¿Son liberales nuestros liberales?

Este pasado 11 de julio fue, para gran parte de los partidos liberales de Nicaragua, su más grande onomástico, la conmemoración del 11 de julio de 1893, día en que un golpe de Estado o cuartelazo puso fin a más de tres décadas de gobiernos conservadores. Se inició así lo que muchos historiadores llaman La Revolución Liberal, bajo el liderazgo del general José Santos Zelaya.

Desde entonces, para la mayor parte del liberalismo organizado nacional, Zelaya es su gran prócer o figura emblemática. Su historiografía lo presenta como el gran modernizador, como el personaje que acabó con la reaccionaria época de los iglesieros conservadores granadinos y abrió los cauces del progreso liberal e inclusivo.

Es cierto que, en algunos aspectos, Zelaya fue modernizador y liberal, particularmente en cuanto a la promulgación de un nuevo código civil y penal, y en cuanto a su debatida separación Iglesia-Estado. También impulsó algunas obras de progreso, como la expansión del ferrocarril y la construcción de obras o edificios monumentales, aunque financiados con empréstitos que elevaron la deuda pública a un promedio de 17.1 por ciento anual. Modernizó igualmente al ejército, dotándolo de una academia militar y sistema de rangos, aunque asignándole el 25 por ciento del presupuesto nacional.

El problema comienza cuando su recién instalado gobierno promulgó una Constitución plenamente liberal, tan así que se le llamó la Libérrima. Esta prohibía la reelección y aseguraba la alternabilidad en el poder a través de comicios con el voto universal y secreto. Su artículo 159 decía: “En ningún caso podrán decretarse la reforma de los artículos constitucionales que prohíben la reelección del presidente”.

 La Constitución también garantizaba las libertades públicas. Pero ¡ay!, una vez probado el néctar del poder el general Zelaya cometió uno de los pecados mortales más graves desde el punto del liberalismo verdadero: Depreciar la Constitución y convertirse en un dictador empeñado en perpetuarse.

Por 17 años, hasta su caída a finales de 1909, se reeligió sin comicios libres. Primero la asamblea lo eligió presidente hasta 1898, año en que también dejó sin efecto la Libérrima, y lo reeligió hasta 1902. En 1901 se presentó a elecciones como candidato único y se reeligió para cuatro años más. En 1905 reformó la Constitución para permitir la reelección, y en 1906, ganó de nuevo como candidato único ahora para seis años más.

Iliberalmente Zelaya anuló las libertades públicas y, de hecho, el pluralismo político, razón por la que no hubo en su tiempo candidatos opositores que le compitieran el voto. Fue autoritario y sectario. Gobernó prácticamente todo el tiempo bajo estado de sitio y castigó con pesados gravámenes a las familias conservadoras de renombre. Contrariando al principio liberal de libre competencia e igualdad ante la ley, promovió el capitalismo de cuates o compinches, concediendo a sus amigos exenciones fiscales, protección aduanera para evitar la importación de productos competitivos, subsidios en las tarifas de ferrocarril, y concesiones de tierras que fueron a pasar a manos de unas treinta familias leales. Contrariando el principio liberal de la libre contratación, apoyó la petición de muchos hacendados sedientos de mano de obra, imponiendo multas y cárcel a quienes se negasen a trabajarles.

Zelaya sometió igualmente todos los poderes del Estado a su partido liberal. Fue además el más grande perseguidor de la Iglesia en la historia de Nicaragua, solo superado por Ortega: confiscó sus propiedades, prohibió el uso de sotanas fuera de los templos, prohibió las fiestas patronales y la llegada de religiosos, cerró el seminario, y expulsó a sacerdotes y a un obispo que desobedeció la orden de la sotana.

¿Cómo es posible, entonces, que tantos liberales nicaragüenses hayan proclamado a Zelaya como su prócer y precursor? ¿Será que no tienen idea de lo que significa y exige el verdadero liberalismo? ¿Será que no han podido producir un mejor referente histórico?

Es una lástima que así sea, pues el liberalismo, entendido en su sentido originario, es el mayor defensor de la libertad individual, la libre empresa, el imperio de la ley y los derechos ciudadanos. Y estos son principios que se refuerzan evocando el ejemplo de quienes mejor los han defendido, y no de quienes los han aplastado.

El autor es sociólogo e historiador. Autor del libro En busca de la tierra prometida.  Historia de Nicaragua 1492-2019.

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