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CONTENIDO EXCLUSIVO.Juan Carlos no pudo estar con su mamá el pasado 30 de mayo, día de las madres. Tampoco estuvo con su esposa, madre de su hija. Ese día, se encontraba cavando un pozo tirador en una finca en Santa María de Pantasma, bajo las órdenes de un exmilitar que solamente se identificó como “Rogelio”.
Estaba ahí desde el 21 de mayo. Desde el momento en que llegaron, los pusieron a correr y a hacer sentadillas y pechadas. “Nos llevaron a esa finca en un bus y ahí nos acomodaron en unas colchonetas. Al siguiente día nos teníamos que levantar a las cinco de la mañana, como militares ya”, cuenta Juan Carlos.
Lo primero que lo pusieron a hacer fue a correr cinco vueltas en un campo, después, una sesión de ejercicios, y posteriormente les dieron de desayunar y les enseñaron las partes del AK, cómo agarrarla, cargarla, desplegarla, armarla y desarmarla. Así empezaría el entrenamiento militar para este trabajador de una alcaldía del norte de Nicaragua que nos pide no revelar.
Juan Carlos no es su nombre verdadero, es el seudónimo que hemos decidido utilizar para no revelar su identidad. La misma condición nos puso Pablo, un trabajador del Ministerio de Salud que en abril fue obligado a recibir una sesión de arme y desarme en el distrito cinco de la Policía de Managua. Junto a él, otros 34 trabajadores de instituciones del Estado aprendieron como armar y desarmar un fusil AK47 en menos de 45 segundos.
Una vez que la mayoría aprendió a armar y desarmar el fusil, lo cual tomó unas cuatro horas, un civil junto a un teniente del departamento de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR), que es una división de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), los instruyeron en posiciones de combate. “Nos pusieron a agarrar el AK, a ponernos de rodillas, en el suelo, a avanzar con el arma apuntando y haciendo como que uno va disparando. El AK no iba cargada, solo era ir apretando el gatillo, hacer pausas para avanzar y cubrirse en los muros”, describe Pablo.
Al siguiente día, repitieron la sesión de arme y desarme, les dieron una clase rápida sobre distintas armas y explosivos, y les enseñaron técnicas de combate cuerpo a cuerpo. “Después que terminamos nos dijeron que quedábamos al llamado para otro fin de semana de entrenamiento, pero ya después no fui”, cuenta Pablo, quien dijo a su superior que por razones médicas no podía seguir asistiendo a los ejercicios.
Desde hace meses, el régimen de Daniel Ortega ha empezado a impartir entrenamiento militar a los trabajadores del Estado. Para algunos críticos y también para personas que lo han recibido, este entrenamiento se asemeja a una especie de Servicio Militar, a pesar de que Nicaragua se encuentra en circunstancias diferentes a la de los años ochenta, cuando hubo una guerra civil.
El artículo 96 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “no habrá Servicio Militar obligatorio, y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”, sin embargo, para el abogado y defensor de derechos humanos Pablo Cuevas, los trabajadores del Estado están siendo obligados a recibir este entrenamiento. “Esto es una realidad y está pasando en nuestro país. Ya existe un Servicio Militar obligatorio, nada más que no lo han masificado”, comenta.
Por su parte, el mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, dice que estos entrenamientos “se pueden considerar como un Servicio Militar obligatorio so pena de perder el trabajo en el Estado”.
Servicio Militar
En los años ochenta, desde septiembre de 1983, el Servicio Militar fue obligatorio para los nicaragüenses mayores de 17 años, pero también hubo casos de menores de 16 y hasta 14 años que fueron reclutados. Quien se opusiera a cumplir con el Servicio podía enfrentar una pena de tres a cinco años de cárcel.
Se estima que unos 150,000 nicaragüenses cumplieron con el Servicio Militar de los ochenta, el cual se acabó en 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro asumió el poder y se acabó la guerra.
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A criterio de Cuevas, el entrenamiento militar que están recibiendo los trabajadores del Estado, se debe a la deserción que ha tenido el régimen por parte de policías que no quieren continuar reprimiendo a la población, y por eso también se dio la reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Policía el pasado 5 de julio, en la cual se establece una pena de tres años de prisión para los agentes policiales que abandonen las filas de esa institución.
El mismo Cuevas asegura haber hablado con trabajadores de varias instituciones del Estado que han recibido este entrenamiento y lo que le han relatado, coincide con las experiencias que Juan Carlos y Pablo han tenido.
Según los relatos que ha escuchado Cuevas, los trabajadores del Estado son llevados a fincas o haciendas lejanas, propiedad de simpatizantes sandinistas. Ahí son entrenados cavando pozos tiradores, simulan combates, sortean obstáculos y hacen ejercicios militares. Estos entrenamientos pueden durar entre 2 y 3 semanas.
Cuevas ha conocido casos de trabajadores estatales de Matagalpa, Chinandega, León, Managua y Matiguás. La Revista DOMINGO también conoció de casos en Wiwilí, El Cuá y Jinotega, mientras que Roberto Samcam asegura conocer casos en que los empleados públicos son llevados a una comunidad llamada Corral de Piedra, en Jinotega, y a otro lugar entre Wiwilí y Quilalí.
Principalmente, son personas que laboran en las alcaldías de estos municipios, pero también hay trabajadores del Poder Judicial, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Ministerio de Salud (MINSA) y empresas ligadas al Estado, como Albanisa y Enacal, entre otras instituciones.
