Un estudio sobre los primeros seis meses de 2023 de la gestión pública municipal en Nicaragua confirmó el entramado corrupto con el que funciona la administración local bajo el control total del partido sandinista y las órdenes centralizadas desde la casa familiar del dictador Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, que viven en Managua.
La investigación fue promovida por la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local (Red Local). Los resultados fueron presentados el 25 de octubre en San José, Costa Rica, bajo el título: “Municipios nicaragüenses: entre la subordinación y el rechazo ciudadano”.
El estudio, coordinado por el sociólogo y municipalista Silvio Prado, se basó en 32 entrevistas, realizadas en 19 municipios del país, entre mayo y junio de 2023.
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Prado inició la presentación de los resultados reconociendo el esfuerzo que hicieron los entrevistadores que aplicaron las encuestas en los 19 municipios, en un contexto de persecución y encarcelamiento por criticar o cuestionar al régimen orteguista.
En noviembre de 2022 se llevaron a cabo las últimas votaciones municipales, dirigidas por un Consejo Supremo Electoral (CSE) a las órdenes de la dictadura de Ortega. El partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Ortega, se tomó las 153 alcaldías totales del país, en un proceso sin la participación de la oposición y cuando todavía estaban presos todos los líderes políticos opositores.
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El estudio examina los primeros seis meses de 2023 de la gestión municipal bajo el control total del FSLN.
Pirámide del “poder local”
El sociólogo Prado dijo que los resultados tienen como hilo conductor el control que ejerce la familia Ortega Murillo desde Managua, lo que responde al esquema vertical de las dictaduras.
“Todo lo que se hace, todo lo que pasa en los municipios se decide en el Gobierno central, es decir, se decide en Managua. Todas las decisiones importantes se deciden en Managua. Todo. No se mueve una hoja en el municipio que no se decida en Managua”, reiteró Prado.
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En el segundo nivel, debajo de la punta de la pirámide, sigue el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) “como el gran controlador de lo que hacen los municipios”, en un “rol técnico”, señaló el sociólogo.
Mientras que el rol político le corresponde a los secretarios políticos del FSLN, con presencia en todos los municipios. Según los resultados del estudio, los secretarios políticos están a cargo de velar que las órdenes de Managua se cumplan.
En la base de la pirámide se encuentran los alcaldes, que están a cargo de la ejecución administrativa, a través del montaje de los Concejos Municipales, donde tampoco se toman decisiones, sino que solo se ratifican las órdenes que emanan del Carmen (la ubicación de la casa familiar Ortega Murillo en Managua).
“Las alcaldías están sumamente restringidas y limitadas para tomar decisiones, debido a la imposición del Gobierno central”, dijo el sociólogo.
“La extinción de la autonomía local”
Prado manifestó que todo esto se traduce en “la extinción de la autonomía local”, porque “los gobiernos locales no gobiernan” y la “ciudadanía ha sido expulsada del espacio público”.
El estudio determinó que la ciudadanía está relegada a ser meros “figurantes”, que no inciden en las decisiones que se toman en sus municipios.
“Al convertirse los municipios en una instancia de ejecución de las decisiones nacionales, la participación ciudadana se convierte en una especie de figuración, es decir, en figurantes, porque no participan ni deliberan con las autoridades, no intervienen en las decisiones públicas, porque los gobiernos locales no deciden nada, sino que implementan las órdenes de Managua”, agregó el sociólogo.
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El estudio también confirmó que la ciudadanía se autorrestringe al brindar su opinión. Prado dijo que la frase más repetida fue: “Mejor no meterse en nada”.
Además, para participar de los programas y beneficios públicos la ciudadanía tiene que declarar su apoyo al FSLN y lealtad a la pareja de dictadores.
Corrupción
La investigación también reveló que los ciudadanos entrevistados tienen conocimiento de la corrupción en el manejo de los recursos públicos. Según las observaciones ciudadanas, los proyectos se asignan a “contratistas de papel”, compuestos por familiares y allegados a las autoridades municipales.
“El Frente Sandinista se ha convertido en una organización cohesionada por la corruptela, por el interés de apropiarse de los recursos públicos”, dijo Prado como conclusión.
También el estudio valoró que se realizan mejoras en los parques, canchas, malecones y zonas centrales del municipio; se promueve la recreación y el turismo local, pidiendo a los pobladores que se tomen fotos y selfies en los espacios remozados, pero para la ciudadanía esto no resuelve las problemáticas locales como construcción de caminos y puentes en las zonas rurales más recónditas y necesidades básicas como agua potable, luz eléctrica, delincuencia, entre otros.
ONG cerradas
La Red Local también presentó la actualización del Informe sobre Libertad de Asociación en Nicaragua para el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), que registra 3,472 organizaciones no gubernamentales (ONG) canceladas hasta el 17 de octubre de 2023.
El sociólogo valoró, según los resultados del estudio, que el impacto del cierre de las ONG ha afectado principalmente los programas dirigidos a mujeres, campesinos e indígenas.