El abogado José Manuel Urbina Lara cumple 970 días en el Sistema Penitenciario Waswalí, en Matagalpa por el supuesto homicidio imprudente. Daniel Ortega aseguró que Estados Unidos se negó a recibirlo junto al grupo de 222 presos políticos desterrados a este país el pasado 9 de febrero.
El 3 de marzo de 2021, fue encontrado culpable por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de José Antonio Rizo de 29 años, por la jueza orteguista Diana Isabel Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega. Se denunciaron diversas irregularidades en su proceso judicial.
El sensible fallecimiento del ciudadano Rizo ocurrió el 24 de ener de 2021, murió en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 172 de carrera a Pantasma, Jinotega. Rizo viajaba al raid en una camioneta conducia por el abogado Urbina Lara; el auto se precipitó a un abismo porque según la policía al servicio del régimen el preso político “conducía a exceso de velocidad”.
Luego de lo ocurrido, Urbina informó por una transmisión En Vivo de Facebook que el accidente ocurrió porque un auto invadió el carril en que viajaba, al intentar esquivarlo perdió el control.
“Al final del juicio, la judicial dijo que ella creía que Urbina Lara tenía la responsabilidad en la autoría del accidente, a pesar de que se le reiteró y se le alegó todas las contradicciones tremendas, abismales que ha habido en este proceso, pero declaró la culpabilidad. Esto ya lo veíamos venir por todas las irregularidades que se han presentado en el proceso”, criticó Noel Alonzo Cano, abogado de Urbina Lara.
Suspendido por la dictadura
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) al servicio del régimen suspendió a Urbina Lara de su título de abogado y notario público, junto a otros 26 abogados que han sido suspendidos de su profesión.
El régimen a inicios de mayo había suspendido a 25 abogados y notarios públicos, que anteriormente habían sido despojados de su nacionalidad y declarados traidores de la patria.
En enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares por considerar que se encuentra en una situación de gravedad, urgencia “puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, se solicita a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud”, indicó la resolución.
Actualmente, la dictadura de Daniel Ortega mantiene privada de su libertad a más de 80 críticos de sus acciones violatorias contra los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense.
