La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas afirma que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos de libertad de circulación, elección libre de la residencia en el terrirorio, y a salir o regresar al país.
“La prohibición de ingreso al país de nacionales; la denegación de la expedición de pasaportes nuevos y su renovación dentro y fuera del país y la confiscación de estos, al querer salir de Nicaragua; deportación de nacionales y extranjeros a otros países sin el debido proceso administrativo ni la posibilidad de interponer recursos; la no renovación de permisos de residencia de personas extranjeras sin motivación ni posibilidad de interponer recursos; la negativa a otorgar permisos de salida de menores de edad cuando sus padres son sujetos de interés para el Estado; y la prohibición de salida del país de nicaragüenses”, contabilizó la Oficina del Alto Comisionado que son las acciones realizadas por el Estado de Nicaragua.
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023, se ha documentado que a 31 hombres, 25 mujeres incluyendo 8 menores, les han prohibido el ingreso al país. El mes con mayores prohibiciones fue abril con 22, lo que equivale al 41% del total, en este mes se realizaron las fiestas de celebración de Semana Santa, de la perseguida Iglesia Católica, además que se conmemoró el quinto aniversario de las protestas civiles.
Deportados
Según OACNUDH, 256 personas han sido deportadas de Nicaragua sin el debido proceso administrativo y sin la posibilidad de interponer recursos. De estos 231 han sido nacionales (incluyendo al grupo de 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos) 194 son hombres y 37 mujeres. Además, han sido deportados 25 extranjeros; 21 hombres y 4 mujeres.
El organismos ha observado que en los casos de deportación y prohibición de ingreso “la vulnerabilidad en la que se encuentran personas y familias completas en los países donde deben permanecer por no poder regresar a Nicaragua, al no contar con redes de apoyo, recursos económicos, garantía a sus derechos al acceso a una vivienda adecuada, a trabajo, educación y salud”.
Además, es importante destacar que el Estado de Nicaragua ha declarado la “inexistencia” de 316 personas, pero a quienes de este grupo deseen reunirse con sus hijos se les exige un permiso que debe ser tramitado en los consulados nicaragüenses, pero debido a su situación juridica se les niegan los documenos haciendo que el cumplimiento al derecho de reunificación familiar sea casi imposible.
Para la Oficina, el derecho de los niños a preservar sus relaciones familiares sin injerencias ilícitas, la separación de sus padres y familiares contra su voluntad. “La negativa y tardía respuestas del Estado de la solicitud de los padres para que los nios puedan salir de Nicaragua en efectos de reunificar ala familia, los derechos a la salud, educación y a un nivel de vida adecuado, entre otros”, puntualizó.