Samcam advierte que “estamos hablando de 124,000 trabajadores del Estado que podrían pasar por un nivel de entrenamiento militar”, y señala que los miembros de la Juventud Sandinista y algunos simpatizantes del partido rojinegro también han sido participes de estos entrenamientos.
Redadas
Los trabajadores del Estado son reclutados por el secretario político de la institución en la que trabajan. A estas citatorias les llaman “redadas”. Cuando citaron a Juan Carlos, le explicaron que iba a ir a una zona fuera de la ciudad donde vive y que recibiría un entrenamiento. Podía ausentarse de su trabajo y su salario no se vería afectado.
Juan Carlos dice que al inicio no quería, pero le dio temor porque le advirtieron que era “obligatorio”, de manera que asistió. Una vez que llegaron a la finca en Pantasma, el exmilitar “Rogelio” les dijo que estaban en ese lugar “reconcentrados para aprender técnicas en caso de que debamos defender la revolución”.
En el caso de Pablo, su entrenamiento fue diferente. Él fue llevado a una delegación policial en Managua y pudo irse a su casa y regresar el siguiente día, pero la explicación que le dieron para recibir ese entrenamiento fue la misma: “Hay que estar listos para defender la revolución”. Además, le dijeron que podía invitar a sus hijos, hermanos o demás familiares en edad y que les interesara recibir el entrenamiento.
Cuevas, por su parte, comenta que ha conocido casos de trabajadores del Estado que tuvieron que irse al exilio por no asistir a estos entrenamientos, como un joven de 21 años, trabajador de una alcaldía que fue citado en una ocasión y no asistió alegando que tenía problemas médicos.
Meses después, el superior de ese joven le dijo que ya lo veía sano y le ordenó asistir al entrenamiento que iba a empezar en esa semana. No fue. “Más bien se fue al exilio porque le dijeron que iba a ser calificado como traidor y tenía miedo de las consecuencias de eso”, relata Cuevas.
El entrenamiento de Juan Carlos
Después de aprender a armar y desarmar el AK en su segundo día de entrenamiento, a Juan Carlos le ordenaron seguir haciendo ejercicios y le dieron una clase de armamento y explosivos. “Nos sentaron a todos en el suelo y Rogelio iba explicando lo que eran los distintos tipos de fusil. M16, dragunov, ametralladoras”, relata.
En los siguientes días, Juan Carlos tuvo que seguir despertándose temprano y después de una rutina de ejercicios, le enseñaron a hacer pozos tiradores con piedras y palos en el borde para cubrirse de las supuestas balas del enemigo.
En otro día de entrenamiento, Juan Carlos relata que fueron separados en escuadras de 10 y según el rendimiento de cada quien, asignaban a un jefe de escuadra y su ayudante; a otro para la ametralladora y su ayudante; y a otro con un lanzacohetes y su ayudante. Los 4 restantes quedaban asignados como tiradores.
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Otro día fue para simulación de combates. Según Juan Carlos, ponían a una escuadra frente a la otra y empezaban a simular que se disparaban unos contra otros siguiendo las técnicas de ataque y defensa que les habían enseñado. El entrenamiento no podía avanzar hasta que todas las escuadras pasaran la prueba.
Juan Carlos señala que desde que llegaron al lugar, a todos se les prohibió usar el teléfono durante los entrenamientos, y sobre todo tomar fotografías de lo que se estaba haciendo. “La excusa era que el enemigo no podía saber que estábamos preparándonos”, dice el trabajador estatal.
“Es un entrenamiento duro, muy cansado. Uno va porque si no pierde el trabajo y hasta lo pueden echar preso a uno porque van a decir que uno es traidor, pero la verdad es que muchos estamos inconformes con esas cosas”, comenta Juan Carlos.
Al terminar el entrenamiento, el 4 de junio, a este trabajador del Estado le dijeron que “muy probablemente” habría un segundo para reforzar lo aprendido, y que estaría enfocado en el combate en zonas urbanas, pero hasta la fecha, no lo han convocado nuevamente, “porque hasta eso, uno tiene que estar pendiente del llamado. El secretario político nos avisa en caso de que nos necesiten y si uno no va, lo pueden correr”.
A criterio de Roberto Samcam, estos entrenamientos son “una actividad ilegal porque el trabajador del Estado no tiene porque entrenarse militarmente. Esa es una actividad paramilitar lo que estaría desarrollándose. Tratan de convertir al trabajador del Estado en un elemento paramilitar”.
Por su parte, Pablo Cuevas explica que con estos entrenamientos el régimen de Ortega pretende mantener a sus adeptos fieles. “En los años ochenta, nunca estuvo en los planes de los gringos invadir Nicaragua, pero ellos hacían agitación y mantenían al pueblo con la mentira de que ya venía la invasión. Creo que es la misma estrategia. El objetivo es mantener a la gente movilizada alrededor del partido o del gobierno sandinista. Ese es un truco viejo”, señala.
Además, advierte que a pesar de que este tipo de entrenamiento no está establecido en ninguna ley, en un futuro, el régimen de Daniel Ortega podría imponer un Servicio Militar, al igual que sucedió en los años ochenta.
“Las mismas recetas de los años ochenta, pero con algunas variantes. Creo yo que el Servicio Militar sí va a pasar. Lo de la dogmatización en los colegios está pasando, y muchos creían que no iba a pasar. Antes se hablaba de que no iba a haber más confiscaciones y ya hay confiscaciones. Algunos son escépticos, pero yo creo que el Servicio Militar sí va a pasar”, alerta.
