El sacerdote español José María Tojeira, quien ha sido designado portavoz oficial de la Compañía de Jesús, ante la disolución de la congregación en Nicaragua, declaró al medio español Religión Digital (RD) que están estudiando posibles denuncias ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de El Salvador, también declaró que «la preocupación fundamental es la de la expulsión o incluso la detención» de los jesuitas que siguen en Nicaragua, «dada la ausencia prácticamente total de Estado de derecho en Nicaragua cualquier cosa puede esperarse».
El jesuita español señaló que otras tres personas jurídicas, que son parte de la congregación permanecen activas y con los jesuitas trabajando en ellas. Dos colegios (Centro América y Loyola) y Fe y Alegría.
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«La Compañía de Jesús tenía en Nicaragua diversas personas jurídicas. De momento el Gobierno ha anulado dos, la relativa a la Universidad (UCA) y otra llamada Asociación Compañía de Jesús, propietaria del inmueble en el que vivían los jesuitas que trabajaban en la universidad y otro inmueble más utilizado como residencia de estudiantes con beca», expresó Tojeira.
A la vez explicó que esa personería jurídica (Asociación Compañía de Jesús) también se usaba «para enviar fondos para el mantenimiento de la enfermería para jesuitas ancianos que tenemos en Nicaragua. Fruto de eso hemos tenido que trasladar a los jesuitas ancianos (99, 91 y 85 años) a El Salvador».

De momento, agregó que además de los ancianos, hay un jesuita nicaragüense al que se le ha impedido regresar a Nicaragua (exrector de la UCA, José Idiáquez); el actual rector de la UCA (padre Rolando Alvarado), también nicaragüense, ha salido del país, y un párroco jesuita, acosado y amenazado, también ha salido. Los demás, unos 11, continúan trabajando en las instituciones mencionadas.
En las dos últimas semanas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó la Universidad Centroamericana (UCA) e instaló en su campus la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Además, canceló la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, y se apoderó de sus propiedades.
La persecución contra la Iglesia católica
Sobre los pasos que la congregación dará de ahora en adelante tras la cancelación y robo de sus bienes en Nicaragua, el jesuita español dijo que además de denunciar los hechos acontecidos, «estamos estudiando posibles denuncias en organismos internacionales, ONU y OEA, que velan por los DD. HH., dada la imposibilidad de realizar reclamos o demandas jurídicas al interior de Nicaragua».
Afirmó que «el problema no es solo con los jesuitas sino con la Iglesia en general. El obispo Rolando Álvarez encarcelado, las hermanas de la Madre Teresa expulsadas, sacerdotes y otro obispo, todos ellos nicaragüenses privados de su nacionalidad, amenazas a congregaciones religiosas y apropiación de sus bienes, son parte de la persecución a la Iglesia. Todo ello dentro de un contexto de persecución también a opositores políticos, defensores de DD. HH. y periodistas independientes».
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Considera que la escalada de la violencia contra la Iglesia «viene motivada por la defensa de los derechos de las personas, por las llamadas de la Iglesia a la paz social y el diálogo y por la denuncia profética de la brutal represión de manifestaciones de protesta acontecidas el año 2018».
Régimen de terror
El sacerdote español recordó en la entrevista que «en Nicaragua se disolvieron a tiros varias manifestaciones en 2018, pero después se ha instalado un régimen de terror, de cárcel, confiscación de bienes, amenazas de diverso tipo, expulsiones del país mucho más duro del que existió en otros países. Ciertamente se ha matado menos, pero el control del pensamiento libre y de la crítica, con sus mecanismos de destierro y encierro, ha sido mucho más opresivo para la conciencia de la gente».
La Compañía de Jesús, a la que pertenece el papa Francisco, es con más de 16,000 miembros, la orden religiosa masculina más grande de la Iglesia católica, como indica su página web.
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Tojeira comentó que, aunque no haya un pronunciamiento público de parte del pontífice, en este contexto “sabemos de su solidaridad con nosotros”.
Y recordó que «defendió muy claramente a monseñor (Rolando) Álvarez, pero entendemos que es complicado para él estar interviniendo públicamente en los conflictos, por las consecuencias que puedan tener para otros. A nosotros nos es suficiente con saber que nos apoya, aunque no lo diga en público», dijo el sacerdote.