El maestro y enciclopedista jurídico Guillermo Cabanellas define la confiscación como un “robo decretado por el Poder público, con impunidad establecida por el mismo, es una de las penas o medidas que han suscitado mayor odiosidad siempre”. Es por eso —agrega Cabanellas— que la pena de confiscación ha sido prohibida en las constituciones de todos los países.
Pero la prohibición es en los países civilizados y democráticos, no en aquellos donde no existe o no funciona el Estado de derecho. En Nicaragua la confiscación está prohibida constitucionalmente, pero de todas maneras el poder político la impone a sus adversarios a quienes trata como enemigos de guerra.
Al respecto el viernes 9 de junio se conoció que los 222 ex presos políticos que el 9 de febrero pasado fueron excarcelados, desterrados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad nicaragüense, también han sufrido la confiscación de sus propiedades y otros bienes personales y familiares. Este decreto de confiscación en masa fue dictado el 19 de mayo del año en curso.
Los 222 ex presos políticos desnacionalizados no son los únicos nicaragüenses confiscados. También han sufrido la confiscación los propietarios del Diario LA PRENSA, Confidencial, 100% Noticias y otros medios de comunicación independientes, lo mismo que muchas ONG y diversas asociaciones religiosas católicas que se dedicaban a la caridad.
En todo caso la confiscación de las propiedades y otros bienes de personas naturales y jurídicas es absolutamente ilegal. Está prohibida en la Constitución de Nicaragua (artículo 44) desde 1995 cuando se aprobó una reforma constitucional democrática, durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
Fue prohibida tomando en cuenta la mala experiencia de que las confiscaciones perpetradas por el régimen sandinista de los años ochenta causaron graves daños personales, patrimoniales y morales a muchos nicaragüenses, y al país en términos generales.
Fue muy difícil y costoso revertir los daños causados por aquellas confiscaciones, como lo relata Antonio Lacayo Oyanguren (q.e.p.d.) en su libro La difícil transición nicaragüense. En el gobierno con doña Violeta.
Ahora, sabiendo que ningún régimen político es para siempre hay que esperar que cuando cambie la situación del país, las personas que ahora están siendo confiscadas podrán recuperar sus propiedades y bienes o serán indemnizadas como se indemnizó a los confiscados de los años ochenta. Y aunque sea la población la que deba pagar las indemnizaciones.
Un reportaje de la revista Magazine, de LA PRENSA, publicado el 8 de febrero de 2021, informó que los sandinistas “confiscaron miles de propiedades a personas que consideraron, justa o injustamente, como somocistas. Se las repartieron durante los años de la revolución y, en los dos meses posteriores a la derrota electoral de 1990, las legalizaron a través de tres leyes. El reparto se conoce como la Piñata. Fue un acto de rapiña que aún está pagando el pueblo, unos 2,200 millones de dólares en total”.
La historia de las indemnizaciones se habrá de repetir más adelante, de la misma manera que se está repitiendo la de las confiscaciones. Es que en Nicaragua “el pasado es prólogo” según sentenció William Shakespeare”. O sea que lo ocurrido antes vuelve a ocurrir porque este es un país que no aprende de su propia historia para corregirse, mejorar y no repetir las malas experiencias del pasado.
