Junio es nombrado a nivel mundial como el mes del orgullo de la comunidad LGTBIQ+. En estos días, pero particularmente el 28 de junio, esta comunidad conmemora su lucha por el respeto a sus derechos fundamentales. No obstante, Nicaragua se ha quedado estancada en materia de políticas públicas que beneficien a la comunidad, por lo que activistas denuncian que reciben el mes con grandes retrocesos y la opresión que ejerce el Estado de Nicaragua.
“El mes de junio no hay qué celebrar porque es una lucha que hay por nuestros derechos humanos, porque siempre se nos ha apartado y se nos han violentado los derechos. El Gobierno no deja que nos manifestemos como años anteriores, todo esto viene a oprimir”, expresó Francisco José, integrante de Mesa Nacional LGTBIQ+ de Nicaragua.
Le invitamos a leer: La ex presa política Victoria Obando empieza una nueva vida en Estados Unidos
Esta comunidad es una más de los sectores de la población que tienen cinco años de no poder expresarse libremente en el país, ya sea saliendo a las calles para marchar o realizar actividades que demanden el cumplimiento de sus derechos, como la creación de una ley de identidad de género y el matrimonio igualitario.
Ludwika Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Mujeres Trans (ANIT), coincidió con lo expuesto y señaló que “en Nicaragua seguimos en la lucha, porque no existen leyes que reconozcan a las mujeres y hombres trans, como una ley de identidad de género. Estos días los conmemoramos en el marco de reivindicación de derechos, del reconocimiento a la población y visibilizarnos más. Cada año nosotras veníamos realizando marchas alusivas a la fecha, celebraciones, pero nos hemos detenido por la situación política, tenemos retenciones”.
El integrante de la Mesa Nacional sostuvo que sin duda la situación política y la violación de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril 2018 “no es algo favorable” para la comunidad, debido a que “por órdenes del Gobierno no podemos manifestarnos en las calles ni reunirnos en nuestro espacio, porque (el régimen) ya piensa que ya estamos haciendo algo en contra del Gobierno, hay bastante represalia a la comunidad”.
Como consecuencia de la opresión, denunció que diferentes líderes de la comunidad diversa han tenido que emigrar a países como Costa Rica, Estados Unidos e incluso España para resguardar su vida. De hecho la nación del sur en 2020 se convirtió en el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio igualitario, ocupando el puesto número 29 en el mundo que reconoce este tipo de uniones.
Conmemoración por la lucha a sus derechos
La segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, a través de un video se refirió a la conmemoración de este mes, afirmando que “las feministas han defendido durante mucho tiempo la idea revolucionaria que la biología no es el delito. El sexo no es género y lo que entendemos por femenino y masculino se construye socialmente. Sin embargo, en la mayoría de lugares esa construcción da lugar a que hombres heteronormados tengan un control sobre los cuerpos y el trabajo de las mujeres, y a la discriminación racial y a la violencia contra las personas con orientación sexual e identidad de género no normativas, de ahí viene la resistencia, al esencialismo de sexo y género y al binarismo”, expresó.
Por su parte, Vega insistió en que a pesar de que es vista por la población como una celebración, en realidad es una “conmemoración a la lucha que hemos liderado desde muchos años”. Remarcó que este mes “significa mucho porque de ahí surge la creación de movimientos para la defensa de los derechos humanos de la población LGTBIQ+, surgen ideas para demandar, presentar propuestas de leyes a instituciones en cualquier parte del mundo y de ahí surge la aprobación”.
El activista de la Mesa Nacional mencionó que a pesar de que la conmemoración de la lucha la van a hacer con bajo perfil, la exigencia por el respeto a sus derechos sigue en pie, para que no reine la impunidad ante “los crímenes de odio hacia la comunidad. Aquí no hemos dado un paso adelante, más bien vamos para atrás, pero nosotros resistimos, no abandonamos esta lucha porque nuestra voz es la de muchas personas que están en silencio o en el exilio”.
Vega agregó que ANIT ha reportado más de 15 casos de personas agredidas y discriminadas, y tres casos de crímenes de odio, entre ellos el asesinato de Kendra Contreras, conocida como Lala, una joven transgénero que fue asesinada brutalmente el 3 de marzo por dos hombres que la ataron a un caballo para arrastrarla por 400 metros y luego lapidarla.
Además, el caso de Ariel José Mendoza Espinoza, de 36 años, una mujer trans conocida como la Mendoza, quien había sido reportada como desaparecida el 30 de marzo pasado. Vivía con su familia en Villa Canadá, en el Distrito Seis de Managua. Su cuerpo en estado de descomposición y con signos de violencia fue encontrado el 7 de abril en un predio montoso en el barrio La Curva.
Esta comunidad también se ha visto afectada con el cierre de más de 3,000 organizaciones no gubernamentales, ya que algunas de estas aportaban a la formación, salud y asistencia de la comunidad diversa, explicaron activistas. “Las diferentes organizaciones que nos apoyaban ya no están en el país y otras que ya no tienen personería jurídica, esto viene a limitar el trabajo y a retroceder por todo lo que hemos luchado”.
Cartilla no “es nada legal”
El 30 de marzo pasado, el Ministerio de la Familia lanzó una cartilla llamada El derecho a elegir y deber de respetar, supuestamente como parte de la restitución de derechos de todos los nicaragüenses, sin exclusión, sin discriminación.
Johana Flores, ministra de la Familia, manifestó que la cartilla “lleva muchos mensajes de amor, sobre todas las cosas, pero también de promoción de valores, como el respeto, la solidaridad hacia las personas con identidad diversa; que cómo la familia debemos de garantizar esos espacios, para que se pueda garantizar esa comunicación asertiva”.
Sin embargo, Vega afirmó que la cartilla “habla más que todo del trabajo que tienen que realizar dentro de las familias, el respeto, trabajar con ellas, aceptarlas, pero no es nada legal, es una cartilla, un papel”.
Asimismo, Francisco destacó que “esa cartilla no tiene ningún valor fundamental, así como la restitución de derecho de la comunidad, si hubieran políticas públicas dentro de los centros escolares, de la Policía y en todas las instituciones públicas hacia no discriminación de la comunidad y si hubiera una ley de identidad ahí sí miraríamos que habría un cambio. Sin embargo, creo que esta cartilla viene a maquillar supuestamente el trabajo que están haciendo”.