El blablá, según definición del Diccionario de la Real Academia Española, es un “discurso largo y sin sustancia, y a veces con tonterías o desatinos”. Pero también es blablá discutir sobre soluciones a problemas reales, cuando no se tiene ninguna posibilidad de aprobarlas ni capacidad para ejecutarlas.
Tal es lo que se ha hecho en la OEA, según publicación de LA PRENSA del martes 30 de mayo, titulada “Cuestionan la capacidad de la OEA para proteger la democracia en el hemisferio ante la floración de varias dictaduras”. La información se refiere a una sesión especial que hubo esta semana del Consejo Permanente de la OEA, para discutir el tema “Implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos”.
En ese debate se reconoció y lamentó que después de más de 20 años de vigencia, la Carta Democrática Interamericana no ha servido para garantizar la democracia en la región, supuestamente porque los regímenes dictatoriales la interpretan de distinta manera, según su conveniencia.
Pero no es por su interpretación que la Carta Democrática Interamericana no ha servido para defender la democracia. Y ninguna reforma que se le haga a dicha Carta —como sugirieron algunos oradores en la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA— le podría dar la capacidad de impedir que regímenes autoritarios degraden o desmantelen la democracia.
La clave del problema fue señalada —de acuerdo con la información de LA PRENSA— por dos de los participantes en el coloquio: el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein; y el embajador de República Dominicana en la OEA, Josué Fiallos.
Stein sugirió revisar los alcances y límites del concepto de la “no injerencia en los asuntos internos de un país”, en tanto que Fiallos precisó que “la soberanía de los Estados Miembros” (de la OEA) no permite “la posibilidad de proteger la democracia a través de mecanismos colectivos”. De manera que según el exvicepresidente guatemalteco, se debería “conjuntar” el principio de la no injerencia con el respeto por los derechos humanos, la condena de los crímenes de lesa humanidad y mecanismos vinculados con la defensa y la preservación de la democracia.
Pero eso es muy difícil —por no decir imposible— de realizar. En este mismo espacio editorial de LA PRENSA hemos dicho varias veces, que la Carta de la OEA —su documento fundacional y constituyente aprobado en 1948—, establece en su artículo 2 como uno de sus propósitos esenciales: “Promover y consolidar la democracia representativa”. Pero determina que esto debe ser “dentro Del respeto al principio de no intervención”. Además, en su artículo 3 agrega taxativamente que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”.
Trasladado este concepto a la realidad, significa que “los Estados” de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y cualquier otro miembro de la OEA, tienen el derecho soberano de darse el régimen político que quieran y el que tienen.
Además, cualquier Estado Miembro puede irse de la OEA si considera que le quieren imponer condiciones sobre sus políticas internas. Por eso es que ya se ha ido Venezuela, también se está yendo Nicaragua y Cuba no quiso regresar a la Organización, a pesar de que esta anuló su expulsión decidida en 1962 y le ha suplicado que regrese. Una reforma de la Organización hemisférica como la que propone Eduardo Stein sería imposible aprobarla. La Organización hemisférica se desmantelaría, o surgirían dos, una de Estados democráticos y la otra de regímenes autoritarios.