La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), Marta Hurtado, expresó este viernes 2 de junio las crecientes preocupaciones sobre las medidas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han adoptado para “silenciar cualquier voz crítica o disidente” en Nicaragua a través del sistema de justicia.
Como resultado de la represión que viven los nicaragüenses, al menos 63 personas fueron detenidas arbitrariamente en mayo, según información recibida por la organización, señalando como parte de los abusos que en una sola noche 55 personas fueron acusadas de “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”, y que ninguna de estas personas tuvo un abogado de su elección.
Entre los detenidos de la redada de mayo se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia católica.
El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también inhabilitó a 26 abogados y notarios públicos, críticos con el régimen orteguista, algunos de ellos destacados defensores de derechos humanos, que en su mayoría habían sido ya despojados de su nacionalidad junto con más de 200 personas.
En Nicaragua más de 3,200 ONG han sido ilegalizadas y los medios de comunicación también se han visto obligados a cerrar.
Mantienen foco en los ataques contra la Iglesia
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos está al tanto de que el régimen, a través de la Policía, abrió una investigación por “lavado de dinero” en contra de la Iglesia católica nicaragüense y que ha ordenado congelar las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve Diócesis del país.
“El Gobierno ha acusado a la Iglesia de ser una organización criminal que apoya lo que denomina ‘terrorismo’ y la desestabilización del país”, dijo Hurtado.
Se refirió además a la situación del obispo Rolando Álvarez, quien cumple una condena de 26 años por “atentado contra la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas” y permanece recluido en la cárcel La Modelo, en condiciones inhumanas y sin recibir visita desde el 25 de marzo, según la organización.
“No tiene luz natural y que no se le permite salir, condiciones que violan las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, expresó Hurtado.
Esta semana, tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua y otras tres monjas fueron impedidas de salir de su convento. Entre el 21 y el 23 de mayo, cuatro sacerdotes y cuatro empleados de la Iglesia fueron arrestados y detenidos. Tres de ellos están bajo arresto domiciliario y uno está en la cárcel.
El obispo de la Diócesis de Danlí, Honduras, monseñor José Antonio Canales, en declaraciones a LA PRENSA sobre el recrudecimiento de la represión del régimen contra la Iglesia católica que la ONU “es la única institución que puede mediar a estas alturas. No creo que haya otra”, dijo.
Oacnudh se declara disponible para dialogar
Hurtado llamó a las autoridades de Nicaragua a detener “la represión de la disidencia, liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente, y restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018”.
También instó al Estado nicaragüense a abordar la crisis actual a través del diálogo, la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el Estado de derecho.
Hurtado afirmó que “la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos en el país. Dar acceso a nuestro personal sería un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU”.