Fuentes ligadas a los medios de transporte interlocales de Nicaragua confiaron a LA PRENSA que por órdenes del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y cooperativas afines al orteguismo, las unidades de buses que no tengan la leyenda de «Casimiro Sotelo» —nombre de la universidad instalada en el campus robado a la universidad jesuita— en lugar de la Universidad Centroamericana (UCA), no se les estará dejando circular.
El pasado 21 de agosto, tras la confiscación de facto de la UCA y la inauguración de la nueva casa de estudios con el nombre elegido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, este Diario logró confirmar que las cooperativas afines a la dictadura comenzaron a cambiar el letrero de las unidades, borrando las iniciales de la universidad jesuita y colocando «Casimiro Sotelo».
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La medida comenzó a ser implementada en el afán del orteguismo de borrar todo lo relacionado con la UCA, cuyo centro de estudios superiores fue fundado por la Compañía de Jesús en 1960.
Los interlocales que decían, por ejemplo, «Masaya-UCA-Managua», «Granada-UCA-Managua», «Jinotepe-UCA-Managua» entre otros, ahora llevan el nombre de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, quedando «Masaya-Casimiro Sotelo-Managua».
Una fuente de Jinotepe afirmó que «aunque diga Casimiro los ayudantes siempre gritan UCA» cuando van recogiendo pasajeros en el camino.
Confiscación de la UCA
La universidad jesuita con más de 60 años en Nicaragua sufrió la peor embestida el pasado 16 de agosto, cuando anunció la suspensión de sus operaciones académicas y administrativas tras haber recibido un oficio en el que se le acusa de ser «un centro de terrorismo», una acusación que la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús rechaza.

«La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8:32)», apuntó la Provincia Centroamericana.
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El 18 de agosto, la dictadura por medio de un acuerdo del Ministerio de Gobernación (Migob) canceló la personalidad jurídica de la UCA, otorgada el 3 de agosto de 1960, y delegó a la Procuraduría General de la República realizar el «traspaso» de sus bienes al Estado, indica la edición del diario oficial La Gaceta.
Ese mismo día el Consejo Nacional de Universidades (CNU) anunció el inicio de las matrículas escolares para el segundo semestre del año lectivo 2023, y en horas de la tarde, las autoridades del CNU consumaron la confiscación de facto de las instalaciones de la UCA con la inauguración de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. En un acto partidizado, Ramona Rodríguez, presidenta del CNU, juramentó a los orteguistas que estarán al frente.
A pesar de que en ese momento Rodríguez mencionó que la universidad sería gratuita, después anunciaron a través de la certificación del CNU publicada en el diario oficial La Gaceta que la universidad operaría «de forma autofinanciada», lo que significa que no será gratis y de alguna forma deberán cobrar aranceles a los estudiantes. Posteriormente el régimen se retractó y afirmó que funcionará con el presupuesto del Estado de Nicaragua.