistas.
Mientras, la sociedad estadounidense sigue dividida en cuanto a la proliferación de las armas de fuego y la facilidad con que sujetos violentos, radicalizados o con problemas mentales pueden comprar un rifle de asalto, esta es la realidad incuestionable: de acuerdo a datos de la organización Gun Violence Archive, en lo que va de año se han producido 565 masacres (así se define un suceso con más de cuatro heridos o muertos) con armas de fuego.
Este último tiroteo que se ha cobrado la vida de al menos trece personas es, hasta ahora, el más mortífero de 2023. Con casi toda seguridad, puede que no sea el último ni el peor antes de que acabe el año. Tristemente, los americanos han normalizado vivir entre tiroteo y tiroteo. [©FIRMAS PRESS]
La autora es periodista.
Twitter: ginamontaner