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Invadida por colonos, Bosawas sufre quemas y despale indiscriminado. LA PRENSA/Archivo

Fondo Verde del Clima (FVC) frena desembolso de U$116.6 millones del proyecto BioClima

El financiamiento para el proyectos BioClima fue aprobado en noviembre de 2020 pero comunidades indígenas y afrodescendientes advirtieron que agudizaría el daño ambiental y la invasión de colonos en sus territorios

La dictadura recibió un nuevo revés en su búsqueda de financiamiento internacional. La junta directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) decidió mantener congelados los 116.6 millones de dólares que le aprobó para financiar el proyecto BioClima, Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan. Según el FVC en los próximos días se conocerán los detalles de los incumplimientos en que incurrió en régimen.

Aunque extraoficialmente se conoció que le otorgaron otro plazo, ahora de 120 días para cumplir con algunos requisitos, conocedores del tema consideran que es prácticamente imposible subsanar en ese periodo lo que no lograron en tres años. Ante la imposibilidad de cumplir con las exigencias y la inminente cancelación del proyecto, el régimen ya estaría buscando estos recursos con otro organismo financiero internacional.

En su reunión del 13 de julio de 2023 la junta directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) analizó el informe de Revisión de Cumplimiento sobre el caso de Nicaragua, presentado por el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM por su sigla en inglés) de la institución y tomó decisiones. Incluso, el IRM dio por cerrado el caso, ya que su informe fue tomado en cuenta.

“Al tomar estas decisiones, la junta se ha asegurado de que el FVC no realice desembolsos con respecto a este proyecto hasta que se haya abordado satisfactoriamente todo el incumplimiento de la política pertinente.

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Razones para mantener la suspensión del crédito

El financiamiento para el proyecto es por 116.6 millones de dólares. De este monto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aporta 44.3 millones de dólares; el FVC aporta 37.9 millones y 26.1 millones son donaciones de dicho fondo. El monto lo completaría una donación de 8.3 millones de dólares de parte del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Los motivos por los que el FVC congeló los desembolsos son:

1. El desarrollo de la propuesta de financiación no cumple con las políticas y procedimientos del FVC.
2. Los derechos del FVC en virtud de los acuerdos legales pertinentes en caso de que dicho incumplimiento de la política no se resuelva a satisfacción de la secretaría.
3. Decidió, a la luz de lo anterior, concluir su consideración del Informe de Verificación de la Observancia.
4. Solicitó a la secretaría que continúe suspendiendo la revisión del marco de monitoreo proporcionado por la entidad acreditada en relación con las condiciones de la junta… hasta que la entidad acreditada haya abordado los casos de incumplimientos de la política a satisfacción de la secretaría de manera consistente con los acuerdos legales pertinentes. La entidad acreditada por parte del FVC para este proyecto es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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Tratarán de cumplir en próximos 120 días

En noviembre de 2020 el Fondo Verde del Clima (FVC) le aprobó este proyecto a Nicaragua. En junio de 2021 comunitarios indígenas y afrodescendientes presentaron una queja ante el IRM del FVC. La denuncia advirtió que la ejecución de ese proyecto agudizaría la degradación medioambiental. Y a la vez incrementaría la invasión de sus territorios y el ataque a las comunidades indígenas por parte de colonos que hasta ahora han contado con la protección estatal.

Amaru Ruiz, ambientalista y exdirector de la Fundación del Río cerrada por el régimen, confirma que el régimen consiguió un plazo de 120 días para subsanar el incumplimiento de los requisitos establecidos por el FVC para acceder al financiamiento. Sin embargo, considera que si no ha cumplido con estos requerimiento en los casi tres años que pasaron desde que le aprobaron el proyecto en noviembre de 2020, tampoco lo hará en 120 días.

“Primero señalan que hay incumplimiento en las políticas y procedimientos que se tienen que cumplir. Pero si en un dado caso logran cumplir estos procedimiento y la secretaría lo deja pasar, también tendrán que cumplir con las condicionalidades que firmaron con anterioridad. Entonces ese es un doble candado en términos de cumplimientos y procedimientos que deben cumplir… Creo que el régimen lo va intentar, pero ya incumplió, está como dicen en beisbol, outs por regla”, señala Ruiz.

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Régimen ya busca recursos en otra entidad

Sin embargo, Ruiz teme que mientras se cumple ese plazo el régimen presionará a los territorios indígenas y afrodescendientes para obtener el aval social y ambiental que le exigen, para al menos tratar de “maquillar” su incumplimiento.

“Pero muchas de las comunidades indígenas y afrodescendientes están en contra de este proyecto porque avalaría los procesos de invasión de colonos y cambiar las fuerzas políticas de esas comunidades”, explica Ruiz.

Además, asegura que consciente que no conseguirá cumplir, y adelantándose a una posible cancelación del proyecto, el régimen ya estaría buscando esos recursos ante otra entidad financiera internacional. “Creo que el régimen hará todo lo posible para presentar algo que diga que están cumpliendo porque ellos no quieren quedar mal a nivel internacional. Pero ya sabemos que no van a cumplir con todo el proceso que les exigen, que incluye la consulta previa y el consentimiento previo informado, disminución de los casos de violencia, una análisis de sensibilidad del conflicto y otras acciones que exigen el procedimiento”, dice Ruiz.

Cumplimiento debe incluir liberación de indígenas

El activista no descarta que la reciente captura, por parte de la Policía de dos miembros de la banda “Los Chabelos”, señalados de masacres en las comunidades indígenas, sea parte de los esfuerzos del régimen por demostrar que está cumpliendo compromisos.

Sin embargo, considera que si realmente les interesa cumplir, ahora que capturaron a los verdaderos culpables de la masacre y cabecillas de la banda, deben liberar a los indígenas Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno y Dionisio Robin Zacarías, sentenciados a cadena perpetua por su presunto involucramiento en la masacre acontecida en la comunidad Kiwakumbaih, del territorio Mayangnas Sauni As, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua, donde murieron once personas, entre ellos familiares de los encarcelados.

Estas personas han sido torturadas y sometidas a malos tratos. El 30 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le exigió al Estado de Nicaragua poner en libertad a los cuatro indígenas mayangnas por considerar que sus vidas están en peligro.

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