Entre el 1 y 31 de mayo el Monitoreo Azul y Blanco documentó 158 incidentes violatarios a los derechos humanos a nivel nacional.
En total, el Monitoreo contabilizó 63 detenciones, 81 procesos de judicialización con medias alternas, 29 hostogamientos, 16 amenazas, dos agresiones, seis allanamientos, 27 suspensiones de títulos profesionales, una persona fallecida en circunstancias no estaclarecidas luego de haber sido detenida y 10 represiones migratorias.
Estos incidentes se registraron en los departamentos de Chinandega, León, Managua, Chontales, Jinotega, Matagalpa, Masaya, Estelí, Nueva Segovia, Boaco, Rivas, Granada, Madriz, y en las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.
Este viernes, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, también denunció la detención arbitraria de 63 personas solo en mayo, que en una sola noche, 55 de ellas fueron acusadas de “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.
Durante las audiencias preliminares, ninguno de los 55 acusados tuvo un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso.
Entre los detenidos de la redada de mayo se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia católica.
ONU insiste al régimen en permitir el ingreso a Nicaragua
Hurtado llamó a las autoridades de Nicaragua a detener “la represión de la disidencia, liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente, y restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018”.
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También instó al Estado nicaragüense a abordar la crisis actual a través del diálogo, la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el Estado de derecho.
Hurtado afirmó que “la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos en el país. Dar acceso a nuestro personal sería un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU”.