El senador republicano Bill Cassidy y el senador demócrata Tim Kaine presentaron este miércoles la iniciativa de “Ley de Apoyo a los Presos Políticos de Nicaragua”, un proyecto destinado a proporcionar beneficios a los 222 presos políticos desterrados por la dictadura orteguista a Estados Unidos el pasado 9 de febrero.
Los beneficios contemplados en la iniciativa de ley también abarcarán a los familiares directos de los desterrados políticos.
Un experto en relaciones internacionales consultado por LA PRENSA explicó que la propuesta de ley de los dos senadores «muy comprometidos con Nicaragua», cubre un vacío jurídico de los 222 presos políticos que están en los Estados Unidos bajo el parole humanitario.
«De ser aprobada, esta ley les permitirá tener acceso a servicios sociales que suelen estar limitados a quienes ya tienen el estatus de refugiado o asilado. También les permitirá solicitar licencia de conducir o identificación estatal verificada (Real ID), que es requisito para poder, por ejemplo, abordar un avión o ingresar a un edificio del gobierno federal, entre otros», manifestó el experto quien prefiere el anonimato.
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Asimismo destacó que esta acción «es una muestra más del gesto humanitario del pueblo estadounidense a través de sus representantes electos y del deseo de apoyar todo lo que se pueda a los 222 y sus familiares en su proceso de integración y asentamiento temporal».
Esperan que sea aprobada sin discusión
La iniciativa de ley necesita ser aprobada en el Senado y por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El dirigente opositor y exreo político convertido en apátrida por la dictadura orteguista, Juan Sebastián Chamorro, consideró que «existe la posibilidad de que sea aprobada sin necesidad de discusión».
Sin embargo, de haber una objeción «hay que ir a discusión y votación. Pero la idea es hacer un trámite de esa naturaleza, así que todavía es una propuesta».
Esto plantea la iniciativa de ley
El documento explica que las personas elegibles son definidas como un ciudadano o nacional de Nicaragua; o en el caso de un extranjero sin nacionalidad, cuya residencia habitual anterior o última fue en Nicaragua; y que llegó a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, como parte de una liberación de prisioneros políticos, y recibió un permiso humanitario de dos años otorgado por el Gobierno de Estados Unidos.
Los beneficiarios deben completar verificaciones de antecedentes de seguridad y cumplimiento de la ley.
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De acuerdo con la iniciativa, los nicaragüenses elegibles con esta ley tendrán derecho a la asistencia para la reubicación y otros beneficios que están disponibles para los refugiados admitidos bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos; así como a servicios de bienestar infantil y a tramitar licencia de conducir o una tarjeta de identificación.
Asimismo, el documento indica que nada de lo dispuesto en la iniciativa de ley impide que un ciudadano nicaragüense elegible solicite o reciba cualquier otro beneficio migratorio al que sea elegible. Ni quita el derecho al estatus de residente permanente legal.
