La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó este mes de julio los primeros diplomas, extendidos por el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, inaugurado en la propiedad robada a LA PRENSA en agosto de 2022, un año después de tomar por la fuerza las instalaciones y detener arbitrariamente al gerente general Juan Lorenzo Holmann, quien fue desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto a otros 221 presos políticos.
En el sitio web del Centro, la dictadura informó que en esta primera promoción entregaron certificados a 145 estudiantes que culminaron “cursos como Danzas Folclóricas y Sones de Marimba, Maquillaje Teatral, Artesanía en Barro, Técnicas de Narración Poética, Reparación de Motos y Cultura Creativa”.
LA PRESA realizó, la primera semana de julio, un recorrido dentro de las instalaciones robadas por la dictadura, ubicadas en Carretera Norte, en Managua, constatando que el Centro que la dictadura inauguró ha seguido funcionando desde que se abrió al público en abril pasado. Sin embargo, ya no está custodiado por la Policía orteguista y en la entrada principal de la propiedad solo hay dos vigilantes.
En el interior de las instalaciones robadas a este Diario, la dictadura alzó dos edificios de dos plantas, donde ubicó aulas para supuestamente impartir los más de 200 cursos, capacitaciones y seminarios que ofrece el Inatec en ese centro. En donde antes de la toma policial para LA PRENSA funcionaba el área de recursos humanos, hemeroteca, y parte del estacionamiento, el orteguismo ubicó un área de eventos, donde realiza las promociones en las que predomina la bandera del Frente Sandinista, y algunas oficinas; y en la antigua área de redacción instaló aulas de computación, baños y oficinas de atención a estudiantes.
El área de rotativa, donde LA PRENSA además guardaba el papel que usaba para imprimir el diario previo al bloqueo en las importaciones, la dictadura no ubicó aulas y oficinas, y la mantiene cercada, con láminas que fueron pintadas de blanco, y cerrada al público.
Se confirmó, con estudiantes del centro inaugurado en las instalaciones robadas, que algunos de los seminarios que se imparten en el lugar sólo duran un mes, y son justamente los que la semana pasada se graduaron y recibieron los primeros diplomas, mientras que las carreras técnicas pueden extenderse, dependiendo la que se elija, entre tres meses y un año.
Explicaron que pese a que hay variedad de cursos y capacitaciones, la participación de estudiantes es poca, y los grupos pueden rondar entre 10 y 15 personas.
Pocos pacientes y visitantes
LA PRENSA también visitó los centros de Salud, color fucsia, inaugurados en las propiedades robadas al canal 100% Noticias, y a las ONG Fundación Popol Nah, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), y del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), canceladas y confiscadas por la dictadura en diciembre de 2018.
En la propiedad de Popol Nah, entregada por la dictadura al Ministerio de Salud (Minsa), funciona el Centro Familiar y Comunitario María del Carmen Lau. LA PRENSA confirmó que el centro sigue funcionando desde que fue inaugurado en marzo de 2021, sin embargo reciben pocos pacientes y solo da atenciones de rehabilitación y terapia a personas con discapacidad y adultos mayores, según la información facilitada por los colaboradores, enfermeros y vigilante, que estaban en el lugar.
La dictadura orteguista afirmó, durante la inauguración del Centro María del Carmen Lau, que en el lugar se brindaría atención de medicina natural, casa materna, estimulación temprana para embarazadas, rincón de los adolescentes y sala de recreación para el adulto mayor.
En la propiedad robada a Cisas, se confirmó que siguen funcionando el Puesto de Salud Familiar y Comunitario José Armando Urtecho y el Centro de Atención para Personas con Adicciones Benjamín Medina Solís, inaugurados por el Minsa en febrero y marzo de 2021, respectivamente.
Ambos centros inaugurados en la propiedad de Cisas, durante el recorrido de LA PRENSA, no tenían pacientes, pero sí personal, enfermeros, médicos y vigilantes atendiendo. En el puesto médico algunas enfermeras se mostraron incrédulas y aprovecharon para ofrecer, además de la atención solicitada, vacunas contra el Covid-19, pruebas para detectar enfermedades como Malaria, VIH y VPH.
En la propiedad robada al Ipade, ubicada en el kilómetro 9 Carretera Masaya, en Managua, sigue funcionando el Centro Nacional de Diabetología Porfirio García, inaugurado por el Minsa en febrero de 2021. El lugar no estaba custodiado por la Policía orteguista, no tenía vigilante visible y tampoco pacientes en sala de espera. Se logró ver a dos enfermeros, un doctor y un encargado de área de archivo.
Aclararon que ahí sólo atienden a personas diagnosticadas con diabetes o prediabetes, por lo que solicitan que primero se asista a un centro de salud y de ahí los pacientes sean remitidos para su seguimiento.
En las instalaciones robadas a 100% Noticias, ubicada en Bolonia, Managua, también sigue funcionando el Centro de Atención para Personas con Adicciones Valentín Méndez. El lugar no está custodiado por la Policía ni tiene un vigilante visible, y tampoco tenía pacientes al momento del recorrido de LA PRENSA. Los trabajadores detallaron que atienden solo de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, ofreciendo terapia psicológica, psiquiátrica y reuniones grupales, a pacientes que presenten su cédula de identidad.
En la propiedad robada a la Asociación Operación Sonrisa, ONG cancelada y confiscada en marzo de 2022 por la dictadura orteguista, sigue funcionando el Museo Lolita Soriano, inaugurado en septiembre de 2022 y a cargo actualmente de la Alcaldía de Managua.
En el lugar, donde antes se atendía a decenas de niños y adolescentes con problemas paladar hendido, ofrece un recorrido por las diez salas que recogen la vida de Lolita Soriano alrededor de la música, pintura, artesanía y fotografía. También incluyeron una muestra de la biblioteca personal de la artista, una sala de artesanía, audiovisual y recreativa o de cuentos para menores de edad.
Los visitantes del Museo Lolita Soriano no pagan para entrar, sin embargo, durante la visita de LA PRENSA el lugar de estaba vacío y solo estaban cuatro trabajadoras que funcionan como la guía de la visita de las diez salas, la recepcionista, la “encargada” y el vigilante.
Defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han condenado el cierre masivo de medios de comunicación y organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, abogando porque se restablezca en el país las libertades de asociación, de prensa y expresión, devolviendo las personería jurídica y los bienes confiscados de facto e inconstitucionalmente.
