La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Policía Nacional, ordenó la toma “con violencia” de las instalaciones de la Fundación Luisa Mercado, misma a la que 14 meses antes despojó arbitrariamente de su personería jurídica, confirmó la organización a través de un comunicado.
“La casa donde funcionaba la Fundación fue tomada con violencia por fuerzas policiales que rompieron sus puertas”, indica parte de la misiva.
La Fundación Luisa Mercado, nombrada así en memoria a la educadora y madre del escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, funcionaba en Masatepe, departamento de Masaya, desde el año 2007, “para prestar servicios culturales gratuitos a la ciudad y demás poblaciones aledañas”.
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En la propiedad, ahora tomada por la Policía orteguista, funcionaba una biblioteca de más de 6,000 volúmenes, que permanecía abierta a los estudiantes y al público en general, y la escuela de música “Lisandro Ramírez Velásquez”, nombrada así en homenaje al abuelo paterno del escritor Ramírez.
Además, tenía salones habilitados para actos culturales y exposiciones de artes plásticas y fotografías; un rincón infantil y espacios para ciclos de charlas, publicaciones, y talleres literarios.
Escritor denuncia “acto de agresión contra la cultura”
El escritor Sergio Ramírez Mercado, presidente de la Fundación Luisa Mercado, en el comunicado denunció la toma como “un acto de agresión contra la cultura”, que “pone fin a un emprendimiento cultural que dejó una honda huella” en Masatepe y en sus alrededores.
Resaltó que tanto él como la organización y sus colaboradores se sienten “orgullosos, porque fuimos capaces de crear lectores en Masatepe y sus alrededores, de formar músicos, de ayudar a la formación de los jóvenes y de los niños, y de llevar la cultura a un lugar al que pertenecemos, y pertenecen nuestras vidas”.
La dictadura Ortega-Murillo, desde finales de 2018, ha cancelado la personería jurídica de más 3,000 organizaciones sin fines de lucro, a través de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación.
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En octubre de 2022, un grupo de 18 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense denunció, en una audiencia pública, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la “extrema situación” que sufren en el país por “la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho de defender derechos en Nicaragua”.
Los representantes de esas organizaciones, entre éstas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, leyeron una declaración conjunta en la que denunciaron que al menos 43 de más de 2,600 organizaciones sin fines de lucro, canceladas hasta ese entonces, sufrieron allanamientos y el despojo “inconstitucional” de sus patrimonios.
Además, alertaron que la disolución de sólo 53 de estos más de 2,600 organismos sin fines de lucro significaba la reducción de más de 41,9 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo, la desatención de al menos un millón de beneficiarios, y la pérdida de al menos 2,000 empleos.
